Indígenas del Caura, imagen referencial

Exigir es una ventana de apertura para entrar en escucha y diálogo, es un último paso que les queda a los pueblos para clamar ante sus resistencias. Desde el 15 al 18 de junio del 2021 diferentes pueblos indígenas y organizaciones que acompañan las comunidades originarias nos reunimos para expresar nuestras dolencias, llantos y clamores ante las lamentables situaciones que padecen las comunidades y sus pobladores. Tantos gritos que se escuchan en los caños, selva y montañas, tantas muertes que a diario viven a causa de enfermedades, desnutrición y por enfrentamientos en defensa de sus territorios, una contaminación que crece diariamente por el extractivismo y el que los hace vulnerables por ser los que habitan en esos territorios, un desplazamiento obligado por los grandes desafíos que esta situación país ha causado y sigue golpeando la vida de los pueblos indígenas.

La COVID-19 en las comunidades y el cambio climático

La pandemia generó grandes desafíos en las comunidades, su llegada agravó la situación de las comunidades, con ella el fuerte golpe que el mismo cambio climático genera, entre las crecida de los ríos y otros su sequía, destrucción de los territorios y los grandes cambios de los patrones ambientales que está afectando de manera grave las comunidades. Es mayor el desafío de establecer de manera urgente planes específicos de adaptación a este fenómeno, diseñados con la participación directa y efectiva de las comunidades indígenas; desde sus culturas y saberes. Así mismo invitamos a las autoridades a reflexionar y trabajar este tema indispensable, generando acciones con las comunidades para proteger la vida ante los efectos de la crisis climática.

De igual forma es necesario mencionar la falta de información y comunicación sobre los efectos del virus, el que es relativamente visible en los pobladores y en el personal de salud. La condición de las comunidades es demasiado crítica, los centros de salud están desabastecidas; sin insumos médicos, medicamentos ni personal capacitado para la misma, están en colapso los centros de salud y con ella las limitaciones que tienen las comunidades para acceder a una atención sanitaria adecuada.

Así mismo, las muertes en las comunidades Warao, Jivi, Pemón, Yekwana, Uwotüja, Yanomami, Wayuú, Barí y Kariña van aumentando y eso debe invitarnos a preocuparnos por estas lamentables pérdidas que viven las comunidades. La presencia del virus ocasionó diferentes circunstancias como la falta de acceso a los ingresos básicos y el combustible para ir a buscar la misma. Tantas curiaras (canoas) se ven en los muelles de las ciudades, indígenas que se arriesgan navegando entre cuatro a cinco días para poder tener acceso a los alimentos. Urge recordar al Estado que las comunidades indígenas también son ciudadanos con derechos, es necesario hacer cumplir lo emanado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y lo que está establecido en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas de diciembre 2005.

Migración y movilidad: obligados a huir de sus tierras

La situación país cada día es más caótica y la falta de políticas públicas que ayuden a las comunidades son ineficientes, elementos que configuran la terrible crisis humanitaria, social, ambiental y sanitaria que enfrenta el país. Cada noche que pasa muchas familias duermen sin haber consumido ningún bocado de comida, otros sin techo pasan la noche en las calles de las ciudades y otros de camino a nuevos horizontes totalmente inciertos.

Es inevitable mencionar las muchas familias de indígenas que atraviesan las fronteras buscando condiciones para vivir en diferentes países vecinos, la última notificación de ACNUR indica cifras alarmantes, que más allá de la situación social ocasionada por la pandemia, sigue la migración y entre ellos de las poblaciones indígenas; el desplazamiento forzado a causa de los enfrentamientos con foráneos, la movilidad hacia las ciudades y sus asentamientos en plazas, calles y vertederos. No hace falta nombrar las pésimas condiciones de las comunidades, cuando es algo visible que viven los pueblos originarios. Queda preguntarse dónde está el cumplimiento de las leyes que valoran la vida de los ciudadanos venezolanos.

Desafíos y retos de la minería

Los grandes problemas socio ambientales, ya no solo se resumen en contaminación por desechos inorgánicos, ahora existe un modelo de desarrollo que genera una contaminación mayor llamado “extractivismo” el gran contaminante de la Madre Tierra y la destrucción masiva de grandes territorios indígenas, en especial de la Amazonía venezolana; comprendidos en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

Estas degradaciones ambientales contribuyen en el deterioro de las condiciones socioeconómicas básicas e incrementan las enfermedades, entre ellas algunas que se pensaba erradicadas. La minería trae consigo grandes impactos al ecosistema, entre ellas: la deforestación, contaminación de agua a causa de la utilización del mercurio y cianuro, pérdida de biodiversidad, tráfico de la fauna y flora, cambio en los fisiográficos de los cauces de los ríos y la entrada de foráneos y grupos armados externos.

El mega proyecto Arco Minero del Orinoco, decretado un 24 de febrero del 2016 en resolución 2.248, que abarca el 12% del territorio nacional, viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, invadiendo sus territorios y obligándolos a huir de esos lugares de los cuales muchos ya son inhabitables; esta actividad ilegal se ha convertido en depredación y violencia en los territorios; las terribles muertes y amenazas de indígenas que se oponen a esta acciones. Ante la grave situación por las irregularidades urge hacer una invitación a los poderes del Estado a tomar conciencia y medidas que protejan la vida de los pueblos, el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes que garanticen el respeto y la protección de la ciudadanía y de sus territorios.

Las verdaderas pandemias que enfrentan las comunidades indígenas

La actual pandemia de la COVID-19 rectifica la terrible crisis humanitaria, social, ambiental y sanitaria que vive el país y los grandes desafíos que enfrentan las comunidades indígenas y no indígenas de Venezuela. Su llegada no solo agravó la situación también hizo más vulnerable a los pueblos indígenas que ya venían viviendo diferentes pandemias desde brotes de diversas enfermedades que llevan hasta la muerte. Los pueblos no solo están siendo impactados por el coronavirus que se suma a las condiciones que ya venían vapuleándolos, por el colapso de un sistema de salud deteriorado, por una educación maltratada y empobrecida, sin medios específicos para poder impartirla, por condiciones básicas exhaustas y por una privación comunicacional que no permite conocer sus realidades.

Es un problema la presencia del virus en las comunidades, pero también es imperioso resolver las resistencias que viven los pueblos indígenas a causa de los problemas sociales, económicos y culturales que atraviesan.

Es urgente la atención a los pueblos indígenas, es necesario realizar estrategias que cooperen en la autonomía de las comunidades, el respeto de sus leyes y el cumplimiento de la misma, constituidos en el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo estipulado en la Ley Orgánica para Pueblos y Comunidades Indígenas.

Es hora de exhortar a las diferentes instituciones a velar por la vida en especial de los pueblos originarios y sus costumbres, ellos son los verdaderos dueños de sus territorios y los primeros pobladores de Venezuela. Es necesario definir con la participación de los indígenas las herramientas estratégicas para dar respuestas según sus costumbres y cosmovisión a sus necesidades. Ellos merecen ser escuchados, consultados, atendidos y respetados; de ellos se debe aprender a cuidar la Madre Tierra y toda la creación.

Venezuela Julio 2021

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