Los jueces de la Corte Penal Internacional han rechazado la petición del gobierno de Nicolás Maduro de responder al reciente informe de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que implicaba acceder a información confidencial de quienes denunciaron. Los jueces aseguran haber recibido toda la documentación necesaria para comenzar a evaluar la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación Venezuela I, y a tomar una decisión al respecto.
La solicitud del gobierno de Maduro carecía de posibilidades de éxito y se trataba de una táctica dilatoria para retrasar la decisión de los jueces sobre la reanudación de la investigación Venezuela I por crímenes contra la humanidad.
Los jueces han argumentado dos razones principales para rechazar la petición del gobierno de Maduro: En primer lugar, los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder.
El gobierno de Maduro había alegado que el informe de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la CPI (VPRS) planteaba nuevas cuestiones que no pudieron haber anticipado razonablemente. También, señalaron que el informe presentaba hechos sobre supuestas víctimas que pudieron haber sido objeto de investigaciones internas o incluso los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas.
Esta petición de Maduro argumentaba que podía ser que los hechos no hubiesen sido reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela, lo que haría necesario que el Gobierno “responda en detalle cada uno de esos alegatos”. Sin embargo, los jueces consideraron que los alegatos del gobierno de Maduro eran de naturaleza amplia y no identificaban de manera persuasiva ningún aspecto específico del Informe de la VPRS que requiriera una respuesta por parte de Venezuela.
En segundo lugar, para los jueces la respuesta de un Estado al informe de las víctimas no está prevista por el marco jurídico de la CPI en esta etapa. Es decir, las normas de la Corte Penal Internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el Gobierno “responder en detalle a cada una de estas alegaciones” de las víctimas.
Los jueces recuerdan que las víctimas participan como “potenciales víctimas” lo cual significa que no han sido reconocidas como víctimas y, por tanto, no son parte del proceso en este momento. Por esta razón, el informe de las víctimas no es una “respuesta” que pueda ser controvertida por el Estado.
En consecuencia, la Corte decidió que no concederá a Venezuela dicha autorización en el presente caso. La Sala ya ha recibido todas las informaciones relevantes que había establecido y previsto en su Orden sobre la Conducción del Procedimiento, incluido el Informe VPRS (Sección de Participación y Reparación de las Víctimas CPI).
Las alegaciones de Venezuela son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva ningún aspecto específico del Informe de la VPRS que requiera una respuesta por parte de Venezuela. Además, el Informe de la VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las víctimas potenciales. En esta fase, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el procedimiento, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la fase actual.
En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir ninguna información adicional de Venezuela ni de ningún otro participante en este procedimiento. Habiendo recibido todos los escritos pertinentes, la Sala procederá a analizar la solicitud de reanudación de la investigación y a tomar una decisión al respecto.
Puede descargar la respuesta de los Jueces a la petición del Gobierno venezolano aquí, disponible solo en inglés.
Abrumador apoyo de las víctimas
El pasado viernes 21 de abril, la Sección de Participación de las Víctimas de la CPI difundió el informe, versión pública, con las opiniones y testimonios de las víctimas sobre la Consulta por la Investigación de la Fiscalía de la CPI.
En esta Consulta, 8.900 víctimas apoyaron abrumadoramente la reanudación de la Investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I. Los testimonios advirtieron a la Corte Penal que el Gobierno de Maduro no está dispuesto a investigar y a juzgar genuinamente los crímenes.
¿Cuáles fueron las observaciones de las víctimas con respecto a la solicitud de reanudar la Investigación?
Las opiniones e inquietudes de las víctimas, con respecto a la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación, incluyen que:
- Se necesita una investigación urgente por parte de una corte internacional imparcial porque los procedimientos internos no son genuinos;
- La CPI debe llevar a los perpetradores ante la justicia, ya que en Venezuela los principales responsables de la comisión de crímenes están resguardados de la responsabilidad penal;
- La investigación de la CPI es vista como una oportunidad única para que las voces de las víctimas sean escuchadas, descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a las víctimas, poner fin a la impunidad y prevenir futuros crímenes;
- Con respecto al alcance de la investigación, además de los delitos mencionados en la solicitud del Fiscal, las víctimas narraron un gran número de casos de delitos de asesinato y desplazamiento forzado;
- Los casos de asesinatos incluyen aquellos cometidos en el contexto de manifestaciones contra el Gobierno, las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos que suceden durante la detención que resultan, mayormente, debido a torturas excesivas, las malas condiciones de detención o a falta de tratamiento médico;
- Los casos de desplazamiento forzado incluyen a víctimas que tuvieron que salir de Venezuela debido a la crisis humanitaria y a la persecución política, incluyendo los que fueron impedidos de ejercer su profesión; detenidos arbitrariamente; despojados de sus ciudadanías o identidad; desalojados de sus hogares, entre otros.
- Un gran número de víctimas afirmó que la negativa de Venezuela a pagar pensiones de jubilación a opositores, así como las sumas irrisorias pagadas al resto de la población jubilada, equivale a crímenes de lesa humanidad;
- Muchas víctimas también denunciaron torturas y crímenes sexuales y por motivos a de género.
Caso Venezuela I
Recordemos que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Corte la reanudación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad, que incluye: Desaparición forzada, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que fueron cometidos como parte de un ataque sistemático contra la población. Venezuela I es la Investigación en la Corte Penal Internacional sobre estos crímenes, al menos desde 2017.
El 3 de noviembre del 2021, el Fiscal de la CPI abrió una investigación (actualmente paralizada) sobre la situación de Venezuela I tras una solicitud hecha por un grupo de Estados Parte al Estatuto de Roma el 27 de septiembre de 2018. El grupo de Estados remitentes pidieron al Fiscal que investigara los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la CPI cometidos por las autoridades venezolanas desde el 12 de febrero de 2014.
La solicitud de la Fiscalía se centra en los crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias, torturas, violación y/o otras formas de violencia sexual y la persecución por motivos políticos contra personas detenidas, cometidas desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas pro gubernamentales/colectivos.
Puede descargar la respuesta de los Jueces a la petición del Gobierno venezolano aquí, disponible solo en inglés.
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