Crímenes del pasado, impunidad del presente
Un 19 de septiembre de 1989, Luis Alcides Alviarez de 33 años, fue detenido cuando funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) se presentaron en su casa preguntando por su padre. Esa misma tarde sus familiares se enteraron de su muerte en las dependencias de la DIM en Boleíta Norte, al este de Caracas.
La versión oficial indicó que Luis Alcides se había ahorcado, pero cuando sus familiares recibieron el cadáver notaron que presentaba rastros de haber recibido una brutal golpiza. Su cuerpo tenía fracturas y quemaduras.
Los familiares afirmaron que Alviarez no tenía antecedentes penales o policiales y tampoco sufría de trastornos emocionales que lo indujeran a suicidarse.
El entonces director de la DIM, Herminio Fuenmayor, explicó que Luis Alcides fue citado para un interrogatorio por una comisión del Tribunal Militar de San Cristóbal a causa de la pérdida de un cheque por Bs. 55.000 de la Proveeduría Militar de San Cristóbal en el estado Táchira. La esposa de la víctima trabajaba en esa dependencia y había hecho denuncias de irregularidades con desfalcos de hasta Bs. 2 millones ante la Contraloría Interna de las Fuerzas Armadas, lo que causó la destitución de varios funcionarios.
La familia presumió que se trató de una venganza provocada por las denuncias de corrupción que hizo la esposa de Luis Alcides Alviarez. Él fue la cuarta víctima asesinada por tortura que Provea registró en su primer Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Ese año, Provea expresó su preocupación por la práctica de la tortura a manos de funcionarios militares y policiales del país, y advirtió que, a pesar de su recurrente uso como mecanismo de castigo contra detenidos, no constituía aún un patrón de abuso sistematizado y de empleo generalizado.
Era septiembre de 1989 y el país apenas se recuperaba de las terribles heridas causadas por el suceso conocido como “El Caracazo”, en el que cientos de personas fueron víctimas de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública, en medio del desesperado intento del gobierno de Carlos Andrés Pérez por aplastar el descontento social.
Al publicar su reporte correspondiente al período octubre 1988 – diciembre 1989, Provea contabilizaba un total de 10 casos de torturas, con 4 personas fallecidas a consecuencia de los castigos infligidos por policías y militares.
36 años después las cosas han cambiado y no para bien.
::::::::::::::::::::::::::::::
Hace 5 años, el 28 de junio de 2019, otro detenido en los calabozos del organismo de inteligencia de la Fuerza Armada, corrió con la misma suerte que Luis Alcides Alviarez.
Un Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, fue detenido el 21 de junio de ese año acusado de formar parte de una conspiración para desalojar del poder a Nicolás Maduro.
El 22 de junio de 2019, la esposa del militar denunció su desaparición y declaró que había hablado con él por última vez a las 2:00 de la tarde del día anterior, mientras se encontraba en una reunión en la ciudad de Guatire, en el estado Miranda. Ese día, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron a siete personas, entre militares y policías activos y retirados. Entre los detenidos se encontraban dos coroneles retirados, un general de brigada de la aviación, un teniente coronel del Ejército, dos comisarios retirados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el capitán, Acosta Arévalo.
El 26 de junio -Dia Internacional contra la Tortura- y tras seis días desaparecido, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por el entonces ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo al capitán, de incurrir en los delitos de “terrorismo, conspiración y traición a la patria”.
El 28 de junio, Acosta Arévalo fue trasladado por una comisión de la DGCIM a la sede del Tribunal Militar que debía realizar su audiencia de presentación. El capitán llegó en una silla de ruedas con evidentes signos de torturas. Los funcionarios de la DGCIM impidieron que la entrevista con sus abogados fuera privada.
Acosta Arévalo presentaba excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso. Acosta Arévalo tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.
«Los oficiales de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo a la audiencia en una silla de ruedas. Antes de la audiencia, el abogado del Capitán Acosta Arévalo tuvo una breve interacción con su cliente. Los oficiales de la DGGIM insistieron en estar presentes durante la conversación. Según su abogado, lo primero que hizo el Capitán Acosta Arévalo fue pedir ayuda. El Capitán Acosta Arévalo no podía articular ninguna palabra, no podía mover sus manos o piernas y estaba adolorido y sangrando. Estaba descalzo. Sus ojos estaban muy abiertos. El abogado del capitán Acosta Arévalo le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza.«, recoge el informe de la Misión de Determinación de los Hechos (MDH) para Venezuela, sobre lo ocurrido al militar.
Su estado era tan crítico que el Juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en el Fuerte Tiuna. Horas después informaría que el detenido había fallecido durante la noche en el hospital.
La MDH tuvo acceso a los resultados de la autopsia. El procedimiento estableció como causa de la muerte un edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda, debido a la rabdomiólisis (descomposición muscular) causada por un politraumatismo generalizado (al haber sido objeto de múltiples lesiones traumáticas). Su familia solicitó acceso a su cadáver para realizar una autopsia independiente, pero no recibió respuesta.
Rafael Acosta Arévalo fue torturado y asesinado en los calabozos de la DGCIM.
Castigar y silenciar
En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas.
La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por el gobierno de Nicolás Maduro. El asesinato de Rafael Acosta Arévalo, reveló ante la opinión pública esa dramática realidad.
En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos.
Tras 11 años de la aprobación de la «Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes’ no se registran avances, pero sí muchos retrocesos en la garantía del derecho a la integridad personal.
En 10 años al frente de la presidencia, la gestión de Maduro acumula 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Entre 2013 y 2023, 85 personas murieron a consecuencia de torturas recibidas de manos de policías y militares venezolanos. La tortura se ha institucionalizado debido al aliento de las autoridades y el cobijo de la impunidad. Los tratos crueles azotan a diario a cientos de personas privadas de libertad, quienes son sometidas a condiciones de reclusión que atentan contra la dignidad humana.
Un escenario de emergencia humanitaria compleja; ausencia de institucionalidad democrática y sistemáticos abusos contra los derechos humanos, han condenando a los venezolanos a condiciones de vida extremadamente precarizadas.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, identificó un patrón generalizado y sistemático por parte de la gestión de Maduro, dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social. Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población.
En la Venezuela de Maduro, el poder del Estado es empleado para cometer violaciones de los derechos que este debe respetar y garantizar. La impunidad es favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas. La construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se brinda a los perpetradores de dichos crímenes, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.
Prensa Provea
