El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, explicó que la delegación que vio impedida su visita in loco a Venezuela procedió a documentar casos venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta y preparará un informe sobre el Estado venezolano que engrosará el expediente de la Corte Penal Internacional
El lunes tres de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro impidió la venida al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tenía prevista una visita “in loco” (en el sitio) para constatar de primera mano los casos de violaciones a los DDHH que ocurren en Venezuela, con el argumento de que Venezuela (que denunció la Carta Democrática Interamericana) ya salió del sistema correspondiente y por ende el mecanismo no tiene facultades para ejercer actividad alguna en el territorio nacional. Este fue el capítulo más reciente de la larga historia del divorcio entre el gobierno venezolano y el respeto a los DDHH, situación que ha sido verificada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, y ha sido objeto de denuncias tanto en el sistema interamericano como, incluso, la Corte Penal Internacional. La solicitud de una visita in loco a la CIDH fue hecha por la representación diplomática del presidente de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), Juan Guaidó, (quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela), a raíz de la muerte como consecuencia de las torturas que fue objeto, del capitán de navío Acosta Arévalo, en agosto de 2019.
Situación irregular
El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, quien formaba parte de la delegación que se dirigía a Venezuela, aseguró que, aunque la organización tiene el diagnóstico de que hay una situación de violaciones a los DDHH, que consideran sistemática en algunos casos, no podían dejar de intentar ingresar al país para observar la situación en el terreno. “La expectativa era poder cumplir con el mandato que los estados le han dado a la CIDH, que es observar la situación de los DDHH en los países de la región. Hemos estado en casi 10 países aceptados por todos los estados para las misma áreas, incluso en situaciones difíciles, o de la misma magnitud que Venezuela, desde Nicaragua, pasando por Bolivia, Ecuador, Chile recientemente, El Salvador, Guatemala, Honduras en el pasado reciente”, expresó desde la ciudad de Cúcuta en entrevista exclusiva para la alianza Provea-TalCual. Indicó que no podían dejar de intentar ingresar a Venezuela para, con la visita in loco, observar la situación en el terreno, por lo que, “dado que hay una situación irregular con un gobierno de facto y un gobierno reconocido por la AN y la propia OEA , comunicamos a ambas entidades nuestra decisión de concurrir al país”, y que, aunque en el caso del gobierno de Nicolás Maduro, a través del canciller, Jorge Arreaza, hizo saber que entendía que Venezuela no estaba bajo la jurisdicción de la CIDH, “ como tampoco nos habían declarado personas no gratas o amenaza a seguridad nacional o alguna de estas causales que a veces este tipo de gobierno de facto utiliza, decidimos emprender el viaje, y en Panamá, Copa (la línea aérea) hizo el trabajo sucio del gobierno, de bajarnos del avión”.
Posición de rechazo
– Es conocido que en países con regímenes de facto como el Perú de Fujimori, la Comisión ha podido ingresar para realizar la visita in loco. ¿Es éste el primer caso donde les impiden la visita? – Obviamente no es que las dictaduras hayan tenido una apertura permanente a la comisión, eso tampoco es así porque cuando se hizo la represión más dura en Argentina, Chile o Uruguay, las del cono sur, la Comisión no entró, pero sí una vez que los familiares, como está ocurriendo hoy, comienzan a exigir justicia y empiezan a denunciar las desapariciones, torturas y muertes, finalmente la presión internacional hizo que la Comisión pudiera entrar. Fue muy conocida la visita del 79 (1979) de la Comisión a Argentina, luego pudo visitar Uruguay, Chile, el Perú de Fujimori en el 90, donde siempre la comisión expuso claramente a la Comunidad Internacional cuáles eran las vulneraciones a los DDHH que estaban ocurriendo. En Nicaragua es cierto que ahora no lo están permitiendo pero lo permitió luego de la crisis y la presión de abril (2019). Es el panorama comparado, es desde 2002-2003 que la Comisión no ha ingresado a Venezuela y ahora hay una posición de rechazo. – ¿El argumento que utiliza el Gobierno de que Venezuela denunció la Carta Intermericana y salió del sistema es válido para evitar el ingreso de la Comisión? – La situación del caso de Venezuela en cuanto a que no pertenezca al sistema está en cuestión porque la mayor parte de los países de la región no reconoce al gobierno de