Los reclamos por los derechos laborales han desplazado en número otros motivos de protesta que fueron una constante en el país, incluso las que exigen medicamentos y comida. En octubre de 2018, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.418 manifestaciones en general, de las cuales 553 fueron para exigir derechos laborales, solo superado por poco por demandas de servicios (571). Como es de suponerse, en el estado Bolívar se está dando la mayor cantidad de estas protestas, pues allí están ubicadas las empresas básicas del Estado que concentran la mayor fuerza laboral y sindical del país. ¿Qué llevó al grueso de trabajadores a la calle? Como ha ocurrido con todos los demás derechos en Venezuela, los que amparan a este sector de la población han sido vulnerados gravemente en los últimos meses por un gobierno encabezado por alguien que, irónicamente, se autodefine como “presidente obrero”.
Marino Alvarado, abogado y activista de derechos humanos, miembro de Provea desde 1996, ha hecho seguimiento desde esa organización a la situación de los derechos laborales en el país durante años, lo que le ha permitido identificar los factores que han conducido a su progresivo deterioro. Como parte del trabajo en este ámbito, el 6 de diciembre Provea junto con abogados y sindicalistas presentaron ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas el caso del encarcelamiento de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera, uno de los casos más recientes de las sistemáticas y generalizadas detenciones arbitrarias en Venezuela y un ejemplo del asedio a la clase trabajadora.
―En los últimos meses se ha observado un desbordamiento del descontento de trabajadores. ¿Cuáles son las razones que influyen en esta situación?
Hay tres aspectos clave que motivan la movilización de calle de los trabajadores: el tema salarial que está dado en dos aspectos: el aumento de salario y la exigencia de que se respeten los tabuladores tanto del sector público como el privado; el segundo reclamo es que se cumplan las demás cláusulas de las convenciones colectivas como implementos de seguridad, garantías de servicios de salud para trabajador y familia, entre otros aspectos, y el otro reclamo tiene que ver con el ejercicio de la libertad sindical, algunas protestas que se han desarrollado por el hostigamiento a los dirigentes sindicales, por ejemplo es el caso de los trabajadores del Metro de Caracas, de Pdvsa con acosos a quienes son críticos con el gobierno y con la gestión propia de la estatal.
―Sin embargo, parece que poco se ha logrado con esa presión de calle, pues las manifestaciones no cesan, son diarias desde hace meses…
Sí, porque frente a esos reclamos la respuesta del gobierno no ha sido nada democrática ni justa porque, por ejemplo, a los tabuladores salariales no le ha prestado atención y ha impuesto tabuladores de manera arbitraria, y aunque las convenciones colectivos no están formalmente eliminados porque es derecho establecido en la Constitución en la práctica no se están respetando. Por otro lado, las respuestas que han tenido los trabajadores son ofensivas, se despide a sindicalistas o se les suspende en algunos casos, incluso irrespetando el fuero sindical, se persigue a trabajadores y se les encarcela. En el caso más reciente de Ferrominera ellos este año han desarrollado varios conflictos, incluidas dos huelgas, el punto central ha sido la exigencia del respeto a la contratación colectiva, pero la respuesta fue encarcelar al principal dirigente de ese sindicato y a otros 9 trabajadores de la empresa; en el caso de Caracas, por ejemplo, están las enfermeras que exigieron durante semanas aumento salarial y automáticamente se les amenazó y algunas fueron despedidas, es una respuesta intransigente, así como el caso de una dirigente sindical del Metro de Caracas, pero también hay que decir que algunos patrones privados han irrespetado las convenciones, no ha sido algo exclusivo del sector público. Y está sucediendo que la Inspectoría del Trabajo no está haciendo su trabajo para garantizar el fuero sindical, que es una prerrogativa de los sindicalistas, pues debe haber un procedimiento administrativo previo a que sean despedidos, la Inspectoría se está tardando mucho en evaluar los casos y en tomar una decisión, y además una vez que la toma no hace cumplir esa decisión, por ejemplo en el caso de los reenganches tanto de trabajadores como de sindicalistas, no hace el menos esfuerzo para que eso sea respetado, lo que conlleva a una mayor indefensión porque los trabajadores tampoco cuentan con una Defensoría del Pueblo que los defienda ni con la Inspectoría del Trabajo.
―Sorprende que esto ocurra en un gobierno encabezado por un “presidente obrero” rodeado de personas en su gabinete que, al igual que él, lideraron la lucha sindical en el pasado
En el gabinete de Maduro hay tres ex sindicalistas: el propio Maduro, Eduardo Piñate, que viene del gremio docente durante muchos años y es el actual ministro del Trabajo, y Aristóbulo Istúriz, que también fue dirigente gremial, entonces estamos en un gobierno que tiene ex dirigentes sindicales persiguiendo y encarcelando a trabajadores y a dirigentes sindicales. Piñate hace apenas pocos años era uno de los principales representantes de los trabajadores del sector educativo.
―¿Cuáles derechos son actualmente vulnerados al sector laboral venezolano?
