En nombre del activismo de Amnistía Internacional en todos los continentes a favor de la liberación y la justicia para las víctimas de detenciones arbitrarias en Venezuela, el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, hizo entrega a la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de más de 40.000 firmas recopiladas en 69 países en los últimos dos meses.
“Es tal el grado de alarma ante los crímenes de derecho internacional que se están perpetrando, que el activismo mundial se ha movilizado de forma masiva contra la falta de tolerancia hacia la disidencia y el uso del poder para silenciar cualquier voz crítica que se atreva a expresar su descontento frente a la actual crisis social y política en Venezuela” dijo Marcos Gómez, quien durante su reunión con la Fiscal manifestó su apoyo a la labor de las y los fiscales que proceden a la búsqueda de evitar abusos por parte de funcionarios del Estado.
“Lo más importante es centrarse en la justicia y reparación a las víctimas y en la garantía de no repetición”.
Por su parte, la Fiscal resaltó la importancia del trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para poder lograr un trabajo efectivo por parte del Ministerio Público. De igual manera, resaltó el papel de Amnistía Internacional a la hora de elevar la conciencia mundial sobre los abusos a los derechos humanos que pudieran cometerse en Venezuela.
Ortega Díaz reflexionó en relación con la necesidad de tener un sistema de justicia independiente e imparcial que en verdad cumpla su función a favor de toda la población, sin interferencias indebidas de otros poderes, como el poder Ejecutivo. “Está en juego el enjuiciamiento de los venezolanos y de las personas que viven en el país” afirmó.
“Aquí se ha vuelto normal tocar las puertas y tumbarlas. Los jueces imputan y los juicios se ponen cada vez más pequeños, tipo sumario. Esto es gravísimo”
De acuerdo a Amnistía Internacional, el gobierno venezolano, junto con los servicios de inteligencia y de seguridad, ha estado encarcelando de forma ilegal a personas por el simple hecho de expresar su opinión, arrebatándoles el derecho al debido proceso. La injerencia del Poder Ejecutivo ha dado paso al uso abusivo del Poder Judicial, valiéndose de tipos penales ambiguos y de carácter político como “delitos contra la patria”, imputándosele a civiles delitos de carácter militar y juzgándoseles en tribunales militares. Se utilizan testimonios de testigos anónimos para detener arbitrariamente y privar a las personas detenidas del derecho a la presunción de inocencia; y se ignoran órdenes de libertad emitidas por tribunales competentes.
Tales patrones se evidencian a través del último informe de Amnistía Internacional sobre Venezuela titulado “Silencio a la Fuerza; detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela” que contiene una serie de recomendaciones a las autoridades venezolanas, recomendaciones que están siendo apoyadas por personas en Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Catar, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Filipinas, Francia, Gana, Georgia, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mauricio, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Ruanda, Rumanía, Rusia, Suazilandia, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Uruguay y Venezuela; que vienen alzando su voz estos últimos dos meses siguiendo el llamado global de Amnistía Internacional para exigir a las autoridades venezolanas respeto a la libertad de expresión y el fin de las detenciones arbitrarias en el país.
Amnistía Internacional
