(Comunicaciones FDDHHANZ 12/05/2020) Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ), catalogó como una situación irregular y violatoria establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico de Procesal Penal, los allanamientos sin orden judicial que ejecuta el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) subdelegación Peñalver en el sector la playa, calle 10 de Boca de Uchire, municipio San juan de Capistrano.
Destacó que el último procedimiento ilegal se produjo este 4 de mayo sin orden judicial, ya que supuestamente buscaban un alijo de drogas que no llegaron a encontrar, pero además en la vivienda allanada sustrajeron enseres y otros bienes de propiedad privada.
El defensor de los derechos humanos destacó que los cuerpos de seguridad están actuando sin ningún tipo de limitaciones, vulnerando constantemente los derechos ciudadanos contemplados en el vigente texto constitucional, supuestamente por órdenes superiores, lo cual está creando malestar en la población del estado Anzoátegui.
Consideró que es necesario que las actuaciones de los cuerpos de seguridad actúen en el marco de la constitución.
“Venezuela a pesar de la crisis institucional que vive aún conserva mucho de lo que es un Estado de derecho. En consecuencia se debe respetar uno de los principios que lo soporta como lo es el respeto a los derechos humanos”, enfatizó Magallanes.
Hizo un llamado a los funcionarios policiales para que no se presten a ejecutar órdenes de sus superiores que estén fuera del marco constitucional y legal, puesto quienes pagan las consecuencias son ellos que forman parte también de la población vulnerable del país.
“¿Quién es el policía? La repuesta es: un joven de tez morena criado en un lugar pobre de Venezuela y que al ingresar al cuerpo de seguridad, lo primero que hace es atacar a sus compañeros de infortunio que son los que viven en los barrios desfavorecidos”, cuestionó.
El director de FDDHHANZ criticó que aún la orientación de los cuerpos de seguridad del Estado sigue siendo de carácter clasista, donde únicamente se combaten los delitos en los sectores populares de la población.
“Esto se puede evidenciar con el hecho de que más del 90% de quienes están detenidos, ya sea en calidad de procesados o con sentencias judiciales, pertenecen a la población depauperada del país”.
