El pasado mes de septiembre de 2020, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe de 443 páginas con sus investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos desde 2014 en la República Bolivariana de Venezuela.
Este informe -como mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- se presentó con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
Caso 17: Capitán Rafael Acosta Arévalo
El arresto y la detención
El 22 de junio de 2019, la esposa del Capitán Rafael Acosta Arévalo, Waleska Pérez, publicó un vídeo en los medios sociales expresando su preocupación por no haber sabido nada de su marido desde las 14.00 horas del día anterior. En ese momento, el Capitán se dirigía a una “reunión personal” en Guatire, estado de Miranda, con oficiales militares activos y retirados. Durante varios días, su familia no supo su paradero. Sus abogados no pudieron comunicarse con él hasta el 28 de junio de 2019, cuando fue presentado ante un tribunal militar.
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El miércoles 26 de junio de 2019, el Gobierno anunció que la DGCIM había detenido al Capitán Acosta Arévalo. En una conferencia de prensa, el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que el Capitán Acosta Arévalo había sido detenido, junto con otras personas, acusado de participar en una conspiración para un golpe que se iba a realizar los días 23 y 24 de junio de 2019 llamado “Vuelvan Caras”. El Ministro mostró un video del Capitán Acosta Arévalo supuestamente planeando la conspiración. El Ministro no proporcionó información sobre su lugar de detención.
El 27 de junio de 2019, el Fiscal General Tarek William Saab hizo una declaración televisiva que se sumaba a la información presentada el día anterior por el Ministro Jorge Rodríguez. Dijo que el Ministerio Público estaba abriendo una investigación sobre esta conspiración. El Fiscal General acusó a catorce individuos incluyendo civiles y militares retirados, dentro de los cuales el capitán Acosta Arévalo. La investigación fue asignada a la Fiscalía Nacional Trigésimo Novena.
Según un informe de la DGCIM, en la mañana del 26 de junio de 2019, dos oficiales de la DGCIM viajaron de Caracas a Guarenas para arrestar al Capitán Acosta Arévalo, basándose en la información de inteligencia que habían recibido. Identificaron e interceptaron al Capitán Acosta Arévalo en una parada de autobús. Después de presentar sus documentos a los oficiales de la DGCIM, el Capitán Acosta Arévalo emprendió una carrera para huir y sufrió una caída. Según el informe de la DGCIM, dos testigos del arresto corroboraron esta versión de los hechos.
La versión de la DGCIM parece contrastar la versión de la familia del Capitán Acosta Arévalo, que no lo había visto ni sabido de él desde el 21 de junio. Desde esa fecha, se desconocía la ubicación y el paradero del Capitán Acosta, la familia y el equipo de defensa legal sospechan que el Capitán Acosta fue llevado a un centro de detención clandestino dirigido por la DGCIM.
La muerte del Capitán Acosta Arévalo
Según el informe de la DGCIM, los oficiales de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo al hospital militar Carlos Arvelo a las 7:00 horas el 28 de junio de 2019. El médico certificó que tenía un traumatismo en el tórax, nariz, dedos y tobillos, deshidratación moderada y una infección en la piel. El informe concluyó que estaba en condiciones estables.
En la noche del 28 de junio de 2019, el capitán Acosta Arévalo fue llevado para su audiencia de presentación ante el Tercer Juzgado Militar de Control del Municipio Libertador Bolivariano, Distrito Capital. Los demás acusados también fueron llevados al tribunal. El caso del Capitán Acosta Arévalo fue asignado a un tribunal militar, ya que se le acusó de delitos militares (traición a la patria, rebelión militar e instigación a la rebelión). El capitán Acosta Arévalo era un civil, que fue dado de baja del ejército en 2006.
Los oficiales de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo a la audiencia en una silla de ruedas. Antes de la audiencia, el abogado del Capitán Acosta Arévalo tuvo una breve interacción con su cliente. Los oficiales de la DGGIM insistieron en estar presentes durante la conversación. Según su abogado, lo primero que hizo el Capitán Acosta Arévalo fue pedir ayuda. El Capitán Acosta Arévalo no podía articular ninguna palabra, no podía mover sus manos o piernas y estaba adolorido y sangrando. Estaba descalzo. Sus ojos estaban muy abiertos. El abogado del capitán Acosta Arévalo le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza.
