El Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha presentado su segundo informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Este martes 16 de mayo, desde una rueda de prensa en La Haya, Países Bajos, los miembros del panel, Santiago Cantón y Joanna Frivet, revelaron sus alarmantes conclusiones sobre las reformas institucionales en Venezuela, las cuales perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas. En la sesión se reiteró la necesidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tome medidas.
Según el último informe del Panel, las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en su mayoría superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis. El informe expresa profunda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables de la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad a niveles altos. Esto refleja una falta sistemática de voluntad política genuina para responsabilizar a los funcionarios estatales, especialmente a aquellos de alto nivel, por los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
En este sentido, el Panel destacó dos casos emblemáticos en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones que los involucran directamente en la reforma institucional y en la relación del Estado con la CPI.
El embajador de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos y tribunales internacionales en La Haya, Calixto Ortega, y el expresidente de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, son considerados personas que podrían tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI.
Según Joanna Frivet: “El panel ha concluido que las víctimas venezolanas continúan en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones”.
El Panel emitió una recomendación al Fiscal de la CPI, Karim Khan, para que se enfoque en los responsables de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional en Venezuela, debido a la falta de voluntad y capacidad del Estado venezolano de poner fin a la impunidad.
Santiago Cantón, miembro del panel, afirmó: “En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el Gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad”.
Las principales conclusiones del informe del Panel demuestran que las reformas introducidas por Venezuela son insuficientes en áreas como la erosión del sistema judicial, la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas y la falta de derechos sustantivos para las víctimas.
Creación y pronunciamientos
El Panel de Expertos Internacionales Independientes, nombrado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, está conformado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón de Argentina, Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Irwin Cotler de Canadá y la más reciente incorporación, Joanna Frivet de Mauricio.
El Panel emitió su primer informe el 29 de mayo de 2018, indicando que había una base razonable para considerar como crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, los actos perpetrados contra la población civil de Venezuela, desde al menos el 12 de febrero de 2014.
Estos actos incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas.
El Grupo recomendó al Secretario General de la OEA remitir el informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e instó a los Estados Partes en el Estatuto de Roma a solicitar el inicio de una investigación sobre la situación en Venezuela.
Puede descargar el informe completo aquí
Informe_2023-ES