facto; reconoce al gobierno provisorio que eligió la AN y ha retirado la renuncia a la Carta. Jurídicamente a nivel de Derecho internacional está bastante en cuestión. En segundo lugar, la Comisión tiene un mandato que va más allá de los instrumentos puntuales. Hay que ver que el propio gobierno de facto se mantiene en muchas convenciones que son del sistema interamericano, como la convención contra la desaparición forzada; contra la violencia contra la mujer, contra toda forma de tortura, todas esas convenciones no han sido denunciadas. En la creación de la OEA uno de sus componentes fue darle a la comisión un mandato amplio para observar la situación de DDH más allá de los status de los estados, y nuestra interpretación como personas de protección de los DDHH en un país que se están violando los mismos, es que la comisión ha decidido mantener el monitoreo. Lo que no comparto es que sea ilegítimo que la comisión tenga facultades para monitorear la situación en Venezuela. La sociedad civil sigue asistiendo al sistema. Tenemos una cantidad de casos a los que estamos haciendo seguimiento a medidas cautelares que hemos otorgado y sería una irresponsabilidad no darle cumplimiento a estas víctimas. – ¿El gobierno de Nicolás Maduro impide la entrada de la Comisión y se queda tranquilo? ¿Qué procede ahora hacer ante la situación? – Hay dos planos. Estamos en Cúcuta, activamos un plan B ante el hecho de que nos expulsaran o no nos permitieran el ingreso para la visita in loco. Tuvimos una reunión con familiares de víctimas y periodistas en Bogotá que están exiliados pero tienen, digamos, a familiares que han sido torturados o asesinados, o también periodistas bajo proceso penal que están en el exilio y nos dieron información sobre cada uno de esos procesos y situaciones. Ahora estuvimos en Cúcuta donde siguen miles de emigrantes pasando por la frontera, apreciando y dando registro hablando con la gente y las vicisitudes que están pasando. En este momento estamos en un espacio repleto de organizaciones, víctimas y activistas de Venezuela que han venido a Cúcuta que nos han informado sobre distintos temas como las arbitrariedades del TSJ, los impedimentos para el funcionamiento del Estado de derecho, la situación de persecución política, el anuncio de que el Gobierno podría nombrar directamente las autoridades universitarias violando la autonomía universitaria. Nuestros informes son escuchados por Naciones Unidas, la Unión Europea, y los países del hemisferio.
“Creemos muy importante terminar con esta visita, realizar nuestro informe y creo que queda claro que este gobierno que no tiene ninguna voluntad en una transición democrática y mejorar de manera urgente la situación de violaciones a los DDHH y encontrar un camino, como muchos estados han insistido, de un diálogo para retomar la democracia y las garantías a la protección de los DDHH”, indicó el relator especial.
Reparaciones
– Una vez presentado ese informe ¿qué puede pasar ¿Cuáles son los casos donde se haya contribuido a dar solución a la situación de violaciones a los DDHH y resarcido a las víctimas?
– El informe particular justamente va a ser abordado por el Consejo Permanente de la OEA, donde los estados están tomando medidas, de presión, económicas, contra el régimen y contra sus dirigentes. Nuestro informe también. Puede engrosar expediente en CPI y puede establecer para los ciudadanos que han sido objeto de violaciones a sus derechos, un informe que luego, cuando se recupere la democracia y las instituciones el Estado va a tener que establecer reparaciones y estos informes son la base muchas veces. “La comisión tiene casos individuales, más allá de este informe, que generan responsabilidad para el Estado y una obligación de reparar. Tenemos decenas de casos que ha resuelto la Comisión y la Corte Interamericana condenando al Estado de Venezuela por violar los derechos de políticos, activistas, periodistas, líderes sociales. En fin, tenemos muchos casos que siguen estando bajo estudio”, expresó Lanza. -¿Puede haber justicia personalizada para Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno? -El sistema interamericano no tiene facultades, por los instrumentos, para fijar responsabilidades individuales. No tenemos el mandato; somos un organismo que tiene que apegarse estrictamente al mandato convencional que tiene y es la supervisión general y entender la responsabilidad internacional del Estado respecto a casos a violaciones particulares de personas que presentan una petición o denuncia. Obviamente van a estar nombrados los casos y siempre sugerimos ver la línea de mando en las distintas violaciones. No es nuestra facultad fijar responsabilidades individuales, es facultad de la Corte Penal Internacional.
