Desde hace más de un año los conductores en el estado Bolívar pasan penurias para poder surtir combustible. Aunque la problemática no es nueva, esta se ha ido agravando, reflejando los abusos por parte de los organismos de seguridad que tienen a su cargo las estaciones de servicio, así como el silencio por parte de los entes gubernamentales ante una crisis que afecta a más de 10 mil habitantes.
La escala de violencia y agresión también ha sido preocupante. Hace tan solo dos meses fue detenido en la estación de servicio de Las Américas, en Puerto Ordaz, Eduardo José Acosta Alí, de 19 años. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) alegaron que el joven había tenido una actitud agresiva en contra de ellos, motivo por el que fue presentado ante el Ministerio Público, donde recibió medidas cautelares.
Pero un vídeo que circuló en redes sociales evidenciaba algo completamente distinto: abuso de poder y uso excesivo de la fuerza.
Esta situación se repitió dos meses después en la misma estación de servicio: el cirujano maxilofacial Williams Arrieta y su esposa estaban desde el 7 de septiembre en una cola para surtir combustible. Luego de un par de días, fueron detenidos de manera arbitraria por funcionarios de la PNB solo por denunciar arbitrariedades.
Arrieta estaba grabando con su celular y denunciando las irregularidades que se presentaban en la bomba cuando fue golpeado por los funcionarios. Por su caso fueron aprehendidos: Luis Guarimata, de 33 años, Mayra Martínez, de 26, Danny Bernay, de 25 y Karelis Bonalde, de 24 quienes fueron privados de libertad por los delitos de trato cruel y abuso de funciones. De igual forma el tribunal emitió una orden contra el jefe del organismo policial en San Félix, José Leonardo Ortega.
Con la cuarentena se han reducido los días y las estaciones de servicio para surtir gasolina. En los días de flexibilización (algunos casos) trabajan pocas y lo hacen interdiario, por terminales de número de placas y control de litros. Por otro lado, la crisis del combustible en Bolívar no solo ha dejado en evidencia las agresiones, también el “mercado negro” que existe alrededor.
Ciudadanos hartos
Estos mecanismos de control han abierto paso a los revendedores que ofrecen el litro entre 3 y 5 dólares, es decir entre unos 1.098.000-1.830.00 bolívares en la ciudad y más de 7 (2.562.000 bolívares) en los poblados ubicados al sur del estado Bolívar, ejemplificando así, que un litro de combustible en el mercado negro equivale a más de un sueldo mínimo en Venezuela.
“Se pasa hasta 3 días o más en cola con la esperanza de poder surtir, tampoco hay información, es un suspenso hasta el domingo en la noche cuando la Zodi Bolívar se pronuncia. Los que vivimos de esto, siendo taxistas, se nos hace a cuestas poder trabajar, y se pierde mucho comprando combustible”, señaló Roger Salazar al equipo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Otro problema que prevalece es el de surtir gas natural para los vehículos que funcionan bajo este sistema, usuarios han denunciado que pasan hasta más de 7 horas para surtir, que tan solo operan tres estaciones para ofrecer este servicio; pero las máquinas constantemente presentan fallas, lo que retrasa el proceso.
Calidad de vida vulnerada
“Hemos realizado llamados a los distintos organismos y seguimos sin recibir respuestas, hace poco estábamos en la cola y a un BTR se le salió una de las ruedas e impactó con uno de los vehículos, no solo estamos en un peligro constante de ser robados entre otras cosas, es la forma en la que nos está tocando vivir”, sumó Francisco Suárez, un usuario que surte gas en la estación de servicio ubicada en la avenida Atlántico en Puerto Ordaz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Pero el informe sobre Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (Acnudh), publicado en julio de 2019, revela cómo desde 2014 los venezolanos sobreviven bajo un contexto de vulneraciones.
Además, el Informe de la Misión internacional independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado en septiembre de 2020, denuncia que existen razones para creer que la mayoría de las violaciones documentadas se cometieron en el marco de un ataque sistemático a la sociedad civil, de conformidad con una política estatal.
Codehciu condena las condiciones precarias que sufren todos los bolivarenses, a raíz de la emergencia humanitaria compleja que se agudiza con el pasar de los meses debido al deterioro de los servicios. Y exhorta al Estado a asegurar el bienestar y condiciones de vida dignas. La crisis por combustible ha traído consigo más vulneraciones a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Prensa CODEHCIU
