Washington, D.C. – Las personas migrantes y sus familias, independientemente de su situación migratoria, deben estar incluidas en los programas nacionales de respuesta y recuperación del COVID-19 de todos los países, expresaron hoy expertas y expertos en derechos humanos en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Persona Migrante. La declaración completa a continuación:
“La pandemia ha manifestado globalmente las vitales contribuciones que las y los trabajadores migrantes brindan a las economías locales. Las trabajadoras y los trabajadores migrantes forman una fuerza laboral crucial en varios sectores, contribuyendo a la prestación de servicios esenciales durante la pandemia del COVID-19, incluso en los hogares domésticos. Entre ellos, trabajadoras y trabajadores de la salud y cuidadoras y cuidadores migrantes han estado en primera línea.
En este día en que rendimos homenaje a todas las personas migrantes, en un contexto de crisis continua de salud mundial que también tiene un impacto severo en la gobernanza de los movimientos migratorios, debemos recordar a los Estados el tratar a todas las personas migrantes con dignidad, brindándoles igualdad de acceso a servicios, beneficios, información y asistencia.
En los planes nacionales de recuperación y respuesta socioeconómica, los Estados deben considerar el valor que las trabajadoras y los trabajadores migrantes aportan con su mano de obra, habilidades y diversidad, a las comunidades de acogida. Las personas migrantes y sus familias deben estar plenamente integradas en los planes nacionales de recuperación, y los Estados deben abordar la recuperación de la pandemia, de manera más inclusiva y sostenible, al mismo tiempo que implementan sus normativas en salud pública.
Con un acceso limitado a la protección social y a condiciones de trabajo decentes, muchas personas migrantes y sus familias corren un grave riesgo de explotación. La prevención de la explotación por parte de los Estados es una obligación fundamental en materia de derechos humanos.
Las trabajadoras y los trabajadores migrantes también contribuyen a la resiliencia económica en los países de acogida. Los Estados deben invertir en mejorar la resiliencia de las personas migrantes y sus familias proporcionándoles acceso a los servicios básicos, incluyendo los servicios de salud, en particular a quienes se encuentran en condiciones socioeconómicas precarias. Cuando las vacunas para el COVID-19 estén disponibles, las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, deben tener acceso de manera voluntaria a ellas, y en igualdad de condiciones que las demás personas. Tan pronto sea posible, los Estados deben levantar las medidas restrictivas que se han impuesto y que han tenido un impacto en los protocolos de movilidad, migración y protección humana en respuesta a la pandemia
FIN
Felipe González Morales (Chile) fue designado fue designado Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2017 por un periodo inicial de 3 años. El Relator es independiente de los Estados, gobiernos u organizaciones, presta servicio de forma individual. es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, en la que también dirige la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Can Ünver, Presidente del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW), que es un cuerpo de 14 expertos independientes que monitorea la implementación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Miembros. de sus familias por sus Estados partes. Celebró su primer período de sesiones en marzo de 2004.
Siobhán Mullally, Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños
Julissa Mantilla Falcón, Comisionada, Relatora para los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Ms. Sahli Fadel Maya, Special Rapporteur on Refugees, Asylum Seekers, Internally Displaced Persons and Migrants of the African Commission on Human and Peoples’ Rights
