El miércoles 16 de agosto de 2017 Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas vivió un día extraordinario. Desde la madrugada las detonaciones de armas largas no dejaron dormir a muchos y la noticia se extendió como pólvora entre la población: organismos armados del Estado intentaban ingresar al Centro Estadal de Detención Judicial Amazonas (CEDJA). El objetivo se cumplió a costa de masacrar a 39 internos. 39% de la población que estaba privada de libertad fue asesinada.
Los órganos armados del Estado identificados en esa operación policial militar fueron: La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana quien tenía pocos meses de actuación acumulando ya un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) adscritos al Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justica y Paz. El Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia (GRIC) adscrito al Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, la Guardia Nacional Bolivariana a través del Comando Nacional Antisecuestro (CONAS)
A tres años y diez meses de la masacre los familiares y amigos de las personas fallecidas se cansaron de esperar por un pronunciamiento del Estado con respecto a las solicitudes para el esclarecimiento de los sucesos. Denuncian la impunidad. La falta de voluntad del Estado para garantizar justicia.
Realizaron una petición a través de la Oficina de Derechos Humanos (DDHH) del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Sin embargo, desde esa organización de derechos humanos informaron que para el momento hicieron una asesoría y acompañamiento a los familiares de los fallecidos y coordinaron con el Observatorio Venezolano de Prisiones, quienes habían visitado el centro unos meses antes
Leonicio Garrido, padre de uno de los reclusos muertos. Tres años después indica que “luego de recibir la asesoría en derechos humanos, nos dirigimos a las oficinas de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía del Estado, donde solicitamos una averiguación sobre lo que pasó allí pasó”.
“Ya perdí las esperanzas, los familiares nos reunimos y decidimos dejar eso en manos de Dios” expresó Garrido, quien, mientras veía una fotografía de su hijo y con lágrimas en los ojos, agregaba “ya no tengo razón de vivir, ya las cosas las hago por hacerlas. En menos de tres meses me mataron a dos de mis hijos. Al gordo (asesinado en una calle de Puerto Ayacucho) me lo mataron en mayo y al negro (Lioniger, estaba en el CEDJA) en agosto”.
De igual manera, la señora Adelaida Payema, madre de otro recluso del CEDJA, dijo que ya no quería saber nada de las instituciones donde solicitaron justicia. “Yo boté el papel que entregamos. Ya no creo en nadie del gobierno. Ellos me mataron a mi hijo y no me lo van a revivir”.
“Ya tengo casi cuatro años yendo a ver al Chino (fallecido) al cementerio. Ahí, donde enterramos a casi todos los que mataron cuando los masacraron en el CEDJA. Algunos pudimos reconocer a nuestros familiares, pero a otros los enterramos sin poder verlos, porque las bombas los destrozaron y los metieron en pedazos en las urnas”, dijo Payema.
Ambas personas consultadas sobre los hechos, afirman que fue planificado, “lo que ocurrió ahí fue una masacre. Ya se habían rendido los muchachos (presos) y estaban esperando para entregarse, pero los policías entraron con una sola meta, matarlos a todos”, expresó Garrido.
¿Qué pasó el 16 de agosto de 2017?
Era miércoles en la madrugada, cuando el gobierno nacional decidió ingresar al principal recinto carcelario de Puerto Ayacucho, Capital del Estado Amazonas, el Centro Estadal de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA), construido durante el tercer periodo de gobierno del entonces gobernador Liborio Guarulla. En el sitio estaban recluidas, oficialmente, 100 personas, distribuidas entre procesados y sentenciados.
En operativo policial- militar la madrugada de ese miércoles, se empezaron a oír disparos y explosiones dentro del centro de reclusión. La situación presentada alarmó a los vecinos que viven en las adyacencias.
Al ingresar, enfrentaron a los reclusos con armas largas y lanza granadas, dejando un resultado de 39 fallecidos, todos pertenecientes a la población carcelaria. De fotos registradas por reporteros se pudo identificar que contra los presos fueron usados fusiles R15, fusiles Kalashnikov. Sobrevivientes también denunciaron días después, que se lanzó contra los presos granadas y un número considerable de bombas lacrimógenas. Mientras ocurría el hecho, los familiares fueron acercándose en las cercanías, razón por la cual, se acordonó un perímetro de dos cuadras a la redonda para mantener a salvo a los civiles y residentes cercanos al sitio.
El CEDJA está ubicado al lado de la Comandancia General de la Policía del Estado Amazonas, en la avenida Orinoco, a 200 metros del Aeropuerto Cacique Aramare de Puerto Ayacucho.
Angustia y desesperación
En el transcurso del enfrentamiento entre policías y presos, los gritos se escuchaban a metros del CEDJA, eran los familiares de los reclusos, quienes desesperadamente, pedían información sobre la situación. Algunas madres o hermanas se desmayaban, pensando en el destino que tendrían sus allegados que estaban dentro de la cárcel.
Las siguientes horas fueron de horror en la ciudad, la morgue del Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, estuvo abarrotada de cadáveres, fuera de ella, un río de personas que desesperadamente buscaban a su familiar entre los restos humanos que llegaban apilados en las ambulancias y vehículos de los organismos de seguridad del estado venezolano.
De los cadáveres que llegaban a la morgue, algunos estaban enteros, otros mutilados e irreconocibles, por lo que algunos familiares tuvieron que esperar para entrar y verificar la identidad de algunos fallecidos.
