Villca Fernández es un joven venezolano, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), en el estado Mérida, y candidato a diputado para la Asamblea Legislativa en el año 2015. Fernández ha sido activista estudiantil durante años. En el año 2010, recibió el impacto de 65 perdigones cuando ejercía su derecho a la protesta pacífica por el aumento del pasaje estudiantil. Además, ha sido señalado en múltiples ocasiones como terrorista o conspirador por distintas autoridades nacionales en programas de televisión, sin que haya habido una investigación previa por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, el 27 de enero de 2016, Fernández fue nombrado por una alta autoridad del partido de gobierno en un programa en la televisión oficial del Estado, señalándolo como parte de una conspiración para desestabilizar la seguridad de la nación.
El 31 de enero de 2016, el estudiante replicó estas últimas acusaciones a través de un mensaje en Twitter. Ese mismo día, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Fernández en la vía pública y fue trasladado a la ciudad de Caracas.
El 1 de febrero, Fernández fue presentado ante tribunales, luego de transcurridas las 48 horas que indica la ley. Fue imputado por el delito de instigación al odio, dictándose la medida de régimen de presentación cada 15 días. La defensa solicitó la libertad plena, al considerar que el Ministerio Público no había presentado ninguna prueba. Tal como relataron familiares a Amnistía Internacional, en plena audiencia, la juez pidió un receso. Cuando se retomó la audiencia, el fiscal imputó un delito adicional, divulgación de información falsa, y se cambió la medida por la privativa de libertad contra Fernández.
Fernández ha participado en varios episodios de protestas llevadas a cabo por un grupo de detenidos en el Helicoide. Cada episodio ha generado “castigos” por parte de los custodios, los cuales incluyen el aislamiento, la prohibición de visitas de familiares y abogados, así como la falta de acceso a luz solar.
Familiares de Fernández además han relatado a Amnistía Internacional que ha sido maltratado durante su reclusión: por ejemplo, estuvo amarrado a una reja por varios días. También informaron que en junio de 2017, sus condiciones de reclusión habían recrudecido: se encontraba en una misma celda con 20 presos comunes y 3 detenidos por motivaciones políticas, donde no contaban con acceso a sanitarios, ni condiciones higiénicas.
Por otra parte, familiares de Villca Fernández han manifestado preocupación por su estado de salud. Amnistía Internacional ha podido constatar que desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017, el Tribunal 24 del Área Metropolitana de Caracas había emitido cuatro comunicaciones dirigidas al Jefe del SEBIN, en las cuales se ordena el traslado de Fernández a un centro hospitalario para que sea evaluado por especialistas en traumatología, gastroenterología, cardiología, odontología y psiquiatría, tal como fue solicitado con urgencia por una médico forense del Ministerio Público. Hasta la fecha, Fernández no había recibido la atención médica que requiere y tampoco se habían dado pronunciamientos al respecto por parte de la Defensoría del Pueblo.
El 24 de enero, Fernández comenzó una huelga de hambre para exigir que se realizara su traslado a un centro hospitalario, a fin de atender su estado delicado de salud. En días siguientes, finalmente recibió la atención médica que había estado necesitando urgentemente desde hace más de seis meses.
Hasta enero de 2018, no se había celebrado su audiencia de apertura de juicio, la cual ha sido diferida al menos 9 veces.
El 31 de enero de 2018, Fernández cumplió dos años de detención arbitraria.
Villca Fernández es un prisionero de conciencia y Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional.
Prensa Amnistía Internacional
