Familiares de presos políticos y de personas privadas de libertad por el abuso crónico de la legislación antiterrorista, se concentraron en la sede del Ministerio Público en Caracas, para exigir, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, libertad para los detenidos arbitrariamente, cese del uso extendido de la Ley Antiterrorista y condiciones de reclusión respetuosas de la dignidad humana.
Más de un centenar de familiares, activistas y defensores de Derechos Humanos, entregaron una comunicación al Fiscal General, Tarek William Saab, en la que señalan a la institución que dirige como un instrumento al servicio de la represión, la criminalización de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas, y de la estigmatización de amplios sectores de la sociedad al amparo de la aplicación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) y la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
«Sr. Fiscal, el uso excesivo del sistema de justicia y el abusivo empleo de la legislación anti-terrorista para criminalizar a personas que defienden derechos en Venezuela, constituye una severa amenaza para los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas», dijeron los manifestantes en la comunicación entregada al Fiscal designado por la extinta asamblea nacional constituyente.
Llamaron a «cesar el empleo del Sistema de Administración de Justicia y la justicia penal, como instrumentos para la retaliación por razones políticas y la criminalización de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas, garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela» y recordaron que 300 personas se encuentran privados de libertad por ejercer derechos establecidos en la Constitución Nacional.
«La institución que usted dirige, debería cumplir urgentemente las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, garantizado un entorno propicio para la expresión de la pluralidad en el país y el libre ejercicio de los derechos a la asociación y reunión pacíficas, como elementos esenciales para la democracia y la construcción de un régimen de derechos«, alegaron.
Por su parte, los familiares de víctimas de la aplicación de la legislación antiterrorista, quienes han constituido un Comité, dijeron que agrupan más de 300 casos de personas detenidas en distintos operativos de seguridad ciudadana, quienes han sido acusadas de terroristas por el Ministerio Público y procesadas ante los Tribunales del país por delitos contenidos en la LODOFAT.
Ambos grupos de familiares anunciaron que todos los 18 de cada mes realizarían manifestaciones pacíficas ante distintos organismos del Estado para expresar sus demandas.
Prensa Provea
