Unos 13 indígenas del pueblo Jivi denuncian actos de discriminación en Inparques de Amazonas por comunicarse en su lengua nativa, tras denunciar la situación 8 de ellos fueron despedidos de manera injustificada a manos de la directora de Recursos Humanos en mayo de 2021. Exigen justicia y la reincorporación a sus puestos de trabajo
Durante años los pueblos indígenas se han enfrentado a grandes luchas en defensa de sus derechos, tanto colectivos como individuales, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Principalmente han sido víctimas de atropellos, como la violación recurrente a sus derechos humanos y discriminación étnico-racial. En Venezuela son pocos los estados con población indígena, pero en Amazonas, región ubicada al sur del país, la población nativa representa más del 80 por ciento de la población.
En esta localidad fronteriza que limita por el Oeste con Colombia y por el Este y Sur con Brasil, se han registrado a lo largo de los años hechos atroces como masacres a nativos por la invasión a su territorio, desplazamiento de familias indígenas, maltrato físico a familias enteras y sometimiento al trabajo forzoso para beneficio de grupos irregulares que han incursionado en el territorio para apoderarse de ilegalmente de los minerales y explotación de los recursos naturales, tales acciones han obligado a los indígenas a desplazarse en búsqueda de mejor calidad de vida e incluso para preservar su propia vida.
Actualmente, esta población se enfrenta a grandes limitaciones como es el acceso a los derechos sociales, además también se registran hechos por discriminación racial, según denuncian algunos nativos del pueblo Jivi que fueron despedidos de manera injustificada del Instituto Nacional de Parques (Inparques – Amazonas), por denunciar una situación que consideran un acto de rechazo hacia ellos por pertenecer a una etnia indígena.
En la Amazonía venezolana conviven más de 20 pueblos indígenas, convirtiéndose en la entidad con más presencia de pueblos aborígenes de Venezuela. Los grupos étnicos, cada uno tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su ecosistema.
A lo largo de los años el Estado Venezolano ha reconocido los derechos de los indígenas; incluyéndolos en la Carta Magna, y además se creó la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), sin embargo, aún se registran casos de violación de derechos de esta población y además de los mencionados, aún existe discriminación racial.
Discriminación racial contra indígenas
Hablar de discriminación étnico-racial hoy en Amazonas pareciera algo imposible, tomando en cuenta que desde el gobierno nacional se habla de inclusión, integración, reconocimiento y protagonismo de los pueblos originarios. Al contrario, los aborígenes solo han tenido un carácter simbólico en el discurso y negador en la práctica.
El caso de los bomberos forestales de la comunidad indígena La Reforma, al sureste de Puerto Ayacucho, municipio Atures, estado Amazonas, se registró el pasado 10 de mayo, en medio de una reunión con la directora de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Parques (Inparques- Amazonas), donde un grupo de 10 indígenas Jivi, solicitaban algunos requerimientos para mejorar el desempeño de sus funciones, entre ellos dotación de uniformes, herramientas para combatir incendios forestales, igualmente solicitaban continuar laborando dentro de su territorio, motivado a que la funcionaria había asomado la posibilidad del cambiarlos a la ciudad de Puerto Ayacucho, donde los nativos no contaban con residencia para su hospedaje, y trasladarse diariamente implicaba varios factores.
Entre ellos, el transporte que además de costoso, no es muy recurrente y caminar desde su comunidad hasta Puerto Ayacucho, son 20 kilómetros, lo que se traduce a unas tres horas de ida y tres más de vuelta, razones por las cuales los nativos se negaron aceptar el traslado.
“Fuimos maltratados verbalmente por expresarnos en nuestra lengua materna, eso molestó tanto a la funcionaria que nos echó del lugar como animales, nos gritaba diciendo todos los indígenas son unos irracionales, hablar así es una falta de respeto hacia mí, además dijo que está prohibido hablar de esa forma en Inparques, «fuera de aquí, denuncien donde quieran que a mí nada me va pasar nada» nos dijo en reiteradas oportunidades, inclusive le faltó poco para agredirme físicamente”
Samuel Herrera Chipiaje, uno de los indígenas involucrados
Herrera afirma que se dirigieron a distintos medios de comunicación denunciando públicamente los atropellos, que para ellos son más que actos de discriminación racial. La señalada es abogada, por lo que a ellos les extraña ya que debería conocer cuáles son los derechos de los pueblos originarios.
