Anexo al Comunicado de Prensa 104/18: CIDH culmina 168 Período de Sesiones en República Dominicana
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró en Santo Domingo su 168 Período de Sesiones, a invitación del Estado de República Dominicana, del 3 al 11 de mayo de 2018. Este anexo al Comunicado de Prensa 104/18: CIDH culmina 168 Periodo de Sesiones en República Dominicana, contiene resúmenes de las audiencias realizadas, así como la lista de informes de admisibilidad aprobados.
Situación de derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores en México
Las organizaciones solicitantes hicieron referencia a las condiciones sociodemográficas y problemas al acceso a la justicia para las personas mayores en México. Subrayaron que existe una marcada discriminación y precarización del trabajo sobre este grupo poblacional. No existirían políticas enfocadas a un envejecimiento saludable, sistemas de cuidado efectivos, interculturales e incluyentes, ni participación de los pacientes en la toma de decisiones. Sobre el acceso a educación subrayaron que el 73.3% de la población adulta analfabeta son mujeres. Asimismo, resaltaron que no existe aplicación efectiva de las leyes por parte de las instancias judiciales respecto a los derechos de estas personas. El Estado reconoció la importancia de orientar sus esfuerzos para mejorar la independencia y participación de las personas mayores como sujetos de derechos y que están tomando acciones tendientes a la adhesión a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Situación de defensores de víctimas de tortura en México
Las organizaciones solicitantes presentaron información sobre el contexto general de tortura en México así como sobre la creciente tendencia de criminalización que enfrentan las víctimas de tortura y las organizaciones que acompañan sus procesos. En particular, denunciaron los pronunciamientos de organizaciones civiles cercanas al gobierno, que acusan de criminales a las personas defensoras de víctimas de tortura y de que quieren enriquecerse con la obtención de las reparaciones a las víctimas. Por su parte, el Estado mexicano reconoció la labor de las y los defensores de derechos humanos y destacó los pronunciamientos que se han realizado en este sentido, por parte del Gobierno Federal en distintos foros públicos y de manera reciente. Asimismo, el Estado anunció el proceso de elaboración de un protocolo de investigación sobre crímenes contra personas defensoras. La CIDH solicitó mayor información sobre los avances en materia de investigación de delitos de tortura, y en particular, sobre la implementación de los protocolos de Estambul y la capacitación a oficiales de investigación.
Caso 12.853 – Lilia García Andrade, México
El 7 de mayo de 2018 se celebró la audiencia de fondo del caso 12.853 – Lilia Alejandra García Andrade respecto de los Estados Unidos Mexicanos. En la audiencia, la parte peticionaria, incluyendo la madre de la presunta víctima, presentó sus argumentos sobre la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición, violencia y violación sexual y asesinato de Lilia Alejandra García en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien tenía 17 años de edad en el momento de los hechos. Asimismo, la parte peticionaria presentó sus argumentos sobre la situación de impunidad en que se alega se encuentra el caso. Por su parte, el Estado mexicano expresó su respeto y solidaridad con el dolor de Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, reconoció su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención e investigación adecuada de lo sucedido y reiteró su voluntad de entrar en un proceso de solución amistosa. Finalmente, la Comisión también expresó su reconocimiento por la lucha de Norma Esther Andrade en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, y formuló preguntas adicionales a las partes. El caso continúa en etapa de fondo, pendiente de que la decisión emita el informe respectivo de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Derechos humanos y selección de fiscal en Honduras
Las organizaciones solicitantes abordaron el contexto institucional en que se enmarca la designación de una nueva persona como titular de la Fiscalía General. De acuerdo con las organizaciones, Honduras enfrenta una batalla contra la impunidad y la corrupción, en la que por primera vez se ha conseguido abrir investigaciones por casos emblemáticos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado. Las organizaciones manifestaron su preocupación por las irregularidades y obstáculos para acceder a información oportuna sobre las etapas del proceso, así como por la ausencia de mecanismos adecuados para la participación de la sociedad civil. Los representantes del Estado afirmaron que se aprobó un protocolo para la observación del proceso a fin de que sociedad civil pueda presentar sugerencias y comentarios. Asimismo, el Estado señaló que el establecimiento de una junta proponente, cuyo reglamento se aprobó recientemente, garantizará la idoneidad y competencia en la elección del fiscal. Por su parte, la CIDH expresó su preocupación por las irregularidades manifestadas por la sociedad civil y saludó la creación del protocolo de observación.
