Migración y Desplazamiento de Poblaciones Indígenas de la Amazonía venezolana hacia Colombia | Informe GRIAM

Migración y desplazamiento de poblaciones indígenas del estado Amazonas hacia Colombia: crisis sociopolítica y económica, minería ilegal, grupos irregulares armados y paralegales, invasión de territorios indígenas y limitación de sus derechos socioculturales

GRIAM Abril 2021 – La migración y desplazamiento de poblaciones indígenas del estado Amazonas hacia Colombia, es uno de los fenómenos generados por la actual y extraordinaria crisis sociopolítica y económica venezolana, con los agravantes propios que implica la difícil dinámica social impuesta en esta región: inexistencia de servicios públicos de calidad, minería ilegal, mercados paralelos ilegales, violencia en sus diferentes modalidades y presencia de grupos irregulares y paralegales.

Culturalmente los pueblos indígenas amazónicos tienen un profundo arraigo con sus territorios, con su núcleo familiar y sus formas específicas de vida comunitaria, por lo cual esta nueva experiencia de migrar o desplazarse hacia otro país le es extraño e incómodo (salvo casos culturales específicos), pero han tenido que adoptarla forzosamente debido a una serie de razones que les imposibilita continuar desarrollándose como lo venían haciendo conforme a sus formas, usos y costumbres. La limitación de ejercer sus actividades económicas tradicionales y formas propias de intercambio comercial, la creciente actividad minera en sus territorios, la presencia de grupos irregulares armados y generación de diversas formas de violencia, la inexistencia de un sistema de salud público de calidad, entre otros, son las causas de los desplazamientos indígena a formas desconocidas de vida en los países vecinos, sin soslayar los casos de pueblos indígenas cuyos territorios se extienden a otros países.

Este trabajo de investigación sobre migración de poblaciones indígenas -y desplazamientos forzados-, viene a completar y a actualizar nuestro informe Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Venezolana 2019 – 2020, donde se revela de manera integral su situación socioambiental e impactos generados por la crisis sociopolítica venezolana, presencia de actividades mineras y grupos irregulares armados en sus territorios, así como la desatención estatal de esta importante población del país.

Las mujeres, niñas y adolescentes migrantes o desplazadas ocupan un importante lugar en este trabajo de investigación, por constituir una población de especial vulnerabilidad social ante la crisis venezolana.

El cuadro social que esperamos poner en relieve es una realidad poco conocida por la opinión pública nacional e internacional sobre la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas del estado Amazonas, que representa una grave amenaza a su integridad cultural -y ambiental-, al no verse medidas de solución, especialmente acerca del respeto y garantías de sus derechos fundamentales específicos contenidos en el capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A pesar de haberse configurado daños sociales y culturales que pudiéramos calificar como irreversibles, la situación para los pueblos indígenas de esta región siempre pudiera ser peor, en vista de la latente, y en algunos casos ya consumada, posibilidad de dejarlos sin territorios y otros elementos esenciales para su desarrollo individual y comunitario, debido a la serie de afectaciones que recae sobre ellos. Indefectiblemente que uno de los graves daños o impactos que han generado estos fenómenos a las poblaciones indígenas de la región, es su condición de desplazados por razones sociales y económicas, relacionado estrechamente con las actividades extractivistas en la región, situación que esperamos analizar y comprender en el presente trabajo de investigación, teniendo presente las particularidades socioculturales de estas poblaciones.

Esta investigación es el producto del trabajo de campo que GRIAM viene realizando en las diferentes comunidades indígenas de la Amazonía – Orinoquía colombo venezolana, y de forma particular para esta entrega, en el Municipio Atures (Municipio capital) y las poblaciones de Puerto Carreño y Cazuarito, Departamento del Vichada – Colombia.

Esta investigación de campo y documental se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo de 2021, lográndose visitar para estos fines a la poblaciones colombianas de Puerto Carreño y Cazuarito, por ser las principales localidades receptoras de indígenas -y no indígenas- en situación de migración y desplazamiento. Se sostuvo entrevistas sobre este tema, con funcionarios de la Gobernación del Departamento del Vichada, Alcaldía de Puerto Carreño, Defensoría del Pueblo, Cruz Roja Internacional y Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, todas autoridades de Colombia; así como con actores claves, migrantes y desplazados por la crisis sociopolítica y económica venezolana.

Contexto y causas de la migración y desplazamiento de poblaciones indígena del Amazonas venezolano hacia Colombia

Desde hace aproximadamente una década, los municipios del interior del estado Amazonas han experimentado una agresiva escalada de actividades mineras en sus territorios (en adelante entiéndase minería en el estado Amazonas, como actividad ilegal, conforme al Decreto 269 del año 1989). A finales de los años ochenta del siglo XX también existía minería en el Territorio Federal Amazonas, pero se trataba de casos focalizados que a través de una serie de instrumentos legislativos o ejecutivos de protección ambiental, pretendían atacar y evitar la expansión de esta actividad en la región, así como sus devastadores impactos sociales y ambientales.

