El martes 24 de enero, las ciudadanas Aurora Rodríguez y Marielys Cabello, en representación de todos los familiares de las víctimas de la Masacre de Cariaco se reunieron con el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe acompañadas del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), para exigir que se respeten los acuerdos asumidos por el Mayor General Antonio José Benavidez Torres, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, el pasado 24 de noviembre de 2016.
En este sentido, Devoe se comprometió a hacer cumplir los siguientes doce puntos, de los cuales, en el pasado inmediato, solamente uno se respetó, otros a medias, mientras que los demás venían siendo ignorados:
- Destitución de los comandantes de la policía y su personal de Cariaco y cumaná por estar custodiando esa noche el carro en donde se trasladaban funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)
- Detención de los autores materiales e intelectuales de la masacre
- Ubicación del modulo de la GNB en la comunidad de El Provenir (Cumplieron)
- Indemnización inmediata para los familiares y sobrevivientes (no cumplieron)
- Atención médica y asistencia psicológica a los familiares y sobrevivientes (no cumplieron)
- Dotación de ambulancia y equipos y medicamentos al hospital, cuerpo de bomberos y protección civil (cumplieron solo con medicamentos)
- Patrullaje permanente en la comunidad y en la zona agrícola del municipio (poco patrullaje)
- Dotación de dos vehículos y una ambulancia al punto de control de la GNB que está en El Provenir (cumplió con una ambulancia pequeña que no reúne las condiciones)
- Viviendas a los familiares de las víctimas
- Alumbrado público a todos los sectores y vías de El Porvenir y comunidades adyacentes (cumplieron solo por una calle)
- Instalación de alumbrado electrico y vía de penetración en el sector San Pedrito (no cumplieron)
- Seguridad personal a los familiares y sobrevivientes (no cumplieron)
El epicentro de la masacre
No fue un movimiento sísmico lo que esta vez sacudió Cariaco, como el ocurrido en 1997. No fue la naturaleza la que arrasó con la vida de personas. No. O por lo menos no la madre naturaleza. Esta vez fueron otros los responsables. Fue otra la esencia, tal vez más compleja por sus luces y sobras, la que se llevó nueve vidas y dejó tres sobrevivientes. Tuvo su centro en San Pedrito, un sector de la zona popular El Porvenir, territorio suburbano de la ciudad.
Carlos Javier Arias Cabello, junto a su esposa e hija de once meses compartía techo con su hermano Luis Alberto Arias Cabello, y, frente a su vivienda vivía también otra de las hermanas Cabello: Mirvida. «Funcionarios de Conas llegaron a casa de mi hermana tocando la puerta desesperadamente porque supuestamente ella tenía allí a una persona que estaban buscando. Mi hermana nerviosa gritaba que no tenía a nadie allí mientras los hombres insistían», explicó a Provea Marielys Cabello. Ante la situación Carlos Javier salió en defensa de Mirvida, exigiendo respuestas. «¿Qué pasa?, que nosotros somos el hampa seria» exclamaron los supuestos funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB y le pidieron a Carlos Javier que identificara «el hampa del barrio», a lo que Cabello respondió que no sabía. Mientras esto ocurría, Samir Urbina un vecino del barrio, pasaba casualmente por el lugar de los hechos y fue detenido y arrodillado junto a Cabello, mientras otros de los funcionarios (al parecer eran siete en total) irrumpieron en la vivienda y sacaron a Luis Alberto quien se encontraba durmiendo. «Casualmente ese día, él estaba cumpliendo sus treinta años. Entonces lo sacaron y lo arrodillaron frente a la casa que es un rancho de bahareque y les dispararon. Mataron a mis dos hermanos, y Samir Urbina se hizo el muerto. Esperó que los funcionarios se fueron y luego se dirigió herido hasta su casa». Marielys Cabello también narró que con los disparos, Mirvida abrió la puerta y los funcionarios le propinaron golpes delante de sus hijos. «Le decían que se callara porque si no, también la iban a matar, pero no lo hicieron porque sus hijos de seis y nueve años les pidieron que por favor no mataran a su mamita».
