Este lunes 1 de diciembre, durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el cierre de su oficina en Caracas. El Fiscal Adjunto, Mame Mandiaye Niang, informó que no hubo “progreso real” en los esfuerzos de complementariedad y que, ante la falta de resultados concretos, la oficina cesará sus actividades. Al mismo tiempo, reafirmó que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece activa y centrada en la responsabilidad penal individual.
El cierre confirma lo que distintos mecanismos internacionales han advertido durante años: en Venezuela no existen condiciones para que el sistema de justicia investigue, sancione y repare crímenes competencia de la Corte, entre ellos detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Niang destacó que la decisión también responde a la necesidad de gestionar adecuadamente los recursos de la Fiscalía, que no pueden destinarse a una oficina donde no hay voluntad estatal de avanzar. La medida abona las tensiones entre el Estado venezolano y los organismos internacionales de derechos humanos, en un contexto marcado por la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, posteriormente retomada con un solo funcionario, y por las amenazas del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de retirar a Venezuela del Estatuto de Roma, lo que refleja un deterioro sostenido de la cooperación internacional.
Un intento fallido
La oficina instalada en Caracas en 2023 nunca tuvo facultades para investigar. Su función era prestar asistencia técnica y acompañar la adecuación de las normas e instituciones venezolanas al Estatuto de Roma, con el objetivo de que los crímenes denunciados pudieran ser investigados por el propio Estado.
Ese objetivo no se cumplió.
Desde 2022, la Fiscalía había advertido que la complementariedad estaba llegando a un límite por la ausencia de reformas legales, la falta de medidas reales para investigar a los responsables y la nula capacidad institucional para procesar crímenes de lesa humanidad en el país.
El funcionamiento de la oficina también estuvo rodeado de opacidad. Su creación se formalizó mediante un memorando de entendimiento confidencial y, durante dos años, solo se conocieron referencias mínimas en los informes anuales del Fiscal. No hubo información detallada sobre las actividades realizadas ni participación de la sociedad civil en procesos que buscaban transformar políticas públicas de justicia.
En paralelo, el deterioro del Estado de derecho fue profundizándose. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la represión provocó cerca de 2.400 detenciones arbitrarias, en un marco de graves violaciones denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales.
Tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal han advertido que el poder judicial venezolano carece de independencia. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos afirmó en septiembre de 2024 que “los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo”, dejando a la ciudadanía en total desprotección frente al uso arbitrario del poder.
En estas condiciones, una oficina destinada a apoyar reformas judiciales no tenía margen real para cumplir su propósito.
Un desafío para la CPI y un mensaje para la comunidad internacional
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional deberá evaluar si los esquemas de cooperación y asistencia técnica para desarrollar el principio de complementaridad son viables en Estados donde el aparato de justicia forma parte del aparato represivo y contribuye a la comisión de los crímenes bajo examen.
Venezuela es un caso emblemático de este dilema.
El cierre de la oficina también envía un mensaje claro a la comunidad internacional: la cooperación técnica no sustituye la voluntad política, y cuando esta no existe, el escrutinio internacional debe reforzarse.
Situación Venezuela I: investigación activa y bajo vigilancia
Pese al cierre de la oficina en Caracas, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Más de 8.000 testimonios de víctimas han sido recabados, y el expediente continúa avanzando con la recolección de pruebas y el trabajo de equipos especializados desde La Haya.
Las víctimas y grupos de víctimas continuaron enviando información a la Fiscalía de la CPI. Así, entre 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025 remitieron un total de 164 formularios con nuevas informaciones sobre crímenes de competencia de la CPI.
La persistencia de las víctimas acompañadas por organizaciones de derechos humanos ha sido fundamental para el avance de las investigaciones por parte de la fiscalía y nos acerca a que los responsables de los crímenes rindan cuentas ante la justicia.
A pesar de los retardos y tiempos de la Corte, la investigación sigue su curso. La responsabilidad penal individual continúa en el centro. Y la atención internacional permanece sobre Venezuela.