Situación de derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por derrames de petróleo en Cuninico y Vista Alegre, Perú
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la vulneración del derecho humano al agua de los miembros de las comunidades indígenas de Cuninico (cuenca del Río Marañón) y Vista Alegre (cuenca del Río Tigre), que se han visto seriamente afectadas por repetidos derrames de petróleo del oleoducto norperuano, y por la insuficiencia de acciones implementadas desde el Estado y la empresa estatal Petroperú. Lo anterior, además de afectar sus fuentes de subsistencia física, también afecta a su derecho a la cultura, dado la gran importancia cultural del agua en la Amazonía. El Estado de Perú informó sobre las campañas de atención de salud integral e intercultural que viene desarrollando en la región. La Comisión reconoció los esfuerzos del Estado, reconociendo a su vez que era necesario adoptar más medidas para responder a esta situación, ya que el derecho al agua es un derecho de suma relevancia cuyo goce efectivo tiene impacto sobre otros múltiples derechos. La CIDH pidió al Estado que informara sobre las medidas preventivas implementadas por el Estado para evitar la repetición de los derrames de petróleo, sobre las medidas para garantizar suministro de agua potable para el consumo humano, así como sobre medidas de descontaminación y mitigación ambiental.
Denuncias de violación de derechos humanos y criminalización de personas defensoras en el contexto de las industrias extractivas en Nicaragua
A solicitud de las organizaciones solicitantes, antes de dar inicio a la sesión se guardó un minuto de silencio por las personas muertas durante los graves hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en Nicaragua. Las organizaciones solicitantes abordaron los patrones de violación de derechos humanos y de criminalización de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos en el contexto de las industrias extractivas, así como las acciones represivas de la protesta por parte del Estado. Al respecto, indicaron que en varias zonas del país se llevan a cabo proyectos mineros o extractivos sin haberse realizado la debida consulta previa con las comunidades afectadas, lo que habría ocasionado el inicio de varios procesos de criminalización en contra de defensores y defensoras ambientales que se oponen a la realización de dichos proyectos. Tanto las organizaciones como la CIDH lamentaron la falta de comparecencia del Estado a la audiencia. En particular, la Comisión expresó su preocupación por la información recibida, y solicitó mayor información sobre las acciones emprendidas para la rendición de cuentas en los países de origen de las empresas
Denuncias de homicidios de adolescentes afrodescendientes en Brasil
Las organizaciones solicitantes presentaron información sobre los asesinatos de niños y adolescentes afrodescendientes en acciones que involucran a la policía en Brasil, lo cual caracterizan como un problema estructural. Las organizaciones presentes presentaron un video sobre el contexto de los asesinatos de adolescentes en Brasil y testimonios de familiares de víctimas. Según información aportada por los solicitantes, en Ceará, en 2017, se registraron 5134 homicidios, teniendo 981 de esas víctimas entre 10 y 19 años. El Estado, por su parte, destacó la implementación de un programa de protección para adolescentes así como la ampliación del presupuesto destinado al mismo para 2017. La CIDH agradeció los testimonios recibidos y reconoció los esfuerzos del Estado. La CIDH a su vez solicitó mayor información sobre las investigaciones y procesos iniciados contra integrantes de las fuerzas de seguridad, y la existencia de protocolos sobre el tratamiento a niñas, niños y adolescentes.
Denuncias de violación de derechos humanos en el contexto de la intervención federal en Rio de Janeiro, Brasil
Las organizaciones solicitantes indicaron que el empleo de las fuerzas militares en tareas de orden público ha sido una constante en el Brasil, siendo Rio de Janeiro el estado más afectado. Destacaron el carácter racista de la intervención federal autorizada mediante Decreto 9.288, por ser extremadamente violenta y direccionada hacia las favelas, habitadas mayormente por afrobrasileños; medida que ha exacerbado la violencia y generado graves violaciones a derechos humanos, conocidas por el fuero penal militar. El Estado defendió la constitucionalidad de la intervención federal en Rio de Janeiro. Señaló que esta busca rescatar la capacidad operativa de los órganos de seguridad pública y penitenciaria, y disminuir los índices de criminalidad, lo cual ya está arrojando resultados positivos. Aclaró que la justicia penal militar brasileña integra al Poder Judicial y, por tanto, observa las garantías judiciales mínimas. La Comisión reiteró en todos sus términos lo manifestado en su comunicado de prensa de marzo de 2018, cuando, junto a ACNUDH, expresara preocupación por la intervención federal en Rio de Janeiro.
