Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, advierte que el Ministerio Público no ha abierto ni una investigación sobre los 17 sitios clandestinos de tortura que denunció la Misión de la ONU. Alertó que el Poder Judicial de Venezuela también guarda silencio.
En una nueva emisión de Son Derechos, conversamos con Alí Daniels, abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, quien manifestó sus impresiones sobre el más reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) de las Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela mediante la resolución 42/25, por un período de un año en él se evaluarían presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.
El mandato de la Misión fue prorrogado por el Consejo el 6 de octubre de 2020 por dos años más, hasta septiembre de 2022, mediante su resolución 45/20
“En el caso de Venezuela fue nombrado un grupo de personas que examinaron los crímenes de lesa humanidad entre los que podemos nombrar: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas. Luego la investigación fue ampliada a todo el tema de la violencia sexual, el arco minero y las cadenas de mando de los cuerpos de seguridad del estado. La idea principal no solo es recabar información necesaria sino que estas pruebas puedan servir a la Corte Penal Internacional como ha ocurrido en el caso de otros países. Nuestra esperanza es que todos estos indicios que se han hecho comprueben la culpabilidad de este gobierno”, apuntó Daniels.
Luego de la presentación del tercer informe de la Misión sobre Venezuela, el Gobierno de facto presidido por Nicolás Maduro respondió con amenazas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra el lunes 26 de septiembre: “Venezuela tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral como multilateral frente a una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista”
Para Daniels, que un Gobierno amenace con tomar medidas ante una eventual prolongación de un mandato a una Misión, demuestra que el Informe está rindiendo sus efectos
El codirector de Acceso a la Justicia detalló que hay una propuesta de siete países de América Latina pidiendo que se le renueve el mandato a la Misión por dos años más.
Impunidad estructural
Daniels denunció que hasta la actualidad el Ministerio Público no ha ni siquiera abierto una investigación en Venezuela, pese a que existe un Informe de Naciones Unidas donde se denuncian unos 17 sitios de tortura clandestinos: “A pesar de que existe un Informe diciendo que en La Mariposa hay un supuesto sitio de torturas, el Ministerio Público no ha abierto investigación, por no hablar del Poder Judicial que tampoco ha dicho nada”
El también activista por los derechos humanos advirtió que en Venezuela no hay sancionados por torturas, sino en casos excepcionales. Lo que pone en evidencia que el Poder Judicial y el Ministerio Público en vez de velar por los derechos “tristemente se quedan callados” puntualizó.
La Misión hace un señalamiento con respecto a la cadena de mando de estos órganos represivos, aún estos directores siguen el poder, a pesar de todos estos informes…
Alí Daniels
El abogado recalcó que aunque el mandato de la MDH culmina el 30 de septiembre, existe una necesidad de investigar mucho más a fondo diversos casos que son de vital importancia para Venezuela. “Así como en el Arco Minero que los crímenes han aumentado cada día más debido a la trata de persona, la explotación sexual y otros casos bien puntuales, también es necesario investigar otros lugares que van encaminados a la misma situación. La mayor prueba de que el informe está rindiendo frutos ha sido la censura y la autocensura del gobierno”, indicó.
Daniels afirmó que el espacio cívico en Venezuela se está cerrando cada vez más.
“Actualmente podemos observar como muchas ONG están siendo cuestionadas por el gobierno, no se les permite la renovación de sus patentes y cada día intentan silenciarnos cada vez más, Venezuela está en camino a la situación nicaragüense en donde hoy hay 1821 organizaciones de derechos humanos ilegalizadas”, finalizó.
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