Amnistía Internacional publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2023, en el que describe los principales tópicos y situaciones de gran vulnerabilidad en diversos países, alertando que el mundo está al borde del colapso del derecho internacional.
La organización denuncia que en Venezuela siguen las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja como la regresión de derechos sociales, represión a la disidencia, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones. Ubicando al país, y al gobierno de Nicolás Maduro, en el ojo de diversos organismos internacionales.
El informe advierte sobre el crítico escenario económico como la inflación y una alarmante falta de poder adquisitivo para comprar los bienes y servicios básicos que siguen provocando una profunda crisis humanitaria que afecta a la mayoría de la población, especialmente la que vive fuera de la capital, Caracas. El gobierno y parte de la oposición iniciaron negociaciones políticas, y en octubre habían acordado ciertas condiciones en relación con las elecciones de 2024.
La precariedad en los derechos sociales como la falta de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica. Al concluir el año seguía sin implementarse el acuerdo humanitario conocido como “Mesa Social” que el gobierno y la oposición habían firmado en 2022. El acuerdo establecía la creación de un fondo humanitario gestionado por la ONU para atender las cuestiones urgentes relacionadas con la salud, la educación y los servicios de electricidad, con recursos procedentes de los activos venezolanos confiscados en el exterior.
Sobre los derechos civiles y políticos, continuó la política de represión aplicada por el gobierno. Quienes pertenecían —o se consideraba que pertenecían— a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos.
El espacio de la sociedad civil estaba constantemente bajo ataque. En enero, la cámara legislativa entabló un debate sobre un proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las ONG y supervisar su actuación y financiación. El texto propuesto, que restringía aún más las actividades de las organizaciones y permitía al gobierno disolver las asociaciones de forma unilateral, seguía pendiente al concluir el año.
Grupos vulnerables como las mujeres y las niñas seguían teniendo problemas para acceder a alimentación, agua y saneamiento adecuados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró que la compleja situación humanitaria que se prolongaba desde 2015 había afectado de forma diferenciada a las mujeres —que se habían visto abocadas a la dependencia económica en relaciones de malos tratos y a un mayor riesgo de sufrir violencia de género— y a las niñas.
A continuación, el informe completo aquí:
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