Varios, el derecho al salario, el derecho a ejercer libertad sindical, el derecho a la justicia, a la asociación, porque no se trata solo persiguen a los sindicalistas sino que obstaculizan la labor de las organizaciones sindicales, y se están violando las convenciones colectivas.
―Es un zarpazo a las conquistas de los trabajadores. ¿Cómo califica la actitud del gobierno frente al tema laboral?
Aplica una política antilaboral que ya venía con el gobierno de Chávez, incluso desde sus inicios, recordemos esa frase emblemática que dijo en el año 2000: “Hay que lanzarle un misil a la CTV”, eso exhibe la actitud del gobierno ante el movimiento sindical, y también los más de 37 trabajadores de Guayana (Venalum, Ferrominera, entre otras) que fueron despedidos y encarcelados en su época, sometidos a procesos judiciales por años y luego liberados con régimen de presentación. Ahora con Maduro lo que ha sucedido es que se ha acentuado la represión contra el movimiento sindical, es una ofensiva de gobiernos que se definen como populares pero que sus prácticas son antipopulares y antiobreras.
―En todos estos años de chavismo/madurismo el gobierno contuvo a los trabajadores del sector oficial recurriendo desde el otorgamiento de beneficios hasta la coacción, pero este año y sobre todo en los últimos meses una parte importante la conflictividad en las calles, pese a las represalias, está representado de entes y empresas dependientes del gobierno
Durante muchos años el gobierno instauró una política de miedo en el sector público, amenazando con despidos a aquellas personas que tuvieran algunas simpatías con sectores de oposición o por reclamar sus derechos, obligaba a sus empleados a ir a sus actos, marchas, concentraciones y otras actividades, poco a poco en la medida en que se fue desbordando el descontento general también se fue dando una rebeldía generalizada en el sector público con la pérdida del miedo a pesar de los despidos. La misma situación socioeconómica motivó eso y a pesar de que buena parte de los sindicatos en ese sector los maneja el chavismo los trabajadores han rebasado a esos dirigentes, han protestado incluso organismos emblemáticos como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central de Venezuela, el Seniat, y algunas alcaldías oficialistas como la de Caracas, y se han incorporado otros sectores a las protestas como los bomberos, Protección Civil, algunas compañías como Cantv, cuyo sindicato hasta hace poco era progobierno –se define chavista, pero no madurista– y Corpoelec, en todos la causa fundamental es el deterioro en la calidad de vida que no les deja más alternativa que sumarse a las protestas.
―La reciente detención arbitraria de Rubén González, líder sindical de Ferrominera, y de otros trabajadores de esa empresa enviados a prisión es una muestra de la intolerancia del gobierno a cualquier expresión de reclamo a sus medidas. Como han dicho ustedes en Provea, un presidente obrero que encarcela a obreros
En el caso de Rubén González hay una grave violación cuando se le procesa ante la justicia militar, aunque no debería ser procesado ante ninguna justicia porque no ha cumplido ningún delito, ni él ni los otros 10 trabajadores de Ferrominera que fueron enviados a la cárcel de El Dorado por protestar en el portón de la empresa. González está en la sección de procesados militares, junto con oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas, incluso algunos son presos políticos. Es la segunda vez que es enviado a prisión, antes estuvo preso 15 meses, se le abrió un proceso judicial que duró cinco años, dos de ellos en Caracas, tenía que trasladarse mensualmente a tribunales y luego se le dictó libertad plena, un completo atropello. Pero en su caso, además, hubo un dictamen de la Organización Internacional del Trabajo que le recomendaba al Estado no solo que lo pusiera en libertad, sino que lo indemnizara por los daños y perjuicios causados durante el tiempo en que estuvo preso, eso no se cumplió.
―Como organización de derechos humanos, ¿qué está haciendo Provea ante la situación de violación generalizada a los derechos de los trabajadores?
Hemos estado acompañando a las organizaciones sindicales en sus reclamos y contribuyendo a su articulación, también acompañando casos particulares por despidos de trabajadores tanto del sector público, como Hidrocapital y el Metro de Caracas, como del privado como el caso del Diario Vea que aunque está vinculado al gobierno es privado, en ese caso se logró una orden de reenganche que no fue cumplida. En el caso de Rubén González asesoramos a la familia, acompañamos a sus abogados y coordinamos con ellos la estrategia jurídica.
―En 2017 Provea recibió denuncias de empleados públicos acosados para votar en la Constituyente. ¿Qué ocurrió con esos casos?
Sí, estamos preparando más de 30 casos de personas despedidas por motivos políticos que llevaremos muy pronto ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son casos de discriminación política porque participaron en actos de la oposición o ejercieron derecho al voto apoyando a la oposición o porque dejaron de votar para la Constituyente u otras elecciones de interés para el gobierno, etcétera. Hemos documentado y acompañado varios casos. Presentaremos eso y le pediremos al comité que lo estudie y se pronuncie sobre si el Estado venezolano ha violado los derechos de estas personas y, en ese sentido, ordene alguna acción.
Publicado en CrisisenVenezuela.com
