El pasado 13 de julio se conoció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a directivos de medios de comunicación que se abstuvieran de hacer referencia a la consulta popular que efectuará la sociedad civil y partidos políticos el 16 de julio de 2017.
Conatel ordenó, en reuniones con directivos de medios radioeléctricos, que dicha actividad no fuera calificada como “plebiscito” o “consulta popular”. Tampoco los conductores de radio y televisión tendrían permitido “bajo ninguna circunstancia fomentar, incentivar o invitar a participar en esa jornada”. La amenaza de Conatel se configura al afirmar que las frecuencias del espectro radioeléctrico son “propiedad del Estado” y que podrían revocar la concesión a quienes realicen lo indicado.
Espacio Público, el día 13.07.17, entregó una carta dirigida a Enrique Quintana, Director General de Conatel, solicitando información sobre dicha medida. Se requirió información formal al respecto, incluyendo la decisión o comunicado, el procedimiento jurídico y su respectiva motivación.
El artículo 57 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente la censura y garantiza la comunicación libre y plural. Además, el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información debe estar prohibida por la ley. Asimismo, establece que las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así como la creación de libres obstáculos al libre flujo informativo violan el derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. En este sentido, el espectro pertenece a la colectividad, y al Estado le corresponde su administración, siempre en beneficio del interés público y garantizando los derechos humanos.
La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y por la Mesa de la Unidad Democrática constituye un acto de ejercicio de libertad de expresión y participación de las personas en asuntos de interés público. La convocatoria y difusión de esta actividad es un tema de alto interés público y constituye una información protegida por la libertad de expresión. Es importante que la sociedad pueda expresarse al respecto y permitir el libre debate de las ideas, incluyendo las distintas opiniones que puedan existir al respecto.
La medida de Conatel es discrecional, arbitraria y su alcance conduce a reducir el debate público sobre temas de relevancia e interés público para la sociedad venezolana. Su alcance reduce también conocer de manera oportuna el desarrollo de esta actividad, constituye un “apagón informativo” impulsado desde la élite gubernamental.
Se trata, además, de una medida inaceptable y contraria a los estándares universales del derecho internacional de los derechos humanos. Constituyen una presión ilegítima a los medios de comunicación que impide la libre circulación de ideas, ocasionando censura. Cualquier represalia en contra de un medio o comunicador por informar o expresar ideas u opiniones al respecto constituye una grave violación a la libertad de expresión.
La Alianza por la Libertad de Expresión exige a Conatel que desista de esta medida y permita la libre circulación de ideas particularmente con motivo de la actividad convocada para el 16 de julio. Asimismo, alentamos a los medios de comunicación y a los comunicadores a cumplir su labor de informar y ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello
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