Deber de protección de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes en Brasil
Las organizaciones solicitantes señalaron que el asesinato de Marielle Franco tuvo lugar en un contexto de aumento general de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y de criminalización de la protesta social en Brasil. Las organizaciones destacaron la necesidad de articular políticas para detener esta situación, y para reforzar el programa nacional de protección que actualmente presentaría numerosas deficiencias. Por su parte, el Estado reconoció la importancia de la labor de las y los defensores en la construcción de sociedades democráticas; enfatizó el legado de la defensora Marielle Franco, y manifestó su compromiso de llevar a cabo una investigación diligente sobre su muerte. Respecto del programa nacional de protección, el Estado señaló que se está avanzando en la firma de convenios a fin de que durante 2018, se pueda expandir su implementación en cuatro estados. La Comisión solicitó al Estado brasileño información sobre los avances concretos en la investigación del caso así como sobre la alegada ineficiencia del programa nacional de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.
Situación de las personas LGBTI privadas de libertad en las Américas
Las organizaciones solicitantes informaron que los centros de detención siguen patrones heterocisnormativos y no adoptan medidas suficientes para garantizar de forma efectiva servicios de salud y sanitarios, una vida familiar, y relaciones de amistad de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Reportaron sobre formas de discriminación que afectan de forma particular a las personas LGBTI en situación de privación de libertad. Expresaron preocupación por el nivel de violencia contra las mujeres trans, a manos de oficiales y terceros privados de libertad. Presentaron información sobre la patologización por parte de Estados de las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH adoptar medidas para garantizar y reconocer los derechos de las personas LGBTI privadas de libertad. La CIDH expresó su compromiso con apoyar de forma plena e integral el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas LGBTI privadas de libertad.
Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, México
Las organizaciones solicitantes y familiares de las víctimas expresaron su preocupación por el rechazo del Estado mexicano al Informe presentado por la ONU-Derechos Humanos. Asimismo informaron sobre la filtración de información en prensa aportada por Estados Unidos sobre el caso de Guerreros Unidos en Chicago, la falta de fundamentación probatoria respecto de acusaciones penales contra presuntos responsables, y la ausencia de cumplimiento a los acuerdos de atención a víctimas. Por su parte, el Estado presentó información sobre las diligencias procesales realizadas, tales como la ampliación de información al Gobierno estadounidense respecto del caso de Chicago, las búsquedas en terreno, la atención estatal a imputados que alegan presunta tortura, y la apertura política e institucional de atención a víctimas. La CIDH manifestó su apoyo al documento emitido por la ONU-Derechos Humanos, y a la labor de su Representante en México. De igual forma, solicitó mayor información, entre otras cuestiones, sobre los avances en materia de investigación respecto de las filtraciones en la prensa y del espionaje a través del software Pegasus.
Independencia judicial en Ecuador
Las organizaciones solicitantes de la audiencia señalaron que se redujo la cantidad de jueces de la Corte Nacional y que en las renovaciones de los jueces no se habrían seguido los estándares interamericanos en la selección. Además, presentaron preocupaciones sobre la causa del “error inexcusable”, la cual permite la destitución de jueces por vía administrativa por un error de derecho; lo que resulta en influencia política a la labor de los jueces ecuatorianos, existiendo según sus datos más de 160 jueces destituidos. Alegan que es deber del Estado garantizar la labor de los jueces, y de investigar y sancionar cualquier violación de sus derechos. El Estado subrayó que vuelve a tomar parte en audiencias ante la CIDH para fortalecer los estándares interamericanos en Ecuador, e informó sobre una consulta popular organizada para construir una relación con sociedad civil. La CIDH subrayó la importancia de garantizar la independencia de los jueces en el continente y declaró interés en hacer una visita in loco al país.
Denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de desalojos en Guatemala
Los solicitantes de la audiencia manifestaron que los desalojos forzosos han tenido un creciente aumento y que esto viene consolidando un patrón sistemático de esta práctica que a su vez está generando el desplazamiento interno de cientos de miles de personas en Guatemala. Asimismo, señalaron que los desalojos forzosos y el desplazamiento interno impactan principalmente a miembros de pueblos indígenas, campesinos, personas en situación de pobreza, mujeres, niñas y niños, así como personas mayores. En adición, informaron que los desalojos se vienen dando principalmente en las regiones de Alta Verapaz, Izabal, Petén y Guatemala. Asimismo, expresaron que la comunidad de Laguna Larga, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, se encuentra en el campamento al que fueron desplazados tras el desalojo de su territorio y que permanecen en condiciones bastante precarias dado que aún no reciben por parte del gobierno los medios para subsistir con dignidad ni regresar a su territorio. Por ello, solicitaron su inmediato retorno al territorio del que fueron desalojados y una visita de la CIDH. Por su parte, el Estado guatemalteco argumentó que se encuentra haciendo esfuerzos para reasentar a las comunidades desalojadas y explorando la posibilidad de un retorno de la comunidad de Laguna Larga a su territorio. El Estado mencionó que los desalojos son una problemática compleja y que está siendo apoyado por el gobierno de México para ofrecer soluciones. La CIDH mencionó que la atención a las comunidades desalojadas y desplazadas internamente debe ser una tarea urgente de prioridad para el Estado y lo instó a adoptar medidas de manera inmediata. Asimismo, la CIDH ofreció al Estado guatemalteco brindar asistencia técnica para el diseño de respuestas de conformidad a los derechos humanos ante estas situaciones.
Derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Argentina
Las organizaciones participantes resaltaron que la discusión legislativa de la despenalización del aborto representa una oportunidad histórica para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en Argentina. Aunque en el país la interrupción voluntaria del embarazo está permitida en ciertas circunstancias, las mujeres enfrentan serios obstáculos para acceder a la práctica, en condiciones de igualdad y no discriminación. Las organizaciones y los representantes del Estado proporcionaron a la CIDH información sobre las políticas públicas existentes en Argentina en la materia, así como los avances y desafíos existentes. La Comisión reiteró la obligación de los Estados de emprender una revisión detallada de los marcos normativos que puedan tener repercusiones discriminatorias en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y llamó al Estado argentino a recordar a los y las legisladores los estándares internacionales vigentes en la materia, a fin de informar el actual debate legislativo.
Caso 13.073, Cardinal Oscar Moncur e hijas, Bahamas
El 9 de mayo de 2018 se celebró la audiencia en el caso 13.073, Cardinal Oscar Moncur e hijas respecto del Estado de Bahamas. En la petición se alegan diversas violaciones a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como consecuencia del incumplimiento de un fallo judicial que dispone una pensión alimentaria en favor de las hijas del señor Moncur, a cargo de la madre de las mismas. Asimismo, se alegan violaciones a dicho instrumento como consecuencia de una normativa que sería discriminatoria respecto de los padres que tienen la custodia de sus hijos o hijas, así como de una restricción a la libertad de expresión que se habría impuesto al señor Moncur en el marco de estos procedimientos. En la audiencia se recibió la declaración testimonial de la presunta víctima, señor Moncur, quien fue interrogado tanto por la parte peticionaria como por la representación del Estado. Asimismo, la parte peticionaria y el Estado presentaron sus alegatos sobre las cuestiones de fondo. Finalmente, la Comisión formuló preguntas a ambas partes. El caso se mantiene ante la CIDH, pendiente de una decisión de admisibilidad y fondo conjunta.
Medidas para la protección de pruebas en casos de desaparición forzada en Colombia
Las organizaciones solicitantes de la audiencia informaron que el Departamento de Antioquía es uno de los territorios con mayor número de víctimas de desaparición forzada. Destacaron la falta de un sistema de información consolidada y una estrategia de investigación de la desaparición forzada. Solicitaron al Estado que proteja los sitios de enterramiento frente a las obras del proyecto hidroeléctrico Hidroituango que se desarrolla en la ribera del río Cauca. Temen el peligro inminente de que los cuerpos inhumados en la zona queden bajo el agua y que se pierdan las posibilidades de localizarlos, exhumarlos, identificarlos y entregarlos a sus familiares. Solicitaron que se desarrolle un plan de búsqueda participativo que garantice procedimientos adecuados y respetuosos para la recuperación e identificación de los cuerpos. El Estado destacó que ha sido diligente para ubicar a las personas desaparecidas en la zona y reportó que, a partir de 2014, 159 cuerpos fueron recuperados, de los cuáles 84 han sido identificados y 30 están en proceso de identificación y que el área de inundación será el 1% de la zona de referida. La CIDH se refirió a la obligación del Estado de investigar los hechos, localizar, identificar, y entregar de los cuerpos a sus familiares, así como a la importancia de la participación de las víctimas en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Indicó también la importancia de agotar la búsqueda en el área de inundación. Asimismo, reconoció las acciones implementadas por el Estado y le solicitó información sobre el universo de personas desaparecidas y el alcance del plan de búsqueda implementado por el Estado en Antioquia.
