En Venezuela, la infraestructura de vigilancia opera como un sistema de control autoritario de amplio alcance que trasciende tecnologías individuales y actores institucionales, esta es una de las conclusiones del informe “Los vigilantes en la mira, tecnologías para el control político en Venezuela”, presentado por Conexión Segura y Libre y el Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab), del Atlantic Council.
La investigación centrada entre octubre de 2023 y enero de 2026, inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro, revela un análisis detallado de las tecnologías de vigilancia que han sido usadas durante ese gobierno y que continúan aún hoy bajo la administración de Delcy Rodríguez: monitoreo en video, interceptación de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques.
Entre los hallazgos clave del estudio se encuentra el hecho de que el sistema de respuesta VEN911, integrado con redes de circuito cerrado de televisión (CCTV), ha servido como un arma de control político, al identificar y localizar a disidentes. De igual forma, la interceptación de telecomunicaciones a gran escala; el monitoreo de redes sociales y ciberpatrullaje; el uso de aplicaciones móviles configuradas desde el Estado como el Sistema Patria y VenApp; registros sistemáticos e incautaciones de dispositivos electrónicos en puestos de control y centros de detención; operaciones de vigilancia con drones y sofisticados ciberataques que incluyen campañas de phishing y un probable despliegue de software malicioso.
Este ecosistema de vigilancia ha costado más de mil millones de dólares y, según el análisis, permite la expansión de sistemas integrales de control autoritario que facilitan la represión sistemática de unas 27 millones de personas.
Las organizaciones investigadoras denuncian que la convergencia descrita de la videovigilancia con la interceptación de telecomunicaciones, de ciberpatrullaje con búsquedas en dispositivos, así como aplicaciones patrocinadas por el Estado y los ciberataques, crea una severa restricción del espacio cívico.
Recomendaciones
A partir de los hallazgos, el informe ofrece recomendaciones centradas en las necesidades operativas inmediatas de los sujetos más vulnerables al aparato de vigilancia de Venezuela, entre las que destacan:
- La implementación y capacitación, por parte de organizaciones de la sociedad civil, en materia de seguridad digital y antivigilancia a poblaciones vulnerables.
- Adoptar protocolos de mitigación de la seguridad y vigilancia digital de acuerdo con sus roles y actividades
- Los gobiernos democráticos deben exigir el desmantelamiento de la infraestructura de vigilancia política, así como la rendición de cuentas por los abusos documentados.
- El desarrollo, por parte de organismos multilaterales, de marcos de rendición de cuentas para proveedores de tecnología de vigilancia que posibilitan violaciones de derechos humanos.
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