Pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en huelga de hambre luchan contra la indiferencia del Estado.
Francesca Díaz y Prensa Provea CC | Tropieza para estirar un poco la espalda mientras se levanta del suelo donde su único soporte es una sábana amarillenta, la misma donde lleva cuatro días durmiendo a la intemperie. Para Hugo Medina, jubilado de 62 años, cumplir con la huelga de hambre autoimpuesta ha sido, por decir poco, difícil debido a las tres hernias que tiene en la cervical y su artritis reumática; sin embargo, cuando los periodistas le preguntan siempre responde: me siento bien.
Medina es presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Bolívar (Fedajupebol), su voz representa la de todos los adultos mayores del estado y, en los últimos años, esa voz parece estar más ávida que nunca de justicia social. La impotencia se condensa en un grito que repite vehementemente: no al exterminio.
Él es uno de los cinco jubilados que el pasado 16 de agosto emprendieron una huelga de hambre frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para exigir el pago de sus prestaciones sociales. Con recelo confiesa que, antes de la huelga, ya tenía 2 días sin comer. El hambre no le es ajena, ya que con su pensión apenas le alcanza para preparar un plato de comida al día en su vivienda ubicada en Ciudad Bolívar.
Pablo Millán (73 años), Francisco Díaz (67 años), Hipólito Cedeño (73 años) y José Rodríguez (63 años) son los otros huelguistas que luchan contra ese exterminio al que, en sus palabras, Nicolás Maduro somete a los pensionados del país.
Este lunes la huelga arribó las 120 horas. El grupo fue jubilado en el mes de enero sin previo aviso. A efectos de la ley, la corporación tiene un plazo de 5 días para hacer el pago del beneficio; sin embargo, ya han transcurrido 8 meses.
“Antes de morir en nuestras casas viendo a nuestros hijos y nietos en la miseria, preferimos morir en la calle”, fue la premisa pronunciada por Medina el primer día de huelga. Él lo sabe bien, puesto que la desnutrición de sus nietos es el motivo que lo tiene protestando desde el año 2018 para exigir mejores jubilaciones.
“Hemos agotado todas las vías administrativas”
El salario digno, la salud y la alimentación son solo algunos de los derechos que vienen siendo vulnerados sistemáticamente por el Estado venezolano a través de la CVG.
A razón de ello, decidieron emprender “la medida extrema” de declararse en huelga de hambre a unos 20 metros de la CVG, exigiendo el pago de sus prestaciones sociales y un compromiso por escrito por parte de la directiva de mejorar las condiciones de la nómina inactiva para respetar la contratación colectiva que plantea beneficios como el servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).
A horas de la noche del primer día de huelga, se acercó el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, vicepresidente de la CVG y primo de Diosdado Cabello, para exigir el levantamiento de la protesta a cambio de una reunión en los próximos ocho días. Ante la contrapropuesta de los jubilados de firmar un acta donde la empresa se comprometa a pagar las prestaciones, Rodríguez Cabello se negó. Posteriormente, aseguró que si no era bajo sus condiciones: no habría acuerdos y podían estar allí “el tiempo que quieran”.
Ese ha sido el único acercamiento que han tenido los jubilados con la directiva en 4 días de huelga, directiva a la que ven entrar y salir mientras ellos se van descompensando por el hambre. El departamento de prensa de CVG se negó a ofrecer declaraciones del hecho, mientras que en redes sociales promocionan estar “productivos” y una presunta reunión con otro grupo de jubilados.
“Ellos piden que nos levantemos y la única garantía que vamos a tener es la palabra del vicepresidente de la CVG. Nosotros tenemos que entender que todo lo que se vaya a hacer tiene que ser formalizado. Además, nos dijeron que o aceptábamos esa opción de confiar en él o no iba a haber ningún tipo de negociación. ¿Cómo vamos a confiar en ellos si el 05 de abril nos reunimos con el presidente y nos dijo que en 15 días tendríamos respuestas y han transcurrido 4 meses y seguimos sin respuestas? Si no se levanta un acta, nosotros tampoco vamos a levantar la actividad”, declaró Medina para los medios de comunicación regionales, quien funge como líder de la actividad.
Estas declaraciones hacen referencia a las reuniones que se han desarrollado entre jubilados y directiva a principios de 2023. Si bien, por una parte, la corporación mantiene a sus pensionados cobrando migajas, la realidad de la cúpula cevegista es contrastante: en marzo, la directiva fue detenida en el Operativo «Caiga quien Caiga» acusada de corrupción, robo y malversación de fondos. Una situación que los jubilados venían denunciando desde 2019.
Unos días después de la detención, el grupo dijo a la prensa: “Estamos aquí para decir que teníamos razón”, refiriéndose a los hechos de corrupción en que estaba envuelto el expresidente de CVG, Pedro Maldonado.
Para el mes de abril, se instaló la junta interventora, una instancia que sustituye a la antigua directiva y tendrá un período de gestión de un año que puede ser prorrogable. 5 días después de su llegada, los jubilados se reunieron con el nuevo presidente, Héctor Silva Hernández, a quien le plantearon la crisis que viven los adultos mayores.
A pesar de que Silva se comprometió a dar soluciones a la problemática, nunca volvió a contactar a los denunciantes.
Fedajupebol había introducido 14 reclamos en instancias nacionales e internacionales, entre ellas, CVG, Defensoría del Pueblo, Tribunal Laboral de Puerto Ordaz, Fiscalía Superior del estado Bolívar, Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, Tribunal Supremo de Justicia, Organización de Naciones Unidas: no hubo respuesta.
Estado viola los derechos humanos laborales
La abogada, doctora en sociología, magíster en políticas públicas y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter, consideró que esta situación es la mejor demostración de que “hace mucho tiempo los derechos laborales dejaron de existir en el país, ya que hay un absoluto incumplimiento por parte del Estado de los derechos elementales”.
Asimismo, advirtió que el Estado tiene una implicación total en un posible deterioro de la salud de los huelguistas.
“La principal función de un Estado es garantizar la salud. Si una persona muere en una huelga de hambre o por no recibir atención médica hay una alta responsabilidad del Estado”, manifestó Ritcher.
En este sentido, consideró que las jubilaciones forzosas de los trabajadores, pulverización de los sindicatos laborales y la exclusión de los sindicalistas en las plantas son medidas para dejar a los obreros sin representación y defensa de sus derechos.
“Mesas y mesas de negociación que no avanzan. Tenemos casos como la sentencia de 16 años de prisión a 6 sindicalistas que es una violación a la libertad sindical. Quiero decir que la huelga de hambre es un derecho constitucional de cualquier ciudadano. El derecho a la protesta es constitucional y una huelga de hambre es una herramienta para ejercer el derecho a la protesta: la huelga no es un delito”, acotó.
Para Pablo Millán, de 73 años, el pago de sus prestaciones sociales debe ser “inmediato”. El tiempo le juega en contra, ya que su hija padece de cáncer y necesita ayudarle a costear sus quimioterapias. Verla morir por falta de dinero es su peor miedo.
“Esto fue una decisión difícil. Pero hemos agotado todos los recursos administrativos. Hago esto por mi familia. Nosotros vivimos en el estado Delta Amacuro, en Casacoima. Nosotros no tenemos para comer. Si comemos, lo hacemos una vez por la tarde. A lo mejor una arepita. Yo cobro 130 bolívares, no me alcanza. La directiva de la CVG nos ha tratado como perros. No hacen nada para solucionar nuestros problemas. ¿Sabes cómo yo hago para comer? Por mis vecinos que me facilitan alimento. Al señor de la bodega, le voy dando mi sueldo para irle cancelando”, explica Millán entre lágrimas mientras se quita los remendados lentes del rostro, el armazón apenas se sostiene con teipe y un pedazo de alambre.
Millán tiene una trayectoria de 55 años en CVG Sidor. Asegura haber pensado que, por tantos años de servicio, cuando se jubilara sería “millonario”. La realidad es que ahora debe vivir de la caridad de sus vecinos.
Por su parte, Hugo Medina laboró durante 19 años en CVG Venalum. Desde 2018 se concentra todos los miércoles, sin excepción, frente a la CVG. Se ha reunido con la junta interventora, con administraciones anteriores y, más allá de volverse experto en comunicaciones y cartas oficiales, no ha conseguido nada.