Investigación y sanción de violaciones de derechos humanos cometidas por terceros civiles en Colombia
Las organizaciones participantes consideraron que con la voluntariedad de comparecencia para terceros civiles (personas que no conformaban grupos armados) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue dictada por la Corte Constitucional, en contravención al Acuerdo de Paz; es difícil creer que estos acudan a la JEP, sino es de manera obligatoria, a aportar verdad y esclarecimiento. Destacaron que en Colombia está demostrada la ineficiencia la jurisdicción ordinaria para investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por terceros civiles. Consideran que con la voluntariedad de comparecencia el Estado viola los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado manifestó que cuenta con uno de los más sofisticados sistemas de justicia transicional: la JEP y explicó que su aplicación a terceros civiles se hará a partir de la calidad de la participación y la conducta punible. Destacó que el hecho de que la comparecencia voluntaria para hechos cometidos por terceros no genera escenarios de impunidad ya que estos hechos continúan siendo competencia de la jurisdicción ordinaria. La CIDH reconoció los esfuerzos del Estado para alcanzar el Acuerdo de Paz y manifestó su preocupación por la lentitud, demora y obstáculos en la justicia ordinaria respecto las investigaciones sobre responsabilidad de terceros en violaciones de derechos humanos.
Derechos humanos y seguimiento del Acuerdo de Paz en Colombia
Las organizaciones participantes informaron la existencia de factores que ponen en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos, el paramilitarismo ya que el Estado insiste en negar su presencia. Se refirieron al incremento desproporcionado de asesinatos de líderes sociales y aunque reconocieron que la política de priorización del Estado ha llevado a la captura de varios autores materiales, consideran que no se ha avanzado en reconocer los patrones comunes de los crímenes y su sistematicidad. Indicaron que las extradiciones de personas que deben ser procesadas en la JEP, como Jesús Santrich, pueden afectar los derechos de las víctimas. El Estado, por su parte, se refirió que a 18 meses de la firma del Acuerdo de Paz ya se vislumbran sus resultados para los derechos de las personas. Destacó la celebración del Acuerdo de Cooperación con la Secretaría General de la OEA para el acompañamiento de la CIDH en la efectiva implementación del Acuerdo de Paz. La CIDH expresó su especial preocupación por la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y medio ambiente.
Impacto de las medidas extraordinarias sobre los derechos de las personas privadas de libertad en El Salvador
Los solicitantes de la audiencia manifestaron su preocupación por las serias violaciones a derechos humanos que se han presentado desde 2016, con motivo de la adopción de medidas extraordinarias en seis cárceles salvadoreñas. Destacan el aumento del 440% en las tasas de tuberculosos, y el consecuente número de muertes. Asimismo, advirtieron sobre la falta de cumplimiento de El Salvador, respecto del llamado de órganos internacionales para eliminar dichas medidas. El Estado indicó que las medidas extraordinarias habrían reducido la criminalidad, y se refirió a diversas acciones adoptadas para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, en particular, en materia de reducción de hacinamiento. La Comisión reiteró su preocupación por la vigencia de las medidas extraordinarias, y llamó a su no renovación. Asimismo, se refirió a la importancia de que la prisión preventiva no se utilice para remediar situaciones de inseguridad ciudadana, y recomendó la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura a fin de garantizar el monitoreo independiente en cualquier centro de detención.
Situación de derechos humanos de las mujeres en el contexto de la criminalización de las drogas en las Américas
Las solicitantes de la audiencia indicaron que el uso de la cárcel como respuesta a la lucha contra las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, y ha resultado en que la principal causa de su encarcelamiento, lo sean los delitos relacionados con drogas. Manifestaron también su preocupación por el modelo de cortes de drogas, que aborda un problema de salud desde el sistema penal, y que en su lógica de criminalización, presentaría violaciones a los derechos de las participantes. Las solicitantes se refirieron a la inefectividad de los programas de reinserción social y a su impacto en la vida postcarcelaria de las mujeres. Por su parte, la CIDH reiteró su pronunciamiento sobre la descriminalización de la posesión y consumo de drogas para uso personal. Asimismo, reconoció que a pesar de que las cortes de drogas pudieran constituir un avance por ser una alternativa al encarcelamiento, es importante que cuando los organismos internacionales entren a su estudio, emitan recomendaciones desde una perspectiva de salud. La Comisión indicó que esta temática constituye una prioridad para su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.
Debida diligencia, prevención y acceso a la justicia por violaciones de derechos humanos de empresas en las Américas
La audiencia regional se centró en áreas de interés y casos concretos sobre el deber de debida diligencia y la afectación de derechos humanos en el marco de actividades empresariales. Se subrayó el deber de los Estados en asegurar que las empresas desarrollen y pongan en práctica una debida diligencia corporativa para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos en los derechos humanos de sus actividades, incluida su cadena de suministros. Se llamó la atención de la necesidad de diseñar e implementar marcos regulatorios participativos que aseguren la debida diligencia e incluyan elementos y estándares mínimos sobre transparencia y acceso a la información, consulta y consentimiento previo, libre e informado, identificación y sanción de la corrupción entre empresas y autoridades estatales, entre otros. La CIDH subrayó la importancia del tema para el continente en términos de prevención y rendición de cuentas, e hizo énfasis en el contexto de las actividades de las empresas trasnacionales por el impacto que pueden tener sobre los derechos humanos.
Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de los Acuerdos de Paz en Colombia
Las organizaciones participantes informaron sobre las graves afectaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, los cuales se encuentran en riesgo de exterminación física y cultural por actos derivados del conflicto armado y del posacuerdo, del desplazamiento forzado y de la imposición de megaproyectos. Representantes del pueblo Embera del Choco, del pueblo Siona de Putumayo, y del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, informaron sobre la incrementación de la violencia en los territorios en el periodo posacuerdo, amenazas y asesinatos a líderes indígena, presencia de minas antipersonales, reclutamiento de jóvenes, desplazamientos forzosos y la resultante pérdida de sus territorios. También informaron sobre la continua instalación de megaproyectos mineros y hidrocarburíferos sin cumplimiento con el derecho a la consulta libre, previa e informada o al consentimiento. Las organizaciones solicitantes presentaron 13 pedidos a la CIDH, entre los cuales que haga seguimiento al capítulo étnico de los Acuerdos de Paz. Por su parte, el Estado informó sobre la implementación de espacios de participación política de pueblos indígenas, de mesas de dialogo con autoridades indígenas, de políticas públicas a su favor, así como sobre medidas de protección colectivas y apoyo a formas de autoprotección. La Comisión hizo varias preguntas, y reiteró su disposición a apoyar en la implementación de los Acuerdos de paz y su capítulo étnico.
Situación de derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela
El Estado informó sobre medidas adoptadas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad (Pcd), como la ampliación de la protección legal, la creación de agencias especializadas, la implementación de cupos mínimos para PcD en el acceso a la educación universitaria y empleo, y medidas de protección sanitaria y social, entre ellas una prestación económica. La sociedad civil enfatizó la ausencia de estadísticas actualizadas y accesibles sobre la situación social del colectivo. Mostraron preocupación por la ausencia de reglamentación de la Ley especial; la falta de accesibilidad real en materia educativa y laboral; los elevados índices de desempleo en el grupo y el incumplimiento del cupo laboral en el sector público; entre otros. Destacaron el impacto diferencial provocado por la crisis alimentaria y sanitaria. La CIDH apreció la activa participación del Estado y la sociedad civil, se puso a disposición a fines de encauzar el diálogo constructivo e insistió en la necesidad de visitar al país para verificar la situación.
Proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela
Las organizaciones solicitantes denunciaron la existencia de acciones sistemáticas tendientes al debilitamiento del pluralismo político y a la libertad de elegir en Venezuela. Denunciaron una política de persecución a la disidencia, en particular refirieron patrones de persecución consistentes en la inhabilitación política que ha afectado a los principales partidos y liderazgos de la oposición. Indicaron que el evento electoral previsto para el 20 de mayo se desarrolla en un contexto de medios afectados por un marco regulatorio restrictivo y medios oficiales de propaganda al servicio del gobierno. Indicaron que los observadores invitados no gozan del acuerdo de los distintos candidatos en contienda. El representante del Estado manifestó que el sistema electoral de Venezuela es considerado uno de los mejores del mundo. Asimismo, indicó cómo ha mejorado el sistema con la creación de nuevos centros de votación, la implementación del voto electrónico con dispositivos de seguridad. En relación a las lecciones de mayo señaló que se ha cumplido el calendario electoral y se vienen realizando las auditorías correspondeintes. La CIDH reafirmó que la democracia representativa es el mecanismo para la vida política en nuestros países y que son indispensables elecciones que cumplan con determinadas garantías, entre otras, de imparcialidad, transparencia y pluralismo político. La CIDH indagó sobre la independencia del poder electoral, el acceso a la información electoral y los electores jóvenes que no habrían logrado inscribirse en el registro, entre otros temas.
Libertad religiosa y Estado laico en América Latina
Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la audiencia destacaron la importancia esencial de fortalecer la delimitación o separación clara entre el deber del Estado de brindar protección a los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción y la existencia e incidencia de grupos religiosos. En particular, se manifestó la preocupación por lo que consideran el avance y la presencia institucional de grupos fundamentalistas en desmedro de la protección de los derechos humanos. Asimismo, las organizaciones abordaron cuestiones conceptuales vinculadas al Estado laico; identificaron algunas de las que consideran afectaciones a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos de personas afrodescendientes, y personas LGBTI; e hicieron referencia a la disparidad en los contextos normativos y de práctica de los Estados laicos en la región. En esa línea, hicieron un llamado a la CIDH a trabajar en el fortalecimiento institucional desde una perspectiva laica y solicitaron a la Comisión que elabore estándares claros sobre libertad religiosa, libertad de expresión y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación para el ejercicio de todos los derechos humanos. La CIDH manifestó que dará seguimiento y atención a la situación presentada poniéndose a disposición también de los Estados para brindar cooperación técnica en lo pertinente.
