Una niña de ocho años que ingresó al Hospital Domingo Luciani en Caracas el 06.03.2020 para un sencillo tratamiento odontológico, falleció ayer por presunta mala praxis y tras desidia de instituciones que fueron advertidas de la gravedad de su estado de salud.
La denuncia fue presentada a Provea por sus familiares quienes consideran que la niña no recibió tratamiento adecuado y cuando su situación de salud se agravó tampoco fue oportuno. Al parecer para el tratamiento en la sala de odontología le fue inyectada más anestesia que la requerida lo que le habría provocado un paro respiratorio.
Indica su tío Oscar Ruiz que ante el paro respiratorio no le fue brindada la atención médica adecuada porque en ese momento la Unidad de Terapia Intensiva estaba colapsada, no había camas disponibles y fue después de transcurridos 20 minutos letales cuando la acostaron en una cama improvisada del área pediátrica. La no atención requerida le generó un severo daño cerebral, quedó totalmente desmayada, no reaccionaba, motivo por el cual la entubaron y le colocaron un respirador artificial.
A pesar de tal situación logró una leve recuperación hasta el punto de poder respirar sin necesidad de ayuda mecánica con el respirador artificial.
El 13 de abril interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público y solicitaron que con urgencia atendieran el caso. Afirmaron que no tuvieron respuesta del ente. Se dirigieron a la Defensoría del Pueblo y tampoco lograron que se activara. Vista la desidia para atender el reclamo, acudieron a realizar denuncia pública. El medio de comunicación El Estímulo publicó la denuncia en la cual indicaron las razones por las cuales hay una evidente negligencia en la manera como en dicho centro de salud atendieron a la niña. En lugar de atender la solicitud que de manera pública realizaron, los familiares relatan que fueron amenazados por las autoridades del hospital de sacar a la niña, lo cual incrementó la angustia. Señalaron expresamente a la doctora Murelina Guzmán de haber proferido las amenazas.
Fallecida la niña fue cuando se tuvo conocimiento que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 104° de Caracas.
Su tío Oscar Ruíz solicita que se realice con trasparencia la investigación correspondiente y se establezcan las responsabilidades. No quieren que la muerte de la niña quede impune.
Provea expresa a sus familiares sus más sentidas condolencias y exige al Ministerio Público se investigue a todas las personas que de manera directa e indirecta puedan tener responsabilidad en el lamentable fallecimiento de la niña e igualmente se adelante una investigación administrativa a los funcionarios que recibieron la denuncia y presuntamente actuaron de manera negligente.
Es importante destacar que el Estado venezolano a través de sus funcionarios e instituciones puede causar daños y perjuicios por acción o por omisión y tiene la obligación de investigar toda actuación que cause daño a las personas que sea imputable al Estado
Prensa Provea