“Yo salí como enfermo ocupacional de Venalum. Tengo artritis reumatoidea y alquitrán en los pulmones. No tengo mucha visión porque la alúmina me rayó la córnea. Ando buscando justicia en cualquier lado. He informado de la situación a la Defensoría del Pueblo, a la rectoría, a la fiscalía… Agoté todas las vías. En mi casa viven cinco personas, entre ellos, mis dos nietos. Comemos una sola vez al día. Lo que a mí me sacó de mi casa, es que me estoy muriendo de hambre. Lo que más me duele es que la CVG guarda silencio. Cambian de presidente, de directiva y todos guardan silencio. Yo estoy viendo cómo mi familia se me está deteriorando, mi familia pasa hambre”, explica el trabajador entre lágrimas al recordar la desnutrición de sus nietos.
Ritcher, especialista laboral, alegó que las bonificaciones del salario es la causa de la existencia de todas estas problemáticas, lo que se traduce en un empobrecimiento continuo del trabajador.
“Hay una política de negación de los derechos laborales por parte del Estado. Ayer murió un sidorista jubilado, nunca le pagaron sus prestaciones, un señor de 75 años que, además, murió por falta de atención médica. Es una indolencia y una violación a la esencia de las relaciones laborales que se basan en encontrar mecanismos de acuerdo. La empresa puede estar pasando por un mal momento económico, pero no puede negar la posibilidad al trabajador de ser escuchado”, acotó.
Una pensión que vulnera el derecho a la alimentación
Desde 2018, la debacle productiva de las empresas básicas ha venido afectando la calidad de vida de una población de aproximadamente 11 000 jubilados, que se suman a los más de 5 millones que reciben pensión en el país.
La pensión en Venezuela está fijada en 130 bolívares, lo que equivale a 4 dólares mensuales para sobrevivir. Este monto representa el salario más bajo de América Latina y el cuarto más bajo del mundo, a pesar de que en los últimos años la administración de Nicolás Maduro ha incrementado su valor unas 60 veces.
Un ingreso justo es una de las características designadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el trabajo decente, el cual debe estar acompañado de seguridad social; no obstante, en Venezuela son pocas las labores que puedan catalogarse como decentes.
Para los huelguistas, el término “trabajador” se convirtió en un eufemismo ante la esclavitud que se vive en las empresas básicas. El valor de sus pensiones les impide acceder a derechos humanos básicos como la alimentación nutritiva y suficiente, el derecho a la salud y la atención médica.
Sobre esto, Hipólito Cedeño, huelguista de 73 años y trabajador de Sidor por 49 años, no pide acceso a la salud para él, sino para su esposa. A quien prometió que, cuando cobre sus prestaciones, le gastará 200 dólares en medicamentos para que pueda ceder la hinchazón que sufre en sus piernas.
“A mí me jubilaron sin avisarme. Solo un día dejé de cobrar. Me dijeron que me iban a llamar para lo de mis prestaciones, eso fue en enero. Ya es agosto y no me han llamado. Yo vivo con mi esposa, menos mal porque con lo que me pagan difícilmente nos alimentamos. Los adultos mayores tenemos que alimentarnos bien y no nos da para eso. Yo como lo que viene en la caja del CLAP. Nosotros comemos una comida resuelta al mediodía y ya. A veces una merienda en la tarde”, alegó Cedeño, quien, al igual que sus cuatro compañeros, come una sola vez por la tarde para estirar “el plato de lentejas”.
El jubilado evocó cómo en otros tiempos el departamento de salud ofrecía asistencia psicológica para los prejubilados, quienes eran avisados seis meses antes del inicio del proceso. Sin embargo, a él le tocó enterarse por una llamada telefónica de 4 minutos.
“Yo jamás esperé esto. Yo pensé que me iban a pagar mi dinero, estamos protestando porque nos sentimos engañados. Somos unos viejos que estamos tomando esta iniciativa. A mi esposa la operaron de sus piernas, de várices. Esa operación no quedó bien y se le hinchan, para aliviarla hay que comprarle las medicinas y son muy caras. Yo le digo: tranquila, mija, que cuando me paguen te gastaré 200 dólares en medicinas. Le digo que le voy a comprar cajas y cajas de medicinas para darle ánimo. Yo le veo la pierna hinchada y me da dolor”, relató Cedeño con la voz trémula.
El pasado 19 de agosto, luego de 3 días de iniciada la huelga, Cedeño, Millán, Díaz y Rodríguez declinaron de la protesta, puesto que estaban padeciendo crisis hipertensivas debido a la falta de alimento. En este sentido, para este lunes 21 de agosto solo Hugo Medina permanece en huelga de hambre, teniendo más de 100 horas de inanición.
Francesca Díaz y Prensa Provea CC