Control del gasto público, políticas fiscales y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina
Las organizaciones solicitantes denunciaron que la política fiscal en América Latina no ha tenido mayor efecto en reducir la desigualdad económica, e incluso en algunos países dicha política ha empeorado la situación de los más pobres. Se presentó casos ilustrativos de Argentina, Colombia, Perú y Brasil e indicó que en general los países de la región se caracterizan por tener políticas fiscales poco transparentes, poco participativas y de carácter predominantemente regresivo e inequitativo, situación que determina el bajo nivel de goce de los DESCA, en particular de las poblaciones más pobres y excluidas. También se refirieron a antecedentes de decisiones judiciales en el continente sobre litigios de política fiscal, a alternativas a las tendencias fiscales de la región y a la urgencia de alinear las decisiones de tributación, presupuesto y gasto público con los principios de derechos humanos. Finalmente, se destacó el rol y responsabilidad de la CIDH y otros organismos de derechos humanos en abordar la evaluación y monitoreo de las decisiones sobre política fiscal para asegurar y proteger los DESCA.
Situación de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad en las Américas
Las organizaciones participantes destacaron la prevalencia de discriminación y violencia contra mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Ellas continúan enfrentando obstáculos físicos, comunicacionales y actitudinales para acceder a servicios de salud, que pueden tener graves repercusiones en su integridad y bienestar. De acuerdo a las informaciones recibidas, al ser privadas de su capacidad jurídica y puestas bajo tutela, las mujeres con discapacidad se ven impedidas de tomar decisiones sobre su cuerpo, siendo así sometidas a prácticas como abortos y esterilizaciones sin su consentimiento. La Comisión resaltó la gravedad de la situación expuesta y el impacto profundamente negativo de estas prácticas en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Asimismo, la Comisión reiteró el deber de todos los Estados de armonizar sus marcos normativos a los estándares internacionales en la materia.
Denuncias de violaciones de derechos humanos por la justicia militar en Venezuela
Las solicitantes denunciaron que el poder ejecutivo manipula al poder judicial en el área militar y refirieron el uso de la justicia militar como herramienta de persecución política, el procesamiento de civiles en este fuero especial, así como la manipulación de los tipos penales como mecanismos de amedrentamiento. Además, destacaron que en Venezuela existen 796 personas sometidas a la justicia militar y 249 presos políticos. Las solicitantes manifestaron su preocupación por el caso del diputado Gilber Caro. El Estado enfatizó que la justicia militar no se establece en razón de las personas sino que la jurisdicción sigue la suerte de la naturaleza de la infracción. Asimismo, resaltó que el sistema de justicia militar de Venezuela es el único en Latinoamérica que goza de una defensa pública. La CIDH expresó que el tema de la audiencia está resuelto en el sistema interamericano, recordó que el orden jurídico interamericano ha fijado claramente que en tiempos de paz los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, lo cual no está en discusión. Reiteró su preocupación por tareas encomendadas a las fuerzas armadas para el control de manifestaciones.
Denuncias de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en Venezuela
Las organizaciones solicitantes plantearon temas sobre violación a la libertad de expresión, así como sobre la falta de adecuación de la “Ley contra el Odio” a los estándares internacionales de libertad de expresión y los efectos inhibitorios de su aplicación. Además, informaron sobre hostigamiento, criminalización y descalificación pública contra periodistas y defensores de derechos humanos por parte de autoridades y a través de medios oficialistas, y la persecución contra funcionarios públicos que denuncian la situación en el país. Por su parte, el Estado manifestó que la Ley referida posee un fin legítimo y acorde a estándares internacionales, y presentó casos en los cuales alegó que ocurrieron situaciones de intolerancia y violencia. La CIDH manifestó diversas preocupaciones, tanto sobre la persecución de periodistas, como sobre la tipificación de delitos de odio bajo términos vagos y ambiguos. El Relator Especial señaló, entre otros, la falta de papel para la prensa y su preocupación por la revocación de frecuencias para operar medios independientes y la falta de garantías para su adjudicación y/o renovación.
