Los días 1 y 2 de diciembre organizaciones de la sociedad civil independientes que trabajamos por el derecho a la salud asistimos a República Dominicana, en el marco de las reuniones de negociación política, para presentar mecanismos que pueden contribuir a resolver las apremiantes necesidades en salud y nutrición de más de 4 millones de personas cuya salud y vida están en peligro.
Nuestra propuesta comprende un conjunto de medidas urgentes para salvar vidas y atender de manera inmediata las necesidades de salud y nutrición que afectan a los grupos más vulnerables de la población venezolana, con apoyo de los mecanismos ya existentes que tiene a su disposición el Estado venezolano como parte de organizaciones de cooperación internacional, en condiciones de transparencia, probidad técnica y amplia participación independiente de organizaciones de la sociedad civil y profesionales del área.
Las medidas consisten en la utilización de los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), los cuales se encuentran en condiciones de proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de condiciones de salud, transmisibles y no transmisibles. Abarcan igualmente la adquisición de la cantidad necesaria del Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia, que permite atender a 10.000 personas durante 3 meses, y la intermediación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como vía para la recepción y distribución de insumos nutricionales y terapéuticos dirigido al tratamiento de la Desnutrición Global Aguda, severa o moderada, no contenidos en el Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia.
En tanto estas medidas no pueden estar atadas a los tiempos de negociación política, proponemos la rápida designación de un Grupo de Trabajo interdisciplinario, integrado por funcionarios del Estado venezolano, personas responsables de Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, especialistas de las áreas de salud y atención alimentaria y organizaciones de sociedad civil, para su implementación de manera inmediata.
Esta propuesta se enmarca en la responsabilidad del Estado venezolano con hacer uso del máximo de los recursos disponibles para cumplir con su obligación de proteger la vida y la salud de toda la población, incluyendo los que ofrece la cooperación internacional, conforme al derecho internacional de los derechos humanos y tratados suscritos.
Esta responsabilidad es también individual, cuando de manera deliberada no se realizan todos los esfuerzos necesarios por todos los medios disponibles, incluyendo los que corresponden al Estado a través de la cooperación internacional, y como consecuencia de ello existen peligros inminentes de muertes evitables y daños irreparables a la salud.
Los mecanismos que propusimos están sobre la mesa y deben obtener respuesta concreta en 10 días, el 15 de diciembre del presente año. Ese día tendrá lugar la discusión del documento presentado por las Cancillerías que actúan como facilitadoras del proceso de negociación, de buena fe, como ha sido solicitado por la comunidad internacional, incluyendo al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Seguiremos exigiendo sin descanso que esta propuesta sea implementada, así como otras que puedan contribuir a que cesen las situaciones que ya han causado daños irreparables y pérdidas de vida, así como continuaremos acompañando a las personas que sean víctimas de cualquier retraso en su adopción. Cada día que pasa, es un día más de consecuencias graves para la salud física y mental de la población venezolana.
CODEVIDA – ACCSOL