La actual Constitución de la República de Venezuela en su artículo 9, destaca que el idioma oficial es el castellano, pero por otra parte el Texto Fundamental también consagra que los idiomas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio del país, por constituir patrimonio cultural de la Nación y la humanidad.
Una vez se denunció el atropello del que fueron víctimas estos ciudadanos, no se hicieron esperar las muestras de solidaridad de algunas organizaciones indígenas no gubernamentales a nivel regional, quienes los han apoyado en denunciar el precedente en el estado, donde trabajadores de un ente gubernamental son vulnerados con su derecho a expresarse libremente en su idioma materno y sus derechos constitucionales, además les fueron bloqueadas sus cuentas nóminas y despedidos sin justificación alguna.
La búsqueda de justicia
A pesar de no contar con los recursos económicos necesarios para gastos de transporte, ellos decidieron acudir a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y también al Tribunal Laboral, exigiendo respeto a sus derechos ancestrales y reenganche a sus puestos de trabajo.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), Asociación Civil Kape-Kape, FundaRedes, Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos (Moinaddhh) y la Organización UNUMA del Pueblo Indígena Jivi, han brindado asesoría y acompañamiento a los afectados, quienes son madres y padres de familia, que solo exigen respeto a sus derechos, no más actos por discriminación racial y derecho al trabajo.
Lourdes Chipiaje, otra de las indígenas Jivi afectada, destacó que hasta principios de octubre de 2021, el Director de INPARQUES, Jorge Alejandro Medina, no se ha reunido con ellos, tampoco el Gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, a pesar de que le han solicitado en varias oportunidades una reunión para buscar soluciones.
Tampoco el Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas (MINPI) se ha solidarizado con ellos, quienes deberían estar con los indígenas y hacer respetar los derechos de los pueblos originarios.
“Queremos que los entes competentes tomen en cuenta nuestras denuncias, basta de atropellos a los indígenas, sean de la etnia que sea, necesitamos apoyo de la autoridades locales, en Inparques están tomando represalias contra nosotros solo por denunciar, esto no debe ocurrir en el estado con mayor población indígena del país”
Lourdes Chipiaje
Martin Herrera, vocero de la organización UNUMA, destacó que han brindado el apoyo necesario para elevar la denuncia a las instancias, pero desde mayo no se ha obtenido respuestas: “Pareciera que no les importará darle solución” acentuó.
Respeto a los indígenas
La Organización de Naciones Unidades (ONU) ha establecido varios mecanismos de defensa de estos pueblos en su declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se da prominencia a los derechos colectivos de este grupo a un nivel sin precedentes en el derecho internacional de los derechos humanos.
A pesar del esfuerzo de organizaciones venezolanas e instituciones en materia indígena, aún falta mucho por hacer, esta población sigue siendo frágil en Venezuela, y desasistida por las autoridades locales y regionales. Aunque se hayan creado leyes, políticas y programas, no se vela por el cumplimiento de las mismas.
Representantes de los 21 pueblos indígenas de Amazonas están evaluando acciones para elevar la voz ante instancias nacionales e internacionales con la intención de que sus denuncias sean escuchadas y se castigue a quienes aún en estos tiempos se comportan como los españoles en los tiempos de conquista en 1492.
Esta población sigue siendo frágil, las autoridades locales hacen caso omiso ante sus denuncias. A nivel nacional se han creado leyes, políticas y programas, pero no garantizan el cumplimiento de las mismas.
Diariamente los indígenas enfrentan episodios de discriminación y una crisis humanitaria en Venezuela que les golpea su calidad de vida, afectando negativamente todos los derechos y libertades universalmente reconocidos, lastimando la vida y la dignidad de los pueblos, las comunidades y las personas indígenas.
Prensa Provea
