Organizaciones merideñas en conjunto con la Red Andina de Derechos Humanos (RADAR) presentan el siguiente comunicado ante la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, en la Asamblea Nacional el 24 de enero de 2023.

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Quienes suscribimos este pronunciamiento, rechazamos categóricamente este proyecto de Ley, por cuanto, no se cumplieron los procedimientos previstos para su aprobación en primera discusión y, de ser sancionado, implicaría la eliminación del espacio cívico y democrático, la vigencia de las organizaciones civiles formalmente registradas y de hecho, nacionales e internacionales, por las siguientes razones:

  1. Establece mayores limitaciones para su funcionamiento jurídico y operativo, además de las obligaciones señaladas en el Código Civil, Ley Orgánica de Registros y Notarías, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, leyes tributarias especiales y en otras normas, que las organizaciones vienen cumpliendo.
  2. Vulnera los principios de Progresividad de los Derechos Humanos, de Igualdad ante la Ley y de Irretroactividad de la Ley (arts. 19, 21 y 24 CRBV).
  3. Conculca los derechos a la libertad de asociación, de expresión y a la participación política y ciudadana en los asuntos públicos (arts. 52, 57, 62 CRBV), así como los estándares internacionales y tratados de derechos humanos vinculantes para Venezuela.
  4. Otorga al poder Ejecutivo mecanismos de control y sanción sobre las organizaciones y sus integrantes, con facultades discrecionales que restringen la labor de documentación, análisis, monitoreo, publicación de información, divulgación, solicitud de rendición de cuentas sobre las obligaciones estatales, entre otras; exponiéndolas a vigilancia permanente y a ser sancionadas por suponer compromisos a la soberanía nacional.
  5. Infringe los derechos de las personas con más riesgo de vulnerabilidad y de grupos de poblaciones claves, que son la mayoría de las beneficiarias de las organizaciones sociales, como el derecho a la privacidad, poniendo en riesgo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En consecuencia, exigimos del Estado Venezolano el respeto y garantías para continuar el trabajo de las ONG y los derechos de las personas vulnerables y las víctimas, el cese de la criminalización y persecución de las personas defensoras de los Derechos Humanos y las ONG y exigimos la no aprobación de este Proyecto de Ley.

En Mérida, 01 de marzo de 2023.

Organizaciones que suscribe:

  1. Asociación Civil por la VIDA (ASOVIDA)
  2. Asociación Civil OPENMUJER
  3. Asociación Civil NUPAZ
  4. Asociación Civil KM Inteligente.
  5. Asociación Cooperativa CARIBANA R.L.
  6. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero / Universidad de Los Andes
  7. Centro Comunitario para la Cooperación y el Aprendizaje Juventud Preventiva
  8. Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
  9. Comisión ULA Mujer
  10. Epikeia Derechos Humanos
  11. Federación de estudiantes de Derecho de Venezuela – FEDEVE
  12. FEVESOCEM (Federación Venezolana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina)
  13. Geografía Viva
  14. Grupo Andino de Rescate
  15. Liga Merideña contra el SIDA
  16. Observatorio Andino
  17. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  18. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  19. Grupo Andino de Rescate
  20. Transparencia Venezuela