El estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la comisión de usuarios del comedor universitario e integrante del Sistema Nacional de Orquestas “Simón Bolívar”, John Álvarez, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el pasado miércoles 30 de agosto. Según sus familiares, John fue víctima de una desaparición forzada por más de 24 horas, la tarde del viernes 1 de septiembre fue trasladado al Palacio de Justicia, Caracas, pero su audiencia de presentación fue diferida hasta el lunes 4 de septiembre, donde le dictaron privativa de libertad.
Privativa de libertad por el caso de los 6 trabajadores
En la noche del lunes 4 de septiembre, se realizó la audiencia de presentación en la que John Álvarez fue privado de su libertad. El tribunal de Control, siguiendo órdenes desde el poder, alegó que tenía una orden de aprehensión vigente desde 2022 por los delitos de conspiración y asociación, relacionados con un caso que involucra a los 6 sindicalistas condenados a 16 años de prisión.
Revelaciones durante la audiencia de presentación
“Díganle a mi familia y a Venezuela lo que pasó”
Durante su declaración, John Álvarez describió las circunstancias en las que fue detenido, destacando que objetos personales como su moto, reloj y cadena no fueron registrados en el acta de aprehensión, lo que sugiere que fueron robados.
Álvarez relató que agentes del Departamento de Inteligencia Policial (DIP), junto con otro oficial del Departamento de Asuntos Especiales (DAE), lo obligaron a hacer una declaración frente a una cámara de teléfono celular, en la que implicaba a los ciudadanos Carlos Salazar, un sindicalista de la Coalición Sindical, y Carlos Julio Rojas, un periodista y dirigente vecinal. Se le instruyó que dijera que Carlos Salazar lo había incitado a poner explosivos en la autopista Valle-Coche, mientras que Carlos Rojas supuestamente lideraba el cierre de calles y manifestaciones en la parroquia La Candelaria.
John Álvarez fue imputado y privado de su libertad por señalamientos de informes anónimos de contrainteligencia, lo que subraya las dificultades que implica ejercer el derecho en estas circunstancias, relacionándolo a los 6 trabajadores donde el denunciante de ese caso nunca apareció.
Denuncias de torturas
El abogado Eduardo Torres que representa a John, compartió el testimonio de John mediante una carta donde narró que durante su detención fue abordado por individuos sin uniforme ni identificación. Estos individuos lo sometieron a registros y maltratos mientras lo mantenían encapuchado, antes de trasladarlo a una ubicación desconocida.
El estudiante describió que, al retirarle la capucha, se percató de que sus captores no eran delincuentes comunes, sino que eran funcionarios policiales del gobierno.
“Un funcionario que estaba detrás de él le decía «si te mueves se me dispara el fusil» fue golpeado con un bate, con un jergón de cama cubierto con fundas para que no dejara evidencias, descargas eléctricas en rodillas, costillas, testículos”
Álvarez denunció haber sido víctima de golpizas con un bate y descargas eléctricas, un trato que quedó registrado en las actas de la audiencia de juicio a la que fue sometido. Además, identificó a un oficial de alto rango como el comandante de la unidad responsable, nombrándolo como Pedro Sosa Gaviria.
El abogado Torres exigió que se inicie una investigación de manera automática y que la Fiscalía remita este caso al Ministerio Público para que se encargue de la investigación de los presuntos abusos contra los derechos fundamentales de John Álvarez.
Familiares de John exigieron a la Defensoría del Pueblo que interceda en el caso
El miércoles 6 de septiembre, los familiares y abogados de John Álvarez, instaron al Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruíz, a realizar una investigación sobre las acusaciones de torturas que el joven sufrió mientras estuvo detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), activar la Comisión Nacional contra la Tortura.
Los familiares de John reafirmaron las denuncias de tortura que fueron expresadas durante su audiencia de presentación ante un tribunal especializado en “terrorismo”. La madre de John, Wendelin Peña, subrayó la importancia de la presencia del Defensor del Pueblo, afirmando que su rol es respaldar la prevención de torturas en el caso de los ciudadanos.
Peña mencionó que durante una conversación posterior, su hijo le confesó que efectivamente había sido sometido a torturas, incluyendo golpes, descargas eléctricas. En el escrito presentado a la Defensoría del Pueblo, se reiteraron las denuncias de torturas que consistieron en “golpes con un bate cubierto con fundas, un colchón también cubierto con fundas de tela, en las piernas, glúteos y espalda. Asimismo, se aplicaron golpes con una puerta en la cabeza y descargas eléctricas en las rodillas, costillas y testículos”.
La torturas a John Álvarez forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, denunciado por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela.
Por el principio de complementariedad y mandato constitucional, estas denuncias deben investigarse. Esa investigación debe ser contra los funcionarios que realizaron la detención y ejecutaron las torturas. Contra la directiva de la Policía Nacional Bolivariana como cadena de mando, particularmente quienes tienen responsabilidad directa con la DAE y DIP de la Policía Nacional Bolivariana.
Recordemos que en la investigación en la Corte Penal Internacional se han denunciado crímenes como detenciones arbitrarias, violación/violencia sexual, persecución política, torturas y otros tratos crueles sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad, cometidas desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas pro gubernamentales/colectivos.
Descarga el escrito presentado a Defensoría aquí
John-AlvarezPrensa Provea.
