Prensa Provea.- De acuerdo a la información recopilada por Provea para su Informe Anual, durante el año 2020 se acentuó la violación de los derechos de los pueblos indígenas, debido al abordaje discriminatorio de la pandemia de la Covid-19 por parte del gobierno venezolano, lo que los situó como una de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, que no solo padeció riesgos sobre su integridad física, sino también sobre todo su conocimiento ancestral.
Persistieron los problemas estructurales como el incumplimiento en la titulación y demarcación de los territorios (de la que no hay reportes); la violación al derecho de consulta previa, libre e informada; las presiones del modelo extractivista minero; la falta de políticas públicas con un enfoque intercultural y la cooptación de las organizaciones tradicionales, impactando gravemente los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.
Aunado a lo anterior, por cuarto año consecutivo no se publicó la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI) lo cual deja un vacío en la información oficial, especialmente en el seguimiento de las políticas públicas que se estarían implementando y la ejecución de los recursos económicos.
La pandemia por Covid-19 y los pueblos indígenas
A pesar de que el 17 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma Constitucional debido a la pandemia de la Covid-19, los primeros casos entre población indígena se dieron a conocer en mayo de 2020, entre un grupo de indígenas venezolanos provenientes de San Gabriel de Cachoeira, en Brasil. Los indígenas pertenecían a la etnia Yeral y Kurripako y vivían en San Carlos de Río Negro, Amazonas. Posteriormente se detectaron casos entre el pueblo indígena Pemón, en el municipio Gran Sabana, Bolívar, contagiados al entrar en contacto con viajeros.
Antes de la publicación de estos datos, distintas organizaciones habían alertado sobre la presencia de casos positivos de Covid-19 en todos los estados con población indígena, lo cual representaba un riesgo. En territorio Yanomami del estado Amazonas, por ejemplo, se supo de casos de contagio en La Esmeralda, una comunidad multiétnica, y varios otros en Alto Orinoco. En esa misma localidad y en el territorio Ye’kwana, más al norte, se notificaron diversos contagios (más de 200) y defunciones que diferentes líderes atribuyen a la presencia del Covid-19. Hubo información sobre la entrada de agentes de salud a los territorios, pero no sobre los resultados de las pruebas rápidas o las confirmatorias.
Pero antes de la Covid-19 la supervivencia de los pueblos originarios ya estaba comprometida por la incidencia de otras enfermedades como la malaria, tuberculosis, neumonía y sarampión. Sin embargo, durante 2020, prácticamente no se tuvieron reportes sobre estas enfermedades, no porque hayan sido erradicadas sino por el nulo acceso a la información tanto oficial como en terreno, lo cual deja aún más desatendidos a los pueblos indígenas.
En junio de 2020, la Organización Indígena de la Cuenca del río Caura Kuyujani denunció que 26 indígenas del Alto Caura y Alto Erebato, en el municipio Sucre del estado Bolívar, murieron por complicaciones asociadas a la malaria durante la cuarentena por la Covid-19.
Los indígenas Yukpa y Barí denunciaron que no reciben tratamientos adecuados para atender ésta y otras enfermedades como tuberculosis y paludismo, que se agravan con la desnutrición y el hambre que azota a estos grupos vulnerables.
Antes y durante la pandemia: sin agua y sin comida
El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe que indica que uno de cada tres venezolanos necesita asistencia alimentaria y entre los estados que presentaron mayor índice de inseguridad alimentaria severa estuvieron Amazonas y Delta Amacuro.
En otro informe realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), se destaca la situación de inseguridad alimentaria en el municipio Mara, estado Zulia, que reporta las tasas de consumo más bajas de cereales, carnes, granos, aceites/grasas y azúcares, entre todas las regiones que se estudian. La respuesta predominante en este municipio, de población indígena en su mayoría, fue el consumo de cereales (arepa, pasta, pan, arroz, harinas de maíz o trigo) en un 80%.
En La Guajira, los niveles de desnutrición aumentaron. De 18 casos registrados en febrero, en noviembre se reportaron 250 casos, según el Comité de Derechos Humanos de la Guajira. La ONG también denunció que 700 familias de la comunidad de El Arroyo no pueden comprar alimentos en moneda venezolana porque en los negocios les exigen pagos en pesos colombianos o dólares. Esta situación recrudeció especialmente los tres últimos meses del año en la parroquia Guajira y Alta Guajira.
El 08 de marzo de 2020 los caciques de las comunidades Warao de Wana, Buja y Boca de Maneiro, en el estado Monagas, denunciaron que en estos pueblos se come una vez al día, pues la pesca se ha limitado por falta de aceite para las lanchas y porque no están sembrando debido a la ausencia de insumos. A la fecha habían muerto 11 indígenas en Buja y 8 en Boca de Maneiro (entre ellos seis niños). Los caciques lo atribuyeron a la falta de alimentación porque solo estaban comiendo ocumo o yuca.
También se registraron muertes de niños waraos por causas asociadas a la desnutrición en la comunidad de Cambalache, en Puerto Ordaz, a orillas del río Orinoco.
En la parroquia Guachara, municipio Achaguas del estado Apure, 20 personas entre niños y adultos indígenas ingresaron el 05 de marzo de 2020 al hospital por consumir yuca amarga. El resultado fue la muerte de un niño de la etnia Yaruro. Una situación similar se presentó en la comunidad Añú El Arroyo, en el municipio Guajira, por el consumo de un pez venenoso. En este caso hubo dos muertes y decenas de intoxicados.
El hambre también hizo que muchas mujeres del pueblo indígena Warao rompieran la cuarentena para intercambiar sus productos por comida. Es así como recorrieron decenas de kilómetros por carretera con sus tapabocas y artesanías a cuestas. Se documentaron historias de Waraos que navegaban durante días, con sus curiaras y remos, para conseguir un saco de sal. Muchos de ellos, en el viaje de regreso a sus comunidades, fueron robados y golpeados por hombres armados.
Las presiones extractivistas continuaron en medio de la pandemia
Minería fluvial en el Arco Minero del Orinoco
Durante la pandemia continuaron desarrollándose actividades petroleras, mineras, y forestales pese a la solicitud de moratoria o suspensión temporal realizada por varias organizaciones por considerar estas actividades no esenciales.
El 08 de abril de 2020 el gobierno promulgó la Resolución N° 0010 (Gaceta Oficial N° 6.526) que contempla la ejecución de minería fluvial en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (ZDEN-AMO) en áreas importantes de ríos de la Guayana venezolana como Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, todos afluentes del río Orinoco, con excepción del Cuyuní que drena hacia el río Esequibo.
La explotación se realizaría en espacios de los mencionados ríos, definidos con coordenadas geográficas en la citada resolución y permitiría la extracción por medio de embarcaciones o balsas.
Con esta resolución, nuevamente el gobierno pasó por encima de las demarcaciones y autodemarcaciones de los territorios indígenas, y profundizó el parcelamiento y fragmentación de un territorio cuya soberanía ha quedado desdibujada entre lo informal, las economías criminales, el despojo y el sufrimiento.