El exponencial repunte de minería iniciado alrededor del año 2008, se trató de sectores de los municipios Alto Orinoco, Atabapo y Manapiare, que con el paso del tiempo y la agudización de algunos elementos sociales que iremos analizando, pasó a convertirse en una actividad practicada de manera generalizada en los siete municipios de esta entidad, con el agravante de ser ejecutadas y controladas por grupos irregulares armados provenientes de Colombia y Brasil, quienes ejercen control sobre dichos territorios y todas la implicaciones que representa su presencia ante poblaciones de especial vulnerabilidad social, que además, a juzgar por la evidente opacidad y omisión oficial, cuentan con apoyo y consorcio del gobierno venezolano para realizar esta y otras actividades ilícitas.

Esta realidad confluye con la crisis política y económica que atraviesa Venezuela, determinando un crítico cuadro social que le cercena una serie de derechos fundamentales a los pueblos indígenas de la región Amazónica. Esta situación ha limitado en gran medida las actividades ancestrales en las cuales se sustentan económicamente dichas comunidades, por lo que en gran medida han tenido que abandonarlas o cambiar sus patrones socioproductivos por otros, que en muchos casos son contrarias a sus valores y modos de vida, lo que pudiera representar una de las formas de erosión cultural de los pueblos indígenas que habitan la región con la mayor diversidad étnica del país, con presencia de al menos 19 grupos étnicos.

Desde el año 2015 se agudizó la escasez de combustible (gasolina y gasoil) en el estado Amazonas. La imposibilidad en la región de obtener gasolina para las embarcaciones fluviales ha sido una de las causas para que comunidades indígenas que antes vivían de las diversas formas de intercambio comercial de sus productos agrícolas, apícolas, piscícolas y artesanales, entre otros, hoy no puedan trasladar estos rubros desde sus sectores hasta los centros poblados para su intercambio comercial, lo cual es parte de su actual situación de deterioro económico, conjuntamente con las pocas o ningunas alternativas de sano desarrollo individual y comunitario, cuya garantía de promoverlo es obligación del Estado, en primer lugar a través del reconocimiento y respeto de sus derechos específicos, y en segundo lugar, implementando programas para diversos fines de producción, adecuado a cada realidad sociocultural, conforme al artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y desarrollado en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).

El combustible en esta zona es considerado un recurso estratégico para realizar las actividades socioproductivas por parte de los indígenas, pero también por parte de grupos irregulares armados para la ejecución de sus actividades extractivas y conexas. En vista de la escasez de este recurso estratégico en la región, actores del gobierno venezolano han monopolizado su venta, beneficiando a quien tenga capacidad de pagar más. La lógica imperante: es más rentable y lucrativo colocar un tambor de gasolina en una mina de oro, que en el transporte escolar fluvial de los niños Yanomami de comunidades Mavaka y Ocamo del Alto Orinoco.

Esta ecuación significa dejar sin posibilidad de obtener combustible a las escuelas, ambulatorios y socioproductores indígenas, privilegiando a los mercados ilegales debido a que son los que pueden pagar el tambor de gasolina (220 lts) en aproximadamente 350$ USD, cuyo precio puede ser más alto, según la zona y momento de la compra – venta.

Otro de los elementos que ha influido negativamente en las condiciones sociales de los pueblos indígenas, vinculado al fenómeno migratorio y desplazamientos, es la presencia de grupos irregulares armados en sus territorios: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – Disidencias), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Garimpeiros (mineros brasileros), quienes con su extracción y mercado ilegal de oro, narcotráfico, contrabando y otras actividades ilícitas, encarecen los precios de bienes y servicios en esta zona, dejando a los mercados tradicionales locales con pocas ventajas de rentabilidad y sostenibilidad económica.

Mientras en San Fernando de Atabapo, Manapiare, Maroa o Río Negro (municipios más afectados por el mercado ilegal del oro), el sueldo mensual de un docente es de 1.4$ USD, los bienes y servicios de la zona se cotizan según el precio de la grama de oro (24$ USD por grama), generando una enorme brecha que en la mayoría de los casos termina en desequilibrios sociales como la migración y desplazamientos hacia Colombia y Brasil (países cercanos a dichas poblaciones), en cuyos países en el peor de los casos tienen la posibilidad de percibir entre 200$ USD – 250$ USD por mes de trabajo; así como también la deserción escolar, tanto de alumnos como de docentes, para dedicarse a alguna actividad que imponga la dinámica minera en la región.

La presencia y actividades ilícitas de grupos irregulares armados provenientes de Colombia y Brasil en territorios del estado Amazonas, es una de las más determinantes causas del deterioro de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Más allá del falso supuesto de representar bienestar y mejores condiciones de vida, la presencia de grupos armados en actividades extractivistas en sus territorios les arrebata la posibilidad de desarrollarse sana y equilibradamente como lo vienen haciendo ancestralmente, y con ello la pérdida de un invaluable patrimonio cultural basado en su relación armónica con sus selvas, ríos y demás elementos cosmogónicos.

Es de entender que la responsabilidad de la presencia de estos grupos irregulares en actividades de minería en territorios de gran interés sociocultural y ambiental para la humanidad, recae indefectiblemente sobre el gobierno venezolano, no solo por la evidente omisión, sino por el consorcio que les une con los referidos grupos criminales, según las investigaciones de las organizaciones citadas.