El personal del tribunal trató de darle un poco de agua. Cuando el juez vio el estado del capitán Acosta Arévalo, en la entrada de la sala de audiencia, ordenó su traslado inmediato al hospital militar Vicente Salias Sanoja en Fuerte Tiuna. La audiencia procedió para los otros acusados. La audiencia del Capitán Acosta Arévalo fue pospuesta hasta el día siguiente.
Alrededor de las 21:00 horas del 28 de junio, los oficiales de la DGCIM condujeron al Capitán Acosta Arévalo desde la sala del tribunal hasta el hospital. El viaje duró unos cinco minutos en coche, según el registro policial de la DGCIM. Según un registro médico al que tuvo acceso la Misión, el Capitán Acosta Arévalo llegó al hospital sin signos vitales.
Se realizó un electrocardiograma a las 21.30 horas que confirma que el Capitán Acosta Arévalo no tenía latidos cardíacos.
El informe de la CICPC menciona el depósito de cadáveres del hospital como su lugar de muerte. Sin embargo, las personas son generalmente llevadas allá una vez que ya han fallecido, lo que plantea dudas sobre la hora y el lugar exacto de la muerte. Entre el 28 y el 29 de junio de 2019, oficiales de la DGCIM no permitieron el acceso al hospital a nadie, ni a la familia del Capitán ni a sus representantes legales.
La muerte del Capitán Acosta Arévalo no fue anunciada oficialmente hasta el 29 de junio de 2019. Ese día, la FANB, a través del Ministerio de Defensa, emitió un comunicado de prensa que decía: “El viernes 28 de junio de 2019, fue presentado ante el Juez Penal Militar […] y antes de comenzar, se desmayó”. En el comunicado de prensa se afirmaba que el capitán Acosta Arévalo había fallecido, a pesar de haber recibido atención médica.
El 28 de junio de 2019, Sinue Villalobos, de la dirección de medicina Forense del SENAMECF, realizó un examen externo del cadáver en la morgue del hospital. La Misión tuvo acceso al informe del examen. Según el informe, tenía 38 heridas, 30 en la parte delantera y ocho en la parte trasera del cuerpo. El capitán Acosta Arévalo tenía el tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, los codos y las rodillas, y moretones en varias partes del cuerpo, incluyendo el muslo, los glúteos y la espalda. El cuerpo del Capitán Acosta Arévalo también mostraba una fractura en un pie y signos de quemaduras en su pie y en su muñeca.
Según el informe de la investigación policial, el cuerpo del capitán Acosta Arévalo fue trasladado a la dirección del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), en Colinas de Bello Monte, el 28 de junio de 2019. Para la autopsia estuvieron presentes anatomopatólogos forenses que trabajan para el SENAMECF y funcionarios del CICPC, así como representantes del Ministerio Público.
La Misión tuvo acceso a los resultados de la autopsia. El procedimiento estableció como causa de la muerte un edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda, debido a la rabdomiólisis (descomposición muscular) causada por un politraumatismo generalizado (al haber sido objeto de múltiples lesiones traumáticas). Su familia solicitó acceso a su cadáver para realizar una autopsia independiente, pero no recibió respuesta.
El 9 de julio de 2019, la jueza Norelys León del trigésimo sexto Tribunal de Control accedió a la solicitud del Fiscal General de que se realizara un entierro controlado. El 10 de julio de 2019, más de 10 días después de la muerte del Capitán Acosta Arévalo, la familia fue llamada a la morgue de Bello Monte para identificar el cuerpo. El cuerpo fue enterrado más tarde ese día, no se respetó el deseo de la familia de darle una cristiana sepultura en su ciudad de origen. A los medios de comunicación no se les permitió el acceso al entierro y el ataúd fue sellado.
Responsabilidad
El 30 de junio de 2019, el Ministerio Público acusó a dos oficiales de la DGCIM, el Teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el Sargento Segundo Estiben José Zárate Soto, de 23 y 22 años respectivamente, del asesinato del Capitán Acosta Arévalo. Ambos eran oficiales de bajo rango de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) de la DGCIM. Fueron los únicos arrestados en relación con el caso.
Los dos agentes de la DGCIM fueron acusados de homicidio preterintencional, lo que significa que el autor tenía la intención de herir pero no de matar, ya que la muerte no se habría producido sin una condición preexistente desconocida por el acusado. Tanto el abogado del Capitán Acosta Arévalo como su esposa han afirmado que el Capitán Acosta Arévalo se encontraba en buenas condiciones físicas antes de su detención y no tenía problemas de salud subyacentes.
El Ministerio Público no realizó una investigación sobre las denuncias de tortura. La mayor parte de la información presentada en la investigación del fiscal se refería más bien al propio capitán Acosta Arévalo incluyendo información sobre solicitudes presentadas a su banco, al servicio de migración, a su proveedor de telefonía celular y a sus familiares.
La audiencia preliminar de los oficiales de la DGCIM tuvo lugar el 1 de julio de 2019 ante el Trigésimo Sexto Tribunal de Control del Circuito Penal del área de Caracas. El tribunal ordenó la detención de ambos hombres. Se ordenó que los hombres fueran retenidos en la DGCIM de Boleíta durante la detención preventiva.
El equipo de defensa del Capitán Acosta Arévalo no fue notificado sobre la audiencia, por lo que no pudo ser parte al proceso. La única información que se escuchó fue la información presentada por el Ministerio Público, quien no presentó ninguna información sobre el paradero del Capitán Acosta Arévalo entre el 21 y el 26 de junio de 2019. El Ministerio Público no presentó ninguna evidencia probatoria sobre la intención de herir al Capitán Acosta Arévalo.
Los fiscales no mencionaron la palabra “tortura” en la acusación. El delito de tortura tiene una pena más alta (15 a 25 años) que la de homicidio preterintencional (7 a 15 años). Además, según la ley especial sobre la tortura de Venezuela, el Estado es corresponsable del delito. En consecuencia, sólo los autores directos enfrentaron cargos, y se eximió de responsabilidad a los funcionarios de mayor rango.
El 24 de septiembre de 2019, el tribunal encontró a los dos agentes de la DGCIM culpables de homicidio preterintencional y condenó cada uno a seis años y ocho meses de prisión. Actualmente se está tramitando un recurso de apelación contra las condenas ante el Tribunal de Apelación. Sin embargo, la Misión no ha podido verificar el lugar de detención de los acusados.
Conclusiones
Con base en los hechos mencionados, la Misión tiene motivos razonables para creer que se cometió arresto y detención arbitraria, así como desaparición forzada de corto plazo contra el capitán Acosta Arévalo. La Misión también tiene motivos razonables para creer que se cometieron torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el Capitán Acosta Arévalo, hasta el punto de causarle la muerte.
Oficiales de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM y la unidad de Asuntos Especiales habrían participado en estas violaciones.
Como parte de una campaña para que los casos de la Misión puedan ser difundidos y leídos en una mayor audiencia, Provea comienza una serie de publicaciones para destacar los hechos, las víctimas y su búsqueda de justicia. También, para que los testimonios de sus familiares, testigos e involucrados no sean olvidados ni ignorados por la sociedad civil.
Recordemos que el informe de la Misión se centra en los patrones de conducta en los que se produjeron las cuatro violaciones de los derechos humanos previstas en el mandato, encomendado por el Consejo de Derechos Humanos ONU. Dentro de cada patrón, el informe analiza con más detalle incidentes como ejemplos ilustrativos de los patrones dentro de los cuales se produjeron.
El mandato de la Misión se centra en la responsabilidad, la Misión trató de establecer y verificar los incidentes e investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos previstos en el mandato. También, trataron de identificar a los responsables de esas violaciones y delitos: “Al investigar las pruebas de la vinculación entre los delitos y los responsables, la Misión ha tratado de determinar las estructuras de mando, los patrones de conducta y los indicadores de control y disciplina”
Además, la Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas, encabezadas por Nicolás Maduro, como los ministros de Interior y Defensa, planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos: “algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituirían crímenes de lesa humanidad”
Esta Misión contó con 13 funcionarios, integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes. Su sede fue en Panamá. Los expertos no pudieron visitar Venezuela por la falta de respuesta del Gobierno de facto de Nicolás Maduro, pese a reiteradas solicitudes, según la Misión.
La Misión consiguió entrevistar a distancia a 274 víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. Analizaron documentos confidenciales y 223 casos.
Si desea leer completo el Informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, puede hacerlo AQUÍ
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