Según información recibida por Amnistía Internacional, fuerzas del orden venezolanas y grupos de civiles armados partidarios del gobierno reprimieron violentamente manifestaciones convocadas por la oposición el 26 de octubre en diferentes ciudades del país. Decenas de personas habrían resultado heridas, algunas con impactos de bala. Ochenta personas fueron detenidas de acuerdo a información del Ministerio Público, que a su vez dio a conocer la muerte del policía José Molina Ramírez. Aún no se ha informado la captura de ningún sospechoso por este hecho.
A Amnistía Internacional le preocupan las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, como el caso de Laura Lara, víctima de una brutal paliza registrada en vídeo, propinada por varios funcionarios hombres de la Policía del estado Aragua, en la región central de Venezuela. Entre las personas heridas se encuentra José Rafael Ayala, manifestante que habría perdido un ojo por el impacto de un perdigón, también registrado en vídeo.
Amnistía Internacional teme que la violencia pueda intensificarse en el marco de las nuevas manifestaciones convocadas por la oposición, generándose abusos masivos por parte de las fuerzas del orden venezolanas como los suscitados en 2014, cuando al menos 43 personas murieron y casi 900 resultaron heridas durante protestas. La gran mayoría de estas personas continúan esperando justicia.
Amnistía Internacional hace un llamado al respeto de los derechos humanos de acuerdo a los tratados y pactos internacionales ratificados por el estado Venezolano.
Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, manifestó que “las autoridades venezolanas deben respetar el derecho a la libertad de expresión, asociación y asamblea, sin temor a lesiones, perder la libertad o la vida”.
“Es necesario una señal clara de condena a cualquier acto de violencia o abuso que pretenda intimidar o acallar a quienes quieran ejercer su legítimo derecho a participar en estas manifestaciones”.
Con este fin, no solo las fuerzas del orden deben abstenerse de hacer un uso desproporcionado de la fuerza, sino también deben intervenir para garantizar el derecho a la protesta pacífica frente a civiles que pudieran atacar a manifestantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades su deber de investigar cualquier denuncia por violaciones a los derechos humanos, así como cualquier denuncia de abusos perpetrados por civiles armados. Los perpetradores deben ser llevados ante la justicia.
Finalmente, las autoridades venezolanas deben garantizar que nadie sea procesado ni privado de libertad por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión, asociación y asamblea. En caso de producirse detenciones, debe ser respetado el derecho a un debido proceso, sin dilaciones innecesarias y permitiendo el acceso sin demora y de forma periódica a familiares y abogados para evitar tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Amnistía Internacional hace también un llamado a los manifestantes a ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de una manera pacífica.
Amnistía Internacional