Situación de derechos humanos de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil informó a la CIDH sobre la situación relativa a la llegada masiva de migrantes y refugiados venezolanos a múltiples países de la región y en particular respecto a los principales obstáculos que enfrentan en materia de derechos humanos en países de tránsito y destino, tales como el acceso a la salud; malnutrición de niños y niñas; acceso a documentación para regularización y acceso a derechos económicos, sociales y culturales, especialmente a pasaportes y apostillas emitidos por Venezuela; la falta de reconocimiento de personas venezolanas como refugiadas; la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas que han tenido que desplazarse forzadamente; el tratamiento abordaje de esta situación como un problema de seguridad nacional; la discriminación; el tráfico y la trata de personas principalmente con fines de explotación sexual, prostitución forzada y laboral; entre otros. A su vez, las organizaciones destacaron también buenas prácticas en las respuestas que están dando diversos países de la región ante estos hechos, tales como los permisos especiales y temporales de permanencia en Colombia, Perú y Brasil; las visas Mercosur en Argentina y Uruguay; y el reconocimiento como refugiados con la Declaración de Cartagena en México, entre otros. Finalmente, las organizaciones solicitaron a la CIDH que continúe instando a los Estados para brindar una respuesta de naturaleza regional basada en la responsabilidad compartida y en un enfoque de derechos humanos. La CIDH expresó su compromiso en brindar asistencia técnica a los Estados y a impulsar que conozcan e implementen las recomendaciones de su Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas.
Se aprobaron los siguientes son los informes de admisibilidad durante el 168 período de sesiones:
- Informe No. 31/18, Petición 163-08, José Luis González y José Alberto Ramírez, Argentina
- Informe No. 32/18, Petición 355-08, Alberto Miguel Andrada y Jorge Osvaldo Álvarez, Argentina
- Informe No. 33/18, Petición 377-08, Amanda Graciela Encaje, Argentina
- Informe No. 34/18, Petición 1018-07, Guillermo Juan Tiscornia y Familia, Argentina
- Informe No.35/18, Petición 31-07, Yasmín Eriksen Fernández Acuña, Chile
- Informe No. 36/18, Petición 837-07, Comunidad Huilliche «Pepiukelen», Chile
- Informe No. 37/18, Petición 1571-07, Patricio Germán García, Chile
- Informe No. 38/18, Petición 140-09, María G. y familia, Colombia
- Informe No. 39/18, Petición 196-07, José Ricardo Parra Hurtado, Félix Alberto Páez Suárez y familias, Colombia
- Informe No. 40/18, Petición 607-07, Nelson Enrique Giraldo Ramírez y familia, Colombia
- Informe No. 41/18, Petición 644-08, Regina Betancur de Liska, Colombia
- Informe No. 42/18, Petición 663-07, Familias desplazadas de la Hacienda Bellacruz, Colombia
- Informe No. 43/18, Petición 705-07, Neri Luz Martínez Padilla e hijas, Colombia
- Informe No. 44/18, Petición 840-07, Masacre de Pijiguay, Colombia
- Informe No. 45/18, Petición 1494-07, John Jairo Restrepo, Colombia
- Informe No. 46/18, Petición 1638-12, Raiza Isabel Salazar (Analizar Art. 4 en fondo), Colombia
- Informe No. 47/18, Petición 975-07, Jasper McDonald Hamilton, Costa Rica
- Informe No. 48/18, Petición 148-07, María Isabel Morán Bajaña, Ecuador
- Informe No. 49/18, Petición 1542-07, Juan Espinosa Romero, Ecuador
- Informe No. 50/18, Petición 931-07, Edgar Alfredo Valdez López, Guatemala
- Informe No. 51/18, Petición 1779-12, Kaqhikuel Maya Indigenous People of Sumpango in Sacatepéquez; Achi Maya People of San Miguel Chicaj, Baja Verapaz; Mam Maya People of Cajola, Quetzaltenango; and Todos Santos in Cuchumatán, Guatemala
- Informe No. 52/18, Petición 253-10, Alejandro Fernando Aguilera Mendieta y otros, México
- Informe No. 53/18, Petición 1348-08, Antonio López Cantú, México
- Informe No. 54/18, Petición 64-08, Lita Natalia Sánchez Castillo, Perú
- Informe No. 55/18, Petición 354-08, Carlos Alberto Moyano Dietrich, Perú
- Informe No. 56/18, Petición 835-08, Blanca Imelda Arriaga Céspedes, Perú
- Informe No. 57/18, Petición 969-07, Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, Perú
- Informe No. 58/18, Petición 1434-08, Rómulo Rubén Palma Rodríguez, Perú
- Informe No. 59/18, Petición 871-08, Tatiana Marisa Barría Mardones y B.B.A.B., Chile
Prensa CIDH
