La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la cual amplió las medidas cautelares otorgadas a las personas integrantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) de Venezuela. En su resolución, la CIDH tomó en cuenta la existencia de pronunciamientos y expresiones estigmatizantes y peyorativas por parte de autoridades estatales en contra de personas defensoras de derechos humanos los cuales “contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población” afectando la vida e integridad personas de las personas defensoras.
La CIDH tomó en cuenta el grave contexto de violencia contra personas defensoras en el cual las y los integrantes de PROVEA llevan adelante sus labores; y que los ataques contra la organización obedecen a su labor de defensa de derechos humanos. De acuerdo a la CIDH, en Venezuela las personas defensoras enfrentan serias amenazas, ataques, hostigamientos y criminalización, así como el cierre progresivo del espacio cívico en el país. En su resolución, la Comisión consideró la existencia de una campaña de hostigamiento en contra de PROVEA, la cual ha sido reiterada y sostenida en el tiempo por altas autoridades del país. La CIDH analizó la existencia de amenazas, incluso amenazas de muerte cíclicas, provenientes de distintos sectores de la sociedad, que se repuntan después de que las autoridades estatales mencionan a PROVEA y sus miembros en redes sociales y canales oficiales de comunicación.
Todo acto de hostigamiento y amenazas interfieren con diversos derechos internacionalmente reconocidos como el derecho a defender derechos y los derechos a la integridad personal, honra, dignidad, libertad de reunión, asociación, expresión, entre otros. Particularmente, en el contexto electoral actual de Venezuela, garantizar el libre ejercicio del trabajo de las personas defensoras es indispensable para resguardar los valores democráticos y el Estado de derecho.
Hacemos un llamado al Estado venezolano a cumplir con las medidas cautelares y a poner fin a todo tipo de difamación, intimidación, amenazas y actos de hostigamiento en contra de PROVEA y a garantizar nuestro libre desenvolvimiento como defensores de derechos humanos en Venezuela.
Puede consultar la resolución completa AQUÍ
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