Continuando con las causas que generan la migración y desplazamientos de poblaciones indígenas del estado Amazonas hacia Colombia, varios de los factores que hemos expuesto hacen imposible la adquisición de alimentos por parte de poblaciones indígenas. A pesar que importante parte de esta población tiene garantizada su dieta a través de la producción de sus conucos, la caza y la pesca; al punto, en algunas zonas, de sobrepasar los requerimientos mínimos de calorías diarias por persona, también es cierto que hay determinados alimentos industrializados que hoy forman parte de su dieta, y que actualmente no están siendo adquiridos debido a su paupérrimo poder adquisitivo, generado por las razones que venimos analizando.

Los programas sociales de alimentación implementados por el gobierno nacional son insuficientes en cuanto a la cantidad para cada familia, así como su irregular y esporádico suministro. La mayoría de las comunidades indígenas del estado Amazonas habitan en zonas de mediano y difícil acceso, por lo cual los precarios programas sociales difícilmente llegan hasta ellas, motivado principalmente a la deficiente estructura logística en materia de transporte aéreo, fluvial y terrestre. Importante destacar sobre este tema, que sólo el 8% del estado Amazonas cuenta con vías de acceso terrestre a comunidades indígena, quedando el 92% restante de la geografía regional dependiente del del transporte fluvial o aéreo.

Otro de los factores relacionados a la crisis alimentaria en la región y vinculado a la migración y desplazamiento de poblaciones indígenas, es la poca fertilidad o acidez de determinados suelos, especialmente en la Sierra Parima del Alto Orinoco. Esta condición de pobreza en cuanto a su contenido de nutrientes, convierte a sus suelos en improductivos sobre importantes rubros alimenticios, por lo cual la población Yanomami de esta zona presenta la tasa de desnutrición y morbilidad más alta de la región, inclusive, del país. Este panorama, más la inexistencia de una política estatal eficiente en materia de protección especial en favor de este pueblo indígena, genera un importante flujo migratorio y desplazamiento de Yanomami desde este y otros sectores, hasta comunidades de Roraima – Brasil, en busca de alimentos y atención médica, que le es proporcionada por sus hermanos indígenas al otro lado de la frontera a través de programas sociales administrados por organizaciones Yanomami brasileras. Es preciso advertir que el territorio Yanomami comprende una vasta extensión venezolano – brasilera, por lo cual se trata de un territorio binacional o transfronterizo. Esto significa que técnicamente no se trata de una migración por tratarse de un mismo territorio, pero sí de desplazamientos, aunque el punto de la movilidad indígena en análisis es la situación de sus derechos mínimos que le son cercenados en Venezuela.

Informe completo al final

Conclusiones

• El fenómeno migratorio y de desplazamientos de poblaciones indígenas -y no indígenas- del estado Amazonas hacia Colombia, se ha incrementado en los últimos cinco años.
• La migración y desplazamientos de poblaciones indígenas hacia Colombia, se ha incrementado por dos factores: la agudización de la crisis políticoeconómica venezolana y el incremento de la actividad minera e invasión de territorios indígenas.
• Consecuentemente, las precarias condiciones sociales, en especial las sanitarias y alimentarias que padecen determinados pueblos indígenas -o grupo de ellos-, ha sido factor determinante para su migración y desplazamientos a poblaciones de Colombia.
• La inexistencia de programas gubernamentales efectivos para incentivar o promover modelos de desarrollo social indígena, forma parte las causas del fenómeno migratorio y de desplazamiento hacia Colombia.
• La principal población colombiana receptora de indígenas -y no indígenas- provenientes del Municipio Atures del estado Amazonas, es Puerto Carreño, Departamento del Vichada.
• Autoridades colombianas estiman alrededor de 3.891 venezolanos censados en 25 asentamientos indígenas y no indígenas- en Puerto Carreño, en condición de migrantes o desplazados.
• Importante número de indígenas procedentes de comunidades del norte del estado Amazonas y sector Parguaza del estado Bolívar, mantienen una movilidad regular hacia Puerto Carreño a efectos de la venta e intercambio comercial de sus productos agrícolas y artesanales, utilizando como vía de acceso el río Orinoco.
• Otra importante parte de la población venezolana -indígenas y no indígenas-, ocupan el mercado laboral de Puerto Carreño en empleos de comercios, hoteles, casas de familia, fincas ganaderas y agrícolas, así como en la venda de víveres y alimentos en la calle.
• Autoridades gubernamentales, policiales y militares colombianas, mantienen una actitud de tolerancia ante la población venezolana que pudiera estar de forma irregular en Puerto Carreño, basados en una política de no deportación de esta población.
• El Estado y gobierno venezolano, evidencia su responsabilidad en cuanto a las razones que originan y agudizan la crisis sociopolítica y económica, especialmente por la acción y omisión en su deber de sanear los territorios indígenas de actividades extractivistas y grupos irregulares armados, que son uno de los factores más determinantes de la migración y desplazamientos de venezolanos hacia Colombia y Brasil.

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