English Spanish

Apenas una semana y tres días han transcurrido desde que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet, concluyó su visita al país, y dos graves violaciones de derechos humanos dejan nuevamente al desnudo, la feroz maquinaria represiva de la dictadura de Nicolás Maduro.

El sábado 29 de junio se conoció el asesinato bajo torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido desde el viernes 21 de junio en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tras ser vinculado junto a otros 12 militares de participar en una conspiración para desalojar a Maduro del poder. Acosta Arévalo fue presentado ante un tribunal militar de Caracas, donde habría denunciado a su abogado que estaba siendo torturado por los funcionarios de la DGCIM, horas después falleció debido a su deteriorado estado de salud.

Este lunes 1 de julio, durante una protesta en demanda del servicio de gas doméstico realizada en la población de Tariba, en el estado Táchira, el adolescente Rufo Antonio Chacón Parada (16) perdió ambos ojos luego de recibir un impacto de perdigones disparado a quemarropa por un funcionario de la Policía del estado Táchira. El adolescente participaba en la manifestación pacífica junto a otros residentes del sector, quienes decidieron cerrar la autopista para reclamar las constantes fallas en el servicio de gas en la región. La protesta fue dispersada de manera violenta por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana; Policía Nacional Bolivariana y Policía del estado Táchira.

Luego de resultar herido, Chacon Parada fue trasladado al Hospital Central de San Cristobal, donde un parte médico difundido por el doctor Luis Ramírez, director de la Corporación de Salud del estado Táchira, confirmó la pérdida de ambos ojos, la ausencia de daño en la masa encefálica y la realización de una intervención quirúrgica de emergencia.


Tarek William Saab, informó que por el hecho fueron detenidos los efectivos de Politáchira, Javier Useche Blanco y Henry Ramírez Hernández. Añadió que fue nombrado el fiscal 16 de Familia y el fiscal 20 de Derechos Humanos para investigar lo ocurrido.

Provea lamenta y condena enérgicamente estos hechos y recuerda que, tal como lo afirmó el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en agosto pasado, en Venezuela se ha instalado un patrón sistemático y generalizado de abusos contra los Derechos Humanos, dirigido a castigar severamente el disenso e infundir terror en la población. El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra la población civil ha generado decenas de muertes y graves lesiones a manifestantes pacíficos y demuestra el enorme déficit institucional para frenar los abusos, que por el contrario, son alentados por altos funcionarios del Estado venezolano.

Lo ocurrido este lunes recuerda el caso de la joven Geraldine Moreno, asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana durante una manifestación realizada el 19 de febrero de 2014 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Moreno recibió un impacto de perdigones disparados a quemarropa contra su rostro. Las heridas sufridas generaron un severo daño del que la joven no pudo recuperarse. Geraldine Moreno falleció el 22 de febrero de 2014 luego de ser sometida a una operación que se prolongó por 8 horas.

Provea recuerda que los Principios Básicos de la Organización de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establecen que los funcionarios deberán emplear –en la medida de sus posibilidades- medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego, estableciendo que su uso se justifica solamente cuando otros medios resulten insuficientes para reducir la amenaza. Igualmente los Principios destacan que este empleo de la fuerza se debe ejercer con moderación y en “proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga”, reduciendo al mínimo los daños y las lesiones y respetando la vida humana. En situaciones como la ocurrida en Táriba este lunes, es claro que el empleo de la fuerza policial y militar en el país esta dirigida a causar el máximo daño posible contra los manifestantes. Por lo que estos hechos, lejos de ser casos aislados, forman parte del patrón represivo acertadamente descrito por la Oficina del Alto Comisionado.

En los últimos años el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha estado severamente amenazado por violaciones del derecho a la vida; integridad y libertad personal realizados por agentes del Estado, lo que muestra la inexistencia de una política democrática de control del orden público.

Un total de 8.036 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 y 2018. Tras la alarmante cifra hay rostros y vidas que fueron cambiadas por la represión. 

 

 
Cifras de heridos en el contexto de manifestaciones
Período Nro. de heridos
Octubre 2001 – Septiembre 2002 53
Octubre 2002 – Septiembre 2003 60
Octubre 2004 – Septiembre 2005 49
Octubre 2005 – Septiembre 2006 113
Octubre 2006 – Septiembre 2007 536
Octubre 2007 – Septiembre 2008 265
Octubre 2008 – Septiembre 2009 538
Octubre 2009 – Septiembre 2010 368
Octubre 2010 – Septiembre 2011 273
Enero – Diciembre 2012 195
Enero – Diciembre 2013 316
Enero-Diciembre 2014 1.032
Enero – Diciembre 2015 128
Enero – Diciembre 2016 245
Enero – Diciembre 2017 3.802
Enero – Diciembre 2018 63
Total 8.036

El empleo excesivo de la fuerza contra los manifestantes, sumado a la ausencia de una política integral de reparación a las víctimas de violaciones a la integridad personal y mecanismos de rendición de cuentas, mantiene en la impunidad a la casi totalidad de casos y somete a sufrimientos físicos y psíquicos a centenares de personas que aún padecen las consecuencias de los daños infligidos sin contar con atención alguna por parte del Estado venezolano.