Al menos dos nuevos casos de desaparición forzada de personas -por motivaciones políticas- se registraron este lunes en Venezuela.
El defensor de Derechos Humanos y periodista especializado en redes, tecnologías y ciberactivismo, Luis Carlos Díaz, fue reportado como desaparecido por su compañera, la también activista Naky Soto, desde las 5:30 de la tarde de este 11 de marzo.
«Estimados: perdí contacto con @LuisCarlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en @Unionradionet desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am», publicó Soto en su cuenta tuiter a las 10:19pm.
Estimados: perdí contacto con @LuisCarlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en @Unionradionet desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am#DóndeEstáLuisCarlos
— Naky Soto (@Naky) 12 de marzo de 2019
Seguidamente añadió en otro tuit «.@LuisCarlos anda en bicicleta, pero desde las 5:30 pm no sé nada sobre él y: – no está en la emisora – no está en casa – no ha tuiteado – no contesta llamadas – no contesta SMS ni mensajes en WhatsApp».
.@LuisCarlos anda en bicicleta, pero desde las 5:30 pm no sé nada sobre él y:
– no está en la emisora
– no está en casa
– no ha tuiteado
– no contesta llamadas
– no contesta SMS ni mensajes en WhatsApp#DóndeEstáLuisCarlos— Naky Soto (@Naky) 12 de marzo de 2019
Luego de conocerse la denuncia y de una fuerte presión a través de las redes sociales y visitas a centros de reclusión en Caracas, a las 2:30 de la madrugada, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la vivienda del activista. Sólo entonces se conoció su paradero y se supo que había sido detenido de forma arbitraria por funcionarios de ese cuerpo policial mientras se trasladada en bicicleta desde la sede del Circuito Unión Radio hasta su vivienda. Díaz fue trasladado esposado a bordo de una patrulla del SEBIN con el objetivo que presenciara el procedimiento.
El periodista y estrecho colaborador de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, permaneció desaparecido por 9 horas, tiempo en el cual fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios encargados de su custodia. Díaz había sido criminalizado por el señor Diosdado Cabello Rondón, quien en su programa televisivo «Con el Mazo Dando», lo acusó de ser responsable del apagón eléctrico que afecta todo el país desde el pasado jueves. Según informaron los agentes del SEBIN, será imputado por «delitos informáticos».
En otra situación, el trabajador y dirigente sindical de la estatal Corpoelec, Geovany Zambrano Rodríguez, fue reportado como desaparecido por familiares, amigos y periodistas vinculados a la fuente laboral.
A las 11:15 de la noche, la periodista Clavel Rangel informó en su cuenta tuiter que el sindicalista se encontraba desaparecido desde las 6:00 de la tarde de este lunes. Sus familiares habían perdido contacto con él desde esa hora y testigos aseguraron que había sido interceptado por una camioneta gris marca Hyundai, modelo Tucson, en el sector Alta Vista de la ciudad de Puerto Ordaz en el estado Bolivar.
Denuncian desaparición del trabajador de #Corpoelec, Geovany Zambrano Rodríguez. Familiares no saben nada de él desde las 6pm de hoy #11Mar. Testigos aseguran que fue interceptado por una camioneta gris Tucson en Alta Vista, Puerto Ordaz. pic.twitter.com/ZlQoJeW6dz
— Clavel Rangel J. (@ClavelRangel) 12 de marzo de 2019
La periodista informó que Zambrano Rodríguez había participado en una rueda de prensa el 18 de febrero de 2019, junto a otros trabajadores Corpoelec, en la que denunciaron la crítica situación del sector eléctrico. En horas de la mañana de este martes, familiares del trabajador informaron que había sido liberado a las 3:00am.
Patrón generalizado y sistemático
Desde el ascenso al poder de Nicolás Maduro, Provea ha registrado más de 140 casos de personas secuestradas por su gobierno. El patrón de actuación de las fuerzas de seguridad, que ha tendido a consolidarse implica: detención arbitraria; incomunicación; desaparición forzada; violación del derecho a la defensa y el debido proceso, entre otros. La mayoría de los casos de secuestros de Estado registrados por Provea se produjeron en el primer semestre de 2018, con un total de 85 casos registrados entre enero y junio del presente año.
Genera honda preocupación el aumento de los casos de desapariciones-forzadas-temporales de personas en el marco del aumento del terrorismo de Estado. Al repertorio represivo mostrado por la dictadura, se ha sumado en los últimos 3 años el aumento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, desconocen el paradero o las condiciones de reclusión y respeto a la vida e integridad de las personas detenidas.
La desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su circulo de familiares y amigos. No sólo afecta al desaparecido, genera un profundo temor e incertidumbre en sus familiares, por lo que prolonga el sufrimiento e inhibe a la sociedad, quien se siente amenazada ante tales prácticas. En la asunción del terrorismo de Estado como forma de gobierno, las dictaduras -clásicas y modernas- de América Latina, han recurrido a la oprobiosa tarea de desaparecer a cientos de miles de ciudadanos para tratar de impedir los cambios sociales o aplastar las revueltas sociales que demandan mejoras para las mayorías.
En agosto de 2017 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicó un informe sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en el contexto de las manifestaciones realizadas ese año, en el que identificó un patrón generalizado y sistemático por parte de la gestión de Maduro, dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social. Estas violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población. El asesinato, la tortura, la persecución por motivos sociales y/o políticos y la desaparición forzada de personas -de forma masiva y sistemática-, son elementos que permiten revelar la existencia de un plan para la comisión y encubrimiento de crímenes contra los derechos humanos perpetrados por el aparato estatal contra la población.
Prensa Provea
