Tras el lanzamiento del Plan Oro y Expansión Minera 2026, anunciado este lunes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Provea recuerda que desde 2016 el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, extendió la frontera extractiva en el sur del país, afectando severamente al medio ambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones.
Al crear el Arco Minero del Orinoco, las autoridades no consideraron la existencia de parques nacionales, reservas forestales y otras figuras de protección ambiental, menos aún, a los territorios ancestrales y tradicionales de pueblos indígenas, que no fueron consultados.
No se realizaron los estudios de impacto ambiental y sociocultural, obligatorios por ley.
Con el Arco Minero del Orinoco se transgredió abiertamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho humano a un medio ambiente sano.
La puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco, impulsó el avance de la minería ilegal descontrolada en todo el sur del país, trascendiendo los límites geográficos establecidos en el propio Decreto de creación del Arco Minero del Orinoco.
Además, se atizaron las disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer el control de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
Las tensiones entre indígenas y actores estatales y grupos armados no estatales, -incluyendo a las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC- han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, que ha sido impulsada por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco.
La paralización de los procesos de demarcación de territorios indígenas; el abandono de las obligaciones estatales de proveer salud, alimentación y seguridad a sus comunidades; la ausencia de garantías para los derechos a la movilidad, educación y a la participación política en igualdad de condiciones y el desmantelamiento de la institucionalidad y la guardería ambiental, forman parte de un amplio repertorio de abusos y ausencias estatales que echan por tierra todos los avances que se alcanzaron con la aprobación de la Constitución de 1999.
Insistimos, la minería ilegal se ha expandido más allá de los límites establecidos en el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, impactando intensamente otras áreas que deben ser protegidas, como la Reserva Forestal La Paragua, el parque nacional Canaima y todo el estado Amazonas, entre otros.
En la actualidad, la actividad minera ejercida sin ningún tipo de regulación institucional, pero con evidente complicidad oficial, genera graves daños ambientales como deforestación, contaminación mercurial de suelos, agua y ecosistemas en general.
Recién, la Sra. Delcy Rodríguez aseguró que la producción nacional de oro alcanzó un total de 9.5 toneladas en 2025.
Pero eso no se ha traducido en bienestar para los pueblos indígenas.
La malaria y la tuberculosis siguen siendo la principal causa de muerte entre indígenas.
Se han registrado más de 390 muertes entre indígenas Yanomami, en su mayoría por malaria, en los últimos años.
Un panorama tan complejo, urge respuestas inmediatas.
Las autoridades venezolanas deben asumir un compromiso real con la protección de la Orinoquía y la Amazonía y, sobre todo, con los pueblos que la habitan.
Ello incluye el cumplimiento de:
- Los procesos de demarcación, auto-demarcación y entrega de titularidad de tierras a los pueblos indígenas.
- Respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada y a la asociación autónoma de los pueblos y organizaciones indígenas.
- Paralización de los proyectos de mega-minería en el marco del Arco Minero del Orinoco, hasta tanto no se realicen, adecuadamente, los estudios de impacto ambiental y la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas afectados.
- Lucha eficaz y sostenible contra la minería ilegal, el desalojo de grupos irregulares y el desmantelamiento de las gobernanzas ilícitas que controlan el territorio.
- Suscripción y adopción del Acuerdo de Escazú.
- Cumplimiento del plan de salud Yanomami, y compromisos para extenderlo al resto de los pueblos y comunidades indígenas.
