Este viernes 06 de septiembre, en la sede de Amnistía Internacional Venezuela en la ciudad de Caracas, se realizó la primera mesa de discusión sobre el impacto de las sanciones en los derechos de las personas en Venezuela, con el principal objetivo de informar y detallar cómo las sanciones de EE.UU. han afectado en parte a los ciudadanos del país, sin quitarle la principal responsabilidad al fallido modelo político y económico del gobierno de Nicolás Maduro y el de su predecesor, Hugo Chávez. Evento contó con Henkel García, Manuel Sutherland y Fernando Fernández como principales ponentes.

Para el director de Econométrica, Henkel García, las sanciones implementadas por Estados Unidos contra funcionarios del Estado implican un riesgo para parte de la población por la generalidad de las mismas. Con esto se explica que existen muchas interpretaciones de las sanciones y esto ocasiona una sobreprotección de las transacciones extranjeras con personas de Venezuela, al siempre manejarse el tema país con mucha cautela y evitar ser vetado del sistema financiero norteamericano. El economista afirmó que todas las sanciones tienen un objetivo claro: cercar el financiamiento de Pdvsa y el gobierno de facto de Maduro, pero que en esta línea se deterioran programas sociales que al final afectan a la población más vulnerable. Es el caso del sistema del Comité Local de Abastecimiento y Producción, Clap, que su distribución ha mermado por el impacto del descenso de las importaciones con suministro exterior reducido, trayendo como resultado que se comience a repartir con producción nacional, ocasionando menos productos y solo los que estén en el inventario del país.

Manuel Sutherland concuerda con García al señalar que el deterioro de la economía venezolana solo es culpa de un sistema económico fallido de engaños que por muchos años se alimentó de petro dólares inyectados a empresas donde era mucho más fácil importar que generar producción nacional. En tal sentido,  rechaza los señalamientos de victimización por parte de Maduro de que solo por las recientes sanciones se vive una crisis en Venezuela. Sutherland detalló que gracias a las medidas de Estados Unidos, personas ligadas a la corrupción y lavado de dinero ya no pueden transferir sus ingresos al exterior, por lo que se ven en la necesidad de invertir en Venezuela en abastos de comida, edificios de lujo, escenario que ha ocasionado una mayor brecha social que afecta directamente al pueblo y genera un estímulo para la migración, además de beneficiar a Maduro y su cúpula con el deterioro de la democracia y el disfraz de la crisis con simplemente victimizarse públicamente.

Para el abogado Fernando Fernández las sanciones también han resultado en un llamado efecto “Lepra” con los ciudadanos venezolanos, ocasionando un sistema de alerta con transacciones hacia y desde cualquier venezolano, esto a pesar de que la mayoría de las sanciones son individuales y el pueblo no está involucrado directamente, tocando las libertades de reputación de personas tanto naturales como jurídicas. Además enfatizó que la mayoría de las sanciones tienen una naturaleza de respuesta inmediata cuando los involucrados desisten sus violaciones, lo que técnicamente significa que al abandonar el poder o cambiar políticas las personas sancionadas, estas sanciones cesarían, tal como sucedió con el exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera.

Los tres expertos señalaron que solo una transformación radical, que cambie todo el sistema político y económico nacional es capaz de resolver la actual situación económica y salir del escenario de sanciones, por el contrario, de continuar el mismo sistema se consolidaría un espacio complejo que podría prolongarse con el actual modelo fallido del gobierno de facto de Maduro.

Prensa PROVEA