Lamentamos profundamente las medidas autoritarias que viene dando el Ministerio del Interior (MININTER) para restringir la entrada al país de las y los migrantes venezolanos. Al respecto, el viernes 17 de agosto, el Ministro del Interior, Mauro Medina, informó que a partir del 25 de agosto solo las personas venezolanas que cuenten con pasaporte podrán ingresar al Perú. Posteriormente, el domingo 19, el MININTER emitió el Decreto Supremo N° 007-2018-IN mediante el cual redujo en dos meses el plazo para que las personas venezolanas puedan acceder al Permiso Temporal de Permanencia, hasta el 31 de octubre de 2018.
Estas medidas pasan por alto que las personas venezolanas se encuentran en una situación de inaccesibilidad para obtener un pasaporte y desconoce la situación de crisis humanitaria compleja que vive el país de Venezuela debido a la falta de alimentos, de medicinas y a la grave situación de vulneración de los derechos humanos, la cual continúa obligando a cientos de miles de personas venezolanas a migrar forzadamente hacia a otros países de la región para sobrevivir. Además, las autoridades parecieran olvidar que hace unos años, cuando Perú se encontraba en una situación de crisis económica y azotado por el conflicto armado interno, fue Venezuela el país que brindó acogida a miles de peruanas y peruanos.
Adicionalmente, hacen caso omiso a la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de marzo de 2018, “Migración forzada de personas venezolanas”, que exhortó a los Estados a no criminalizar la migración de personas venezolanas y a abstenerse de adoptar medidas como la exigencia de presentar un pasaporte para obtener ayuda y protección internacional. De igual manera, desconocen el derecho fundamental contemplado en la Constitución Política del Perú a que las personas pueden elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería (cabe añadir que, esta ley de extranjería y la Constitución se deben interpretar a la luz de los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte).
Nos llama poderosamente la atención que el Ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, anuncie públicamente que el Perú lidera el pedido de una investigación ante la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela; sin embargo, a la par, con esta clase de medidas, el Estado peruano olvida la situación de crisis humanitaria que sufre la población venezolana y viola los derechos humanos de las personas que migran fozadamente.
Hacemos un llamado al Presidente de la República, Martín Vizcarra, para que el Poder Ejecutivo:
1. Elimine cuanto antes este tipo de medidas para con las y los migrantes venezolanos.
2. Se lidere una respuesta regional de acogida a la migración y de manera específica de la migración forzada venezolana.
3. Le recordamos también que, si el Estado peruano quiere liderar un proceso internacional de búsqueda de justicia por graves crímenes contra la humanidad, es imprescindible que este proceso respete la dignidad y los derechos humanos de miles personas venezolanas que intentan ingresar a nuestro país para sobrevivir, además de la necesidad de cumplir con las resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Lima, 20 de agosto de 2018
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos