En el marco del Día Mundial de la respuesta al VIH / Sida –conmemorado este 01 de diciembre-, conversamos con Alberto Nieves. director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), una organización creada hace 35 años, con el fin de proteger y defender los derechos de las personas con VIH y SIDA en Venezuela.
Alberto Nieves, un destacado y veterano defensor de Derechos Humanos, relató -en esta entrevista concedida a Provea-, las dificultades que afrontan las personas con VIH, y los obstáculos que sortean los actores de la sociedad civil, para abrirse camino y seguir ayudando a otros , en medio del progresivo cierre del espacio cívico y la criminalización de la acción humanitaria.
¿Cuál es la balance epidemiológica en materia de VIH y tuberculosis al cierre de 2022?
Según datos oficiales se estima que, al cierre de 2021, unas 110 mil personas viven con VIH en Venezuela. Esos son datos publicados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
De esas 110 mil personas, apenas 58 mil están recibiendo tratamiento antirretroviral, que, vale destacar, ha sido donado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, es decir con recursos subvencionados por el Fondo Mundial a Venezuela.
Con esos recursos se han podido adquirir los medicamentos antirretrovirales para estas 58 mil personas. El problema es que más de 50 mil personas se quedan fuera. No tienen tratamiento antirretroviral, están excluidos del acceso a estos medicamentos.
En materia de prevalencia del VIH, hay estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por ONUSIDA, que indican que 35,8% está presente en mujeres trans. El 22% de prevalencia, según OPS y ONUSIDA está presente en hombres que tienen sexo con hombres y un 3,7% en trabajadoras sexuales.
Además, una de las cosas más preocupantes es que la población indígena Warao -solamente en el estado Delta Amacuro-, de acuerdo a estudios, tiene un indice de prevalencia de 9,55%. Esto es demasiado alto. Ello nos obliga a exigirle al Estado venezolano que dé una respuesta contundente, porque su inacción es alarmante y genera estas situaciones tan dramáticas.
En relación a las muertes a causa del Sida -que son muertes que se hubieran podido evitar-, de acuerdo a la data oficial fueron 2.200 personas.
Respecto a la tuberculosis, datos oficiales para el año 2020 estimaban en 13.000 los casos de personas con tuberculosis en el país. De este total, unas 1.000 personas con VIH tenían la co-infección de tuberculosis.
El 69% de las personas que padecen tuberculosis reciben tratamiento gracias a los recursos otorgados por el Fondo Mundial, y aquí es importante recordar que desde el año 2016 el gobierno de Venezuela no adquiere medicinas para el tratamiento de la tuberculosis, ni para el tratamiento del VIH, ni para el tratamiento de la malaria.
Desde 2019 esos tratamientos han estado disponibles -y han salvado vidas-, gracias a los recursos otorgados por la cooperación internacional a través del Fondo Mundial .
«Desigualdades peligrosas»
De acuerdo a un informe titulado «Desigualdades Peligrosas», divulgado este 01 de diciembre por ONUSIDA, las desigualdades basadas en el género, los obstáculos para el acceso a servicios de salud de grupos vulnerables de la población y el «empeoramiento de las limitaciones financieras» -que añade dificultades para las personas empobrecidas y que viven con VIH-, impedirán a la comunidad global cumplir con los objetivos trazados para erradicar la pandemia de VIH / SIDA.
En Venezuela, esta revelación es particularmente preocupante, toda vez que la prolongada Emergencia Humanitaria Compleja, ha debilitado severamente la provisión de servicios de salud adecuados para la población, y el modelo económico impuesto por el gobierno nacional ha hecho crecer, exponencialmente, la pobreza y las desigualdades.
«Nadie está a salvo en una pandemia hasta que todas las personas tengan acceso equitativo a los servicios de prevención y tratamiento», advirtió ONUSIDA.
– ¿Cuál es la situación actual en materia de prestación de servicios y dotación de tratamientos a las personas con VIH en Venezuela?
El acceso a servicios de salud para personas con VIH ha sido muy impactado a nivel nacional por la emergencia humanitaria compleja, y por todo el desmembramiento del sistema público de salud que ha quedado en total incapacidad.
Eso, junto a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, ha ocasionado más deficiencias en la prestación de estos servicios.
Los horarios de consultas para personas con VIH se han reducido y más del 50%, casi el 60%, del personal de salud especializado en VIH ya no trabaja en el sistema público, debido a que la mayoría se ha ido del país a consecuencia de la crisis económica.
La situación actual es sumamente compleja.
Por ejemplo, en servicios que se prestan en Caracas, en el Hospital Vargas o en el Hospital Clínico Universitario, la capacidad de atención está seriamente afectada.
En un mismo día pueden acudir 50, 80 o hasta 100 personas, para ser atendidas apenas por dos o tres médicos especializados. Entonces, es imposible que las personas con VIH reciban atención de calidad en el sistema público de salud.
Las consultas están ofreciendo servicio gracias al compromiso y la gran responsabilidad que tiene el personal de salud especializado en VIH.
Silencios que ponen vidas en riesgo
Aunque el informe de ONUSIDA «Desigualdades peligrosas» no lo menciona expresamente, los obstáculos para acceder a información pública, debilitan los mecanismos de contraloría social y ralentizan los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la pandemia de VIH / SIDA.
Esos obstáculos ponen en riesgo la vida de centenares de personas.
– ¿A qué obstáculos se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil cuando quieren obtener información oficial?
Lo primero es la negación de acceso a información pública.
Esto se traduce en que el Ministerio de Salud impide a la sociedad civil obtener datos sobre el tipo de atención, las consultas de VIH y los tratamientos.
Está negado el acceso a esa información.
El Estado no nos quiere informar sobre el número de personas que están registradas en las farmacias, a cuántas personas están atendiendo en las consultas o cuántos medicamentos están entregando mensualmente en las farmacias dispensadores de antirretroviral para personas con VIH.
Tampoco brindan información acerca del tipo de medicamento que están entregando, las fechas de vencimiento, cuántos medicamentos quedan en las farmacias -tanto a nivel regional como a nivel nacional-, no nos dan esa información.
La única manera en la que podemos obtener información, es a través de contactos claves en los distintos servicios, quienes nos suministran datos importantes, pero insuficientes para conocer con precisión el panorama general de la respuesta estatal al VIH.
Obligaciones y compromisos incumplidos
En 2018, luego del establecimiento de mesas técnicas auspiciadas por el Programa Nacional de Sida de Venezuela, OPS, ONUSIDA, Sociedad Venezolana de Infectología y actores de la sociedad civil, se acordó la elaboración del «Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria de la República Bolivariana de Venezuela desde la perspectiva de la salud pública» .
El Plan Maestro definió prioridades y estableció la necesidad de coordinar el apoyo de la cooperación internacional con los actores involucrados -incluso a la sociedad civil-, en la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria en el país, para garantizar la continuidad del acceso a servicios de salud y medicamentos.
– Luego de 4 años de la adopción del Plan Maestro, ¿cuál es el balance?, ¿ha habido voluntad o capacidad de las autoridades venezolanas para ejecutar los acuerdos establecidos en esa hoja de ruta?
Ha sido muy positivo que por primera vez Venezuela -entre los años 2019 y 2022-, esté recibiendo la cooperación internacional con recursos otorgados para el país, lo que nos ha permitido comprar antirretrovirales y algunos reactivos de carga viral para las personas con VIH.
Ello ha permitido salvar a más de 58 mil personas con VIH gracias al tratamiento donado por el Fondo Mundial durante estos tres años.
También ha sido positivo el trabajo de articulación -sumamente importante-, entre sociedad civil, OPS, ONUSIDA, UNICEF y la Sociedad Venezolana de Infectología, incluyendo a las coordinaciones regionales de VIH, a pesar de que muchas de ellas se niegan a darnos información. Ha habido un trabajo de articulación importante que merece ser reconocido.
Sin embargo, también hay aspectos negativos y que representan grandes desafíos.
Las autoridades venezolanas no han cumplido con sus compromisos de procurar recursos -como es su obligación-, para la atención, diagnóstico, prevención y vigilancia epidemiológica.
Esas son sus obligaciones constitucionales y forman parte de los compromisos asumidos en el marco del Plan Maestro y el Fondo Mundial, pero desde 2019, año en que comenzaron a llegar las medicinas a Venezuela gracias a los recursos otorgados por el Fondo Mundial, el gobierno venezolano, a través del Ministerio de Salud, ha dejado de lado su responsabilidad en la materia.
– Desde 2018 se han producido diversas situaciones de acoso y actos de criminalización contra organizaciones humanitarias que prestan apoyo a personas con VIH. ¿Que riesgos y amenazas enfrentan, teniendo en cuenta un contexto de progresivo cierre del espacio cívico?
Siguen ocurriendo situaciones de acoso y criminalización contra el trabajo que hacen las organizaciones humanitarias que prestan apoyo a personas con VIH.
En medio de la recurrente práctica de negarnos el acceso a información pública, algunas autoridades han dicho: “No sigan viniendo para acá porque vamos a ejercer acciones contra ustedes”, amenazando a los miembros de la sociedad civil que solicitan información.
Además, se han producido situaciones incómodas y negativas en medio de las conversaciones debido a que las altas autoridades del sistema de salud, siguen negadas a establecer un diálogo fluido y franco con las organizaciones que defendemos y prestamos asistencia a las personas con VIH.
Prensa Provea