El Obispo de Puerto Ayacucho Monseñor Jonny Reyes expresó días después resumiendo lo ocurrido con las siguientes palabras: “Es una situación de tragedia y grave porque se trata de vidas humanas que han sido masacradas de una forma planificada. Porque cuando contratas equipos comandos o grupos comandos para que vengan, mate y se vayan. Es una cosa planificada”
Versión oficial
Al día siguiente, el 17 de agosto, en un acto realizado en el Aeropuerto Cacique Aramare de Puerto Ayacucho, el ministro de Interior, Justicia y Paz del momento, Néstor Reverol, afirmaba “lo que se presentó el día de ayer en el retén policial fue un hecho irregular que está bajo la administración y custodia de la administración de la gobernación del estado. Allí se presentó una situación violenta entre los privados de libertad y hubo necesidad de que las fuerzas policiales y la fuerza armada nacional, entre ellas, la Guardia Nacional Bolivariana, de ingresar y actuar, debido a la falta de control y desbordada la situación por parte del control de la policía del estado”.
Agregaba el ministro Reverol “las fuerzas del orden tuvieron que actuar y fueron recibidos con armas largas de fuego y más de 20 granadas que trataron de contener la situación violenta”.
Destacó el titular del Interior, Justicia y Paz que fueron heridos por arma de fuego 15 funcionarios, tanto policiales como militares; uno de ellos en condiciones críticas, que ameritó el traslado al Hospital Militar de Caracas porque recibió un disparo en la cabeza. En cuanto a los reclusos, Néstor Reverol informó que hubo un saldo de 37 fallecidos en el interior del recinto carcelario. En sus declaraciones, aseguró que de acuerdo a informaciones previas, el líder negativo del CEDJA, Roberto Antonio Martínez Orozco, había ejecutado a los presos que se querían entregar a las autoridades.
En su momento la organización de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones denunció: “Todas las informaciones recopiladas indican que no hubo por parte de las fuerzas policiales y militares que intervinieron ningún interés en evitar la toma violenta. No se agotaron mecanismos alternativos al uso de la fuerza. El mismo hecho que la operación policial-militar se haya iniciado a las nueve de la noche es una muestra de ello. No hubo notificación a la Defensoría del Pueblo y por lo tanto no se pidió su intervención para mediar. No se hizo ningún esfuerzo por convocar a los sectores de iglesia que visitaban a los reclusos y podían incidir en ellos para que se no hubiese enfrentamiento. No se realizó ningún esfuerzo para que de la misma manera interviniera en Ministerio Público.
Familiares también denunciaron que los presos lograron comunicarse con algunas autoridades e informarles el propósito de rendirse, sin embargo, no se prestó atención a ese llamado.
Cierre y rehabilitación
Han pasado 162 semanas desde lo ocurrido y del anuncio del cierre del CEDJA para su recuperación y rehabilitación, dicho por el ministro Néstor Reverol, que aseguró la colocación de un nuevo régimen penitenciario y que se le entregaría al Ministerio de Asuntos Penitenciarios en las semanas siguientes de la toma del centro.
Hasta la fecha, a la infraestructura del CEDJA se le hicieron reparaciones y se pintó, pero no ha entrado en funcionamiento, ha estado sin uso desde entonces.
Versión del Gobernador
El 17 de agosto de 2017, Liborio Guarulla, Gobernador de la entidad, calificó lo ocurrido en el interior del CEDJA fue un genocidio, donde actuó un grupo élite de choque del gobierno nacional. “Arremetieron contra ellos con las armas más sofisticadas y han dejado este lamentable saldo de 37 reclusos asesinados y que enlutan a muchos hogares amazonenses”.
Asegura Guarulla que el gobierno no tenía intenciones de desarmarlos ni de hacer requisa, “la intención era otra que no voy a explicar. Lo que voy a destacar es que a estos reclusos, el Estado Venezolano está en la obligación de protegerlos porque estaban amenazados por la guerrilla en cometer una masacre, que no lo hizo la guerrilla, pero lo hizo el gobierno nacional”.
El entonces mandatario llamó irresponsable al ministro del Interior Justicia y Paz, por responsabilizar a Liborio Guarulla del descontrol que había en el CEDJA. Agregó el mandatario amazonense, que para ese momento la Policía de Amazonas ya tenía 4 años intervenida por el gobierno nacional.
En la actualidad, a los detenidos, procesados y sentenciados los distribuyen en celdas pequeñas de los diferentes organismos de seguridad como el CICPC, PoliAmazonas, Policía Nacional, Policía Municipal, CONAS, Comando de Zona Nro. 63 de la GNB, entre otros. En algunos de los sitios presentan hacinamiento, escabiosis, desnutrición y enfermedades respiratorias.
Hay que destacar que la masacre ocurrida en el Centro de Detención se produjo en un contexto en el cual tanto la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han considerado que hay suficientes motivos razonables para considerar en Venezuela se han perpetrado crímenes de lesa humanidad desde 2017.
Las investigaciones sobre la masacre no se han realizado ni contra autores materiales ni la cadena de mando. No debe olvidarse que el operativo policial militar tuvo como cadena de mando a el general Néstor Reverol para el momento ministro de Relaciones Interiores, el Comisario general del CICPC Wilfredo Vargas Ferrer, el Comisario Investigaciones del CICPC Argenis Castillo, la ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios Mirelys Contreras Moreno, el general GNB Eduardo Peña, el director de las Faes para el momento Rafael Bastardo. Para la fecha que se produjo la masacre los directores de la policía estadal designados por el Ministro del Interior eran: Wilfredo Antonio Vargas Ferrer, Director General y Gustavo Giovanny Prada Romero, como Sub Director.
Cada uno de esos funcionarios deberá ser investigado para establecer el grado de responsabilidad que pudiesen tener en el asesinato de los 39 privados de libertad.
Prensa Provea