Una réplica de mayor magnitud
Luego de quitarle la vida a dos personas y dejar un herido, en un Aveo gris sin placa y custodiados por una patrulla de Cariaco, según los testimonios, los supuestos funcionarios del Conas bajaron a una zona cercana a la del primer homicidio, ubicada en el mismo sector de El Porvenir. Allí, parte de la familia Rodríguez y algunos amigos compartían como cualquier viernes para un venezolano. «Lamentablemente la gente del Conas,que, según las investigaciones estaba bastante tomada, junto a un sicario que daba las indicaciones de a quién matar y a quien no, sin mediar palabras arrodillaron a los muchachos al frente de la casa de mi mamá y los mataron». Explicó Aurora Rodríguez familiar de algunos de los fallecidos esa noche del 11 de noviembre de 2016: Luis Rodríguez, Luis Bernardino Rodríguez De Abreu, Jackson Rafael Rodríguez García, Javier Jesús Rodríguez Rodríguez, Jesús Rafael Rodríguez, Eduardo Vallejo Vallenilla, y Miguel Ángel Acosta García.
Alcalde Ángel Órtiz: el autor intelectual
Según la narración de los hechos que dieron Aurora Rodríguez y Marielys Cabello, el 12 de noviembre, un día después de la masacre, se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), siendo eficientes y eficaces en la identificación de los implicados. Luego al lugar asistió el fiscal Melvin Ortega. «Hicieron un trabajo que nos pareció bueno. Fueron rápidos determinando quiénes eran los autores materiales e intelectuales. Son seis funcionarios del Conas los autores materiales y «hasta ahora hay un intelectual y es el Alcalde del Municipio Ribero, Ángel Órtiz, que tiene una orden de detención desde diciembre del año pasado». Sin embargo, Rodríguez señaló que la orden «está engavetada» por el juez Gilberto Filgueira. «Mientras esa orden no salga, el caso no puede resolverse. Allá estamos solos, por eso nos vinimos a Caracas. Hay cuatro amigos en Cariaco que nos están apoyando, pero están siendo víctimas de amenazas por parte del Alcalde para que nos dejen solos. Los acusa públicamente de terroristas, contrarrevolucionarios. La propia gente de la comunidad tiene miedo de apoyarnos cerrando vías y protestando porque saben la clase de alcalde que tenemos y temen por su vida. A mí me han llamado en dos ocasiones para amenazarme, para que piense en la vida de mi único hijo».
Sobrevivientes de un país en crisis
Tres fueron los sobrevivientes de esta masacre y del día a día en un país inmerso en una grave crisis humanitaria que el gobierno se niega a reconocer. Uno de ellos, José Rafael Rodríguez, cuenta su tía Aurora, recibió un disparo en un pulmón, y el órgano ya no funciona al cien por ciento; tuvo perforación en el intestino delgado; tiene el pómulo izquierdo destrozado; tuvieron que reconstruirle una de las manos. «Además está en estado de desnutrición. Hace como un mes tuvimos que hacer una protesta para obligar al Conas a trasladarlo a una clínica en Cumaná porque sabemos lo desasistidos que están los hospitales». Samir Urbina, quien presentó un disparo en la mano y otro en la mandíbula «la semana pasada se vio complicado con una infección en el oído, y ayer (23 de enero) lo trasladamos a Caracas porque ni siquiera en Cumaná pudieron suministrarle los antibióticos necesarios». El menos afectado de los sobrevivientes fue José Ramón Rodríguez cuya recuperación sí ha sido visible debido a que las balas no tocaron órganos vitales.
Además de los tres heridos, está el caso de la situación familiar de algunos de los fallecidos. Por ejemplo «quedó un niño de cuatro años huérfano. Lamentablemente su mamá es mayor y no puede trabajar. Son personas desasistidas, viven en casas de bahareque, no tienen cómo comer. Estamos desasistidos en la parte humana. Necesitamos el apoyo para que esta situación, como la de los demás, mejore». clamó Aurora Rodríguez.
El acompañamiento de Provea
Inti Rodríguez, el Coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, explicó que la situación tiene dos dimensiones: una primera tiene que ver con el deber de que se haga una investigación penal. «Nosotros desde Provea, en conjunto con los familiares reconocemos que desde el Ministerio Público se ha trabajado para avanzar con la detención de los autores materiales. A pesar de que falta darle celeridad a la justicia en relación con el autor intelectual que en este caso es supuestamente el alcalde, en general las investigaciones han avanzado». La otra dimensión es la humana, la situación de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas. «Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y atienda la situación por la que están atravesando estas personas», concluyó Rodríguez.
Jennifer Peralta
Prensa Provea
