El 28 de septiembre de 2020, el vehículo de la defensora y abogada Raquel Sánchez estacionado al frente de su residencia en San Cristobal, Táchira, fue amedrantado con piedras por individuos desconocidos, mientras la defensora daba declaraciones a una periodista sobre un caso de violencia policial que representa.
Raquel Sánchez es abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora del Foro Penal Venezolano capítulo Táchira, organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente. La defensora también pertenece al Grupo de Trabajo Defensoras del Táchira, un colectivo de mujeres que desde el 2018 se consolidó para adelantar procesos de documentación y apoyo a casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en el Estado de Táchira, Venezuela.
El 28 de septiembre de 2020, el vehículo de la defensora y abogada Raquel Sánchez estacionado al frente de su residencia San Cristobal, Táchira, fue amedrentado con piedras por individuos desconocidos. La defensora estaba siendo entrevistada por la periodista Zulma López de la Televisora Regional del Táchira, sobre un caso de violencia policial que representa. El caso está relacionado con la protesta pacifica del 2 de junio de 2019 -por la falta de servicio de gas doméstico debido a problemas de infraestructura-, en la que funcionarios de la Policía de Táchira agredieron y abrieron fuego contra los manifestantes, incluyendo os menores de edad Rufo Chacón y Adrián Chacón. Los policías le dispararon al rostro al joven Adrián Chacón, ocasionándole la pérdida total de la visión en ambos ojos.
El 12 de julio de 2019, Raquel Sánchez denunció ante el Circuito Judicial Penal del Estado Táchira y ante el Fiscal Superior del Estado Táchira, irregularidades sobre la custodia de los dos efectivos de la policía señalados como responsables de la agresión – recluidos en la sede de la Policía del Estado Táchira, aun cuando existe una orden de traslado al Centro Penitenciario de Occidente-. Adriana Parada, madre del jóven Adrián Chacón fue condicionada a recibir atención del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, si renunciaba a entrar con sus abogadas; no denunciaba públicamente la irregularidad de la custodia de los detenidos; y no permitía que la organización de derechos humanos Foro Penal la asistiera. En un segundo intento por persuadir a la madre y deslegitimizar el trabajo de la abogada y defensora Raquel Sánchez, una funcionaria del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira le aseguró a la señora Adriana Parada, que la abogada Raquel Sánchez recibiría una compensación de cinco mil dólares 5.000 USD y que a ella y su hijo no les darían nada. Parada se negó a cambiar de abogada y el caso sigue en curso.
Pese a múltiples denuncias presentadas ante el Ministerio Público por amenazas a su seguridad, la defensora Raquel Sánchez continua siendo objeto de vigilancia y otros incidentes y ataques que se han intensificado a medida que avanza el caso de violencia policial. Raquel Sánchez se encuentra en estado de embarazo calificado de alto riesgo y cualquier incidente de seguridad en su contra, no solo pondría en peligro su vida, sino la de su bebé.