En los últimos 10 años, al menos 465 personas privadas de libertad han muerto, en diversas circunstancias, bajo la custodia del Estado venezolano (excluyendo los casos de violencia intra-carcelaria), producto de actos de torturas, tratos y/o penas crueles, inhumanas y degradantes, y presuntos suicidios que no han sido plenamente esclarecidos ante la opinión pública.
Esta cifra incluye a personas detenidas por razones políticas o por la presunta comisión de delitos comunes.
El más reciente de estos casos es el de Leoner Azuaje Urrea (39) una de las 61 personas detenidas en el marco de un extenso operativo «anticorrupción» desplegado por el gobierno de Maduro.
Azuaje Urrea, quien se encontraba recluido desde la madrugada del miércoles 19 de abril en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), se habría quitado la vida el jueves 20 de abril, un día después de haber sido presentado ante un Tribunal donde fue acusado por su presunta participación en hechos de corrupción cometidos en la empresa estatal Cartones de Venezuela, según informó el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.
El fiscal general informó el sábado que según la autopsia practicada al cadáver del Sr. Azuaje Urrea, este había muerto por asfixia mecánica.
«Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público determinaron que usó sábanas para ahorcarse» en su sitio de reclusión en la sede del SEBIN, afirmó el funcionario.
«También se hallaron varias cartas dirigidas a su familia haciendo mención de la decisión por él tomada de atentar contra su vida«, añadió Saab.
Por su parte, la familia de Azuaje Urrea exigió garantías.
«Exijo la protección de la Fiscalía (…) y exijo la protección del gobierno peruano, porque yo soy peruana sin doble nacionalidad, mis hijas también lo son, y exijo además la protección de la embajada española para mi cuñada y mi suegra«, dijo la esposa de Azuaje Urrea, la Sra. Claudia Pimentel en un vídeo difundido en redes sociales.
Urge una investigación independiente
Aunque es prematuro hacer afirmaciones respecto a las circunstancias que rodearon la muerte del Sr. Azuaje Urrea, hay dos aspectos que cobran especial relevancia en un primer momento.
El primero esta relacionado con algo que hemos afirmado reiteradamente en situaciones similares: las muertes de ciudadanos ocurridas bajo la custodia del Estado, son responsabilidad de los Estados.
Estos, tienen la obligación de respetar y garantizar la vida e integridad personal (física y psicológica) de las personas privadas de libertad, y asegurar condiciones mínimas de reclusión que sean compatibles con su dignidad de acuerdo a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, entre otros instrumentos acogidos por nuestro país.
En sus declaraciones difundidas este sábado, Tarek William Saab afirmó, sin ahondar en detalles, que el Sr. Azuaje Urrea era un «[…] paciente con trastornos y signos de ataques de ansiedad» de acuerdo a la información suministrada al Ministerio Público por un «médico psicólogo».
Además, el fiscal general añadió que luego de la «[…] extracción teléfonica del equipo personal que le fue incautado al momento de su aprehensión«, las autoridades habrían encontrado en el equipo «[…] mensajes de Whastapp mencionando la lamentable situación psicológica que se encontraba padeciendo«.
En su hilo de Twitter, Tarek William Saab no aclara si el mencionado psicólogo tratante del Sr. Azuaje Urrea era un profesional perteneciente al SEBIN, al Ministerio Público, o si prestaba sus servicios de manera independiente. Pero, sí deja claro que al momento de la detención las autoridades tuvieron acceso a la presunta información contenida en el teléfono de Leoner Azuaje Urrea, pudiendo constatar su supuesta situación de salud.
Entonces, ¿por qué, al tener esta información, los custodios de Azuaje Urrea no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Azuaje e impedir el desenlace final? ¿A su llegada a la sede del SEBIN, las condiciones de salud de Azuaje Urrea fueron debidamente verificadas por personal médico? Estas interrogantes no han sido aclaradas por el fiscal general.
Un segundo aspecto que hay tener en cuenta es que la credibilidad del Ministerio Público venezolano está más que cuestionada, debido a su prolongada cooptación por parte del Ejecutivo y el partido oficial.
En octubre de 2018 Tarek William Saab afirmó, a rajatabla, que un detenido en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, en Caracas, se había lanzado al vacío desde el piso 10 de esa sede policial.
Se trataba del Sr. Fernando Albán quien había sido arbitrariamente detenido y desaparecido el 5 de octubre de ese año por funcionarios del SEBIN, luego de regresar al país proveniente de un viaje familiar a los Estados Unidos.
El 8 de octubre la opinión pública nacional recibió la noticia de la muerte del concejal del partido Primero Justicia, Fernando Albán.
Seguidamente, Provea y otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos, exigimos una investigación oportuna e independiente que condujera a esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades.
Pero entonces el fiscal general defendió la versión oficial del suicidio añadiendo que el Sr. Albán estaba involucrado en actividades relacionadas a pornografía ilegal, sugiriendo esto como el catalizador de su suicidio.
«En la hora del almuerzo, Albán se habría levantado abruptamente de la mesa diciendo que iría al baño; sin embargo, corrió hacia una ventana panorámica del piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela y se lanzó al vacío. Se hallaron 2.084 videos, algunos de estos pudieran explicar la lamentable conducta del ciudadano Albán al atentar contra su propia vida. Hay gente que lo que ha hecho es especular para desvirtuar la investigación«, dijo entonces el funcionario.
Diez días después de la muerte de Fernando Albán, el fiscal general tomó de nuevo la palabra para amenazar, temerariamente, a quienes contradijeran la versión oficial sobre la muerte del concejal. “Eso los va a colocar en una situación muy delicada, porque si no tienes pruebas de algo que ocurrió, pero sigues insistiendo que eso es así… Eso es un delito y nosotros estamos evaluando todo eso, porque hemos presentado la autopsia auditada para quien quiera”.
Pero tres años después, bajo la presión del escrutinio de la Corte Penal Internacional y de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, Tarek William Saab no tuvo más remedio que reconocer que Fernando Albán había sido torturado y asesinado por sus captores en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Desde 2015, los señores Rodolfo González, Fernando Albán y Leoner Azuaje Urrea, murieron en sedes del SEBIN en Caracas. En todos los casos, la versión inicial de las autoridades fue que estas personas decidieron voluntariamente quitarse la vida.
Como advertimos al inicio, aunque es apresurado hacer afirmaciones sobre las causas reales que condujeron a la muerte del Sr. Azuaje Urrea, los funcionarios responsables de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, tienen que responder civil, administrativa y/o penalmente por las acciones u omisiones que conduzcan al fallecimiento de sus custodiados.
Es absolutamente legítimo que los familiares de las víctimas y la sociedad civil en general, manifiesten su desconfianza en una institución que, como el Ministerio Público, ha ocultado la verdad en otras circunstancias graves, se ha hecho cómplice de la impunidad y ha alentado la comisión de abusos, actúa apartada de estándares nacionales e internacionales para investigar crímenes contra los derechos humanos e insiste en ser un instrumento para criminalizar a la disidencia, la real y la aparente.
Por ello urge una investigación seria e imparcial sobre la muerte del Sr. Azuaje Urrea.
Inti Rodríguez | Prensa Provea
