Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la continuidad de actos de hostigamiento y discursos estigmatizantes contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. La CIDH insta al Estado de Venezuela a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas defensoras puedan ejercer su labor en un ambiente libre de intimidación.
Durante el primer semestre del año, la Comisión continuó recibiendo información sobre campañas de estigmatización realizadas en contra de organizaciones de derechos humanos. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH que el 28 de junio, a través del portal gubernamental “Misión Verdad”, se acusó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de recibir financiamiento por parte de los Estados Unidos y de participar en una campaña para desconocer al gobierno. Estos hechos se suman a una serie de acciones de desprestigio en contra de organizaciones de derechos humanos por parte de autoridades del Estado. Por ejemplo, el 19 de febrero, mediante el programa de televisión “Con el mazo dando”, el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) habría amenazado con revisar las leyes relacionadas con el financiamiento de las ONG, añadiendo que se aplicaría el máximo de las sanciones para aquellas que reciban financiamiento por parte de Estados Unidos. Esta declaración la habría realizado por considerar que las organizaciones de derechos humanos estarían conspirando contra la patria.
La Comisión también tiene conocimiento sobre pronunciamientos por parte de altas autoridades del Estado que tendrían como finalidad desacreditar la labor de defensa de organizaciones de derechos humanos. Según información pública, el 4 de mayo del 2020, el presidente de la ANC habría acusado a la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) de “reivindicar la incursión armada en Venezuela”, refiriéndose a ellos como “traidores de la nación” y “agentes desestabilizadores”. Estos pronunciamientos habrían surgido luego que la organización solicitara, a través de sus redes sociales, el respeto a los derechos humanos de personas detenidas por su relación en una presunta incursión armada en contra del gobierno que se habría realizado el 3 de mayo.
De igual forma, la CIDH tuvo conocimiento de actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Táchira. El 29 de marzo, el domicilio de algunos defensores de derechos humanos habrían sido vandalizados con el mensaje “LaFuriaBolivariana”, frase utilizada el día anterior por el líder de la ANC en el programa “Con el mazo dando” para referirse a los sectores de la oposición y las ONG. Una de las personas afectadas fue el director presidente de FundaRedes, José Javier Tarazona Sánchez, a quien la Comisión otorgó medidas cautelares de protección el 18 de junio de 2020. La CIDH también conoció sobre la detención del defensor de derechos humanos, Henderson Maldonado, ocurrido el 31 de marzo en el estado de Lara y sobre presuntos actos de seguimiento en contra de una integrante de una organización del estado de Táchira, quien habría sido fotografiada luego de haber realizado actividades en el marco de la visita de la Comisión en la frontera con Colombia.
La CIDH reitera el llamado al Estado a adoptar medidas respecto de las campañas de estigmatización y hostigamiento que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país, tal y como señaló a través del Comunicado de Prensa No. 40/19. Asimismo, la Comisión destaca que la repetición de declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede, a su vez, acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, incrementando su situación de vulnerabilidad.
En este sentido, la CIDH recuerda que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar labores de promoción y defensa de los derechos humanos. La Comisión destaca que la labor de personas defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
Por último, la CIDH observa que ante el contexto actual generado por la pandemia del COVID-19 los riesgos para ejercer el derecho a defender los derechos humanos en Venezuela se han visto agudizados. De acuerdo con una investigación del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), por lo menos 11 personas defensoras habrían sido víctimas de persecución desde el inicio de la pandemia; al menos 5 habrían sido detenidas arbitrariamente, incluyendo el Director del Centro de Acción y Defensa de los Derechos Humanos (CADEF), Gabriel Arangueren, quien habría sido detenido por varias horas el 23 de abril en el estado Cojedes, cuando gestionaba la entrega de cubrebocas a nombre de su organización.
La Comisión urge al Estado de Venezuela a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras. En este sentido, las obligaciones del Estado en relación con las personas defensoras y el derecho a defender los derechos humanos guarda relación directa con el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derechos que, en su conjunto, permiten un ejercicio libre de las actividades de defensa de los derechos humanos y se materializan en el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
Finalmente, la CIDH insta al Estado a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en el contexto de la pandemia y a abstenerse de detener a las personas defensoras de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto de la actuación del Estado ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a los derechos humanos conforme con lo establecido en su Resolución 01/20.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
