«Luego de una lucha intensa por defender nuestros territorios y por expulsar a estos invasores armados, atentaron contra la vida de nuestros hijos. Ahí perdimos a mi hijo Virgilio.
Nosotros permanecemos en la lucha, estos muchachos que están aquí junto son los seguidores, porque los luchadores somos nosotros, esta generación lleva el compromiso de resguardar y proteger este territorio”.
Así declaró Ernesto Trujillo, padre del líder indígena Virgilio Trujillo Arana -asesinado en junio de 2021-, mientras recibía el Premio de Derechos Humanos edición 12º, otorgado a su hijo por la Embajada de Canadá y la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos de Venezuela.
Virgilio Trujillo. indígena piaroa del estado Amazonas, defensor del ambiente y el territorio, coordinador de Guardianes territoriales Uwottüja del municipio Autana, fue asesinado el jueves 30 de junio de 2022, en Puerto Ayacucho, capital de la entidad, luego de recibir varios disparos en la cara.
Dos años han transcurrido desde su asesinato y aún las autoridades venezolanas no han aclarado el crimen, favoreciendo así la impunidad.
Trujillo Arana, era miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS) y formaba parte de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad, una instancia autónoma creada por los pueblos indígenas, para defender los territorios ante las amenazas ocasionadas por el auge extractivo, y la presencia de grupos armados irregulares en comunidades habitadas por pueblos originarios.
Trujillo recibió más de tres impactos de bala en la cabeza, a manos de personas hasta ahora no identificadas, y que presuntamente, minutos antes, lo habrían obligado a abordar un vehículo.
Cinco días después de su asesinato, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, anunció en su cuenta en Twitter que había enviado un equipo de investigación del organismo desde Caracas hasta Puerto Ayacucho, con el fin de apoyar las investigaciones y esclarecer los hechos.
1. Envié un equipo de la División de Investigaciones de Homicidios para el estado Amazonas, para apoyar en las investigaciones del atroz crimen de Virgilio Trujillo Arana (38), del pueblo indígena del municipio Autana, estado Amazonas@NicolasMaduro @CeballosIchaso1 pic.twitter.com/fM58r4KXLB
— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) July 5, 2022
En septiembre de 2021, trascendió que el Ministerio Público había adelantado acusaciones contra los presuntos responsables del hecho, e incluso, el propio director del CICPC informó en redes sociales que realizaría una rueda de prensa para anunciar los resultados de la investigación y señalar a los presuntos responsables del asesinato.
Pero ese anuncio nunca se concretó y después de dos años, ni los anuncios oficiales, ni las presiones de los indígenas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, han logrado que el asesinato de Virgilio Trujillo Arana se haya esclarecido y que los responsables respondan ante la justicia.
Un modelo amenazante
El Amazonas venezolano se ha convertido en ruta regular para las redes de los cárteles colombianos. El narcotráfico, la minería ilegal y la fuerte presencia de grupos armados son las principales actividades que afectan la vida cotidiana de comunidades indígenas que habitan esa región.
El afianzamiento de un modelo económico que privilegia la acumulación de capitales y la consolidación de gobernanzas ilícitas -por encima de los derechos indígenas y la protección del ambiente-, está empujando a las poblaciones originarias de Venezuela a un peligroso desfiladero.
Según los registros de Provea, al menos 47 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales hibridas.
El despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja, ponen en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Piaroa, Pemón, Warao, Jivi, Wayúu y Añu, entre otros.
Mientras persista la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas.
Insistimos en el reclamo de justicia ante el asesinato del líder indígena y defensor ambiental Virgilio Trujillo.
Prensa Provea – ODEVIDA
