Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual correspondiente a 2017. La presentación tendrá lugar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Informe Anual ofrece información accesible, completa y relevante a los usuarios y las usuarias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca del trabajo y los recursos de la Comisión. La publicación de este informe busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas, monitorear la situación de derechos humanos en la región y rendir cuentas sobre las actuaciones de la CIDH durante el año.
El Informe consta de una introducción y seis capítulos. En la introducción se destacan las medidas adoptadas por los Estados Miembros durante el 2017, dirigidas a promover y proteger los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales. El Capítulo I ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año, entre ellas, la aprobación del Plan Estratégico para el período 2017-2021 y la reorganización de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, presenta iniciativas positivas de algunos Estados miembros que contribuyen a enfrentar los desafíos de los derechos humanos. Estas iniciativas y acciones sirven de ejemplo para futuras acciones que contribuyan a la protección de los derechos humanos. De igual manera, el Capítulo I reafirma la prioridad que tiene la CIDH de continuar fortaleciendo la estrategia de comunicación y coordinación con otros organismos regionales y universales, y un ejemplo de ello es el lanzamiento del Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
El Capítulo II refleja la gestión del sistema de peticiones y casos y las medidas cautelares, haciendo énfasis en los esfuerzos actuales de la CIDH para reducir y eliminar el atraso procesal. El Capítulo III está dedicado a las actividades de las Relatorías Temáticas, de País y Actividades de Promoción y Capacitación.
El Capítulo IV.A presenta un panorama de la situación de los derechos humanos en la región durante el año 2017. Esta sección se concentra en las personas, grupos, colectividades, y asuntos que son objeto de atención particular de la CIDH. En este sentido, ofrece un análisis de las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas pertinentes a los derechos humanos, desde el enfoque de los Ejes Trasversales y los Ejes Prioritarios establecidos en el Plan Estratégico 2017-2021. Estos ejes están vinculados a temáticas como la institucionalidad democrática; seguridad y violencia; y la independencia judicial del ministerio público y acceso a la Justicia. Asimismo, cubre los desarrollos concernientes a los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, migrantes, niñas y niños, personas privadas de su libertad, personas afrodescendientes, defensoras y defensores de derechos humanos, personas LGBTI, personas con discapacidad y personas mayores en América durante 2017. También incluye un análisis de tendencias y asuntos prioritarios pertinentes a los derechos vinculados con justicia, reparación, memoria y verdad, la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Existe en la región un panorama alarmante de retrocesos en materia de protección de los derechos humanos, y así está reflejado en la parte A del Capítulo IV. Estos graves retrocesos se registran en varios temas, especialmente en cuestiones relativas a la protección de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, migrantes y refugiados. En este capítulo se reflejan también las preocupaciones de la CIDH en materia de derechos humanos a lo largo del año, tal como se registró en los comunicados de prensa publicados, a través de los cuales se condenaron actos de violencia y trasgresiones a los derechos humanos y se instó a los Estados a proteger y garantizar el goce pleno de los mismos. El informe reconoce asimismo los avances registrados por los Estados en la materia. Algunos de estos comunicados se han desarrollado de manera conjunta con la CorteIDH y otros organismos internacionales y sus representaciones especializadas. De igual manera, este capítulo refleja las medidas cautelares otorgadas durante el año para la protección de personas y comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de su libertad, periodistas, personas que son testigos en investigaciones penales, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, líderes de oposición política y personas con enfermedades que carecen de atención médica apropiada.
En el Capítulo IV.B, la CIDH realiza un análisis de la situación de derechos humanos en algunos países a los cuales la Comisión consideró que debía dar especial seguimiento en el año 2017: Venezuela y Cuba. Esta sección fue preparada de acuerdo con los criterios específicos y la metodología detallada en su Reglamento. Esta sección del Capítulo IV del informe anual, integrada por un informe para cada país que se analiza, se basa en una amplia gama de fuentes. Los borradores de estos informes son enviados a los Estados involucrados para que tengan la oportunidad de responder y aportar información adicional, la cual la Comisión considera antes de la publicación.
En relación con Venezuela, el capítulo IV.B presenta un resumen ejecutivo del informe de país “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, el cual consta de cuatro ejes principales que representan las preocupaciones centrales de la CIDH respecto de Venezuela. El grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes de Venezuela. A lo anterior, se suma la existencia de serias restricciones que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Asimismo, la situación causada por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema.
En relación con Cuba, las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba. A lo anterior, se suman mínimas garantías judiciales y de protección judicial, que afectan especialmente a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, líderes sociales y políticos, periodistas independientes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI y la exclusión de la población afrodescendiente, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
El Capítulo V contiene un seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país sobre Colombia, México y República Dominicana.
Con respecto a Colombia, el seguimiento observa complejidades adicionales derivadas de la violencia del conflicto armado en la realidad colombiana, reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado en relación al ejercicio de los derechos de las víctimas y la creación del marco normativo y la estructura institucional requerida para la implementación del Acuerdo de Paz.
Con respecto a México, el seguimiento identifica avances significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, sin embargo, persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad reflejados en elevados números de desapariciones, homicidios y denuncias de tortura. Ante ello, la CIDH señaló que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y el reconocimiento de los derechos humanos en la práctica.
Con respecto a República Dominicana, la CIDH reconoce en el seguimiento de sus recomendaciones la importancia de las medidas que el Estado ha implementado para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas que no gozan efectivamente de su derecho a una nacionalidad y los efectos que esto tiene en el goce de sus derechos humanos. Asimismo, reconoce la importancia práctica del procedimiento de restitución de la nacionalidad derivado de la Ley 169-14, aunque existe un reto en su implementación pronta y efectiva por parte de todas las autoridades, lo cual deriva en barreras para garantizar que toda persona pueda acceder al goce efectivo de su nacionalidad. El informe da cuenta de la Mesa de Trabajo establecida para mantener un diálogo permanente entre el Estado y la CIDH en materia de adquisición de la nacionalidad y migración, políticas para combatir todas las formas de discriminación y políticas sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género.
El Capítulo VI incluye información sobre la estructura y personal de la CIDH, la capacitación del personal, los recursos financieros y la ejecución presupuestaria, la movilización de recursos y administración de proyectos, entre otros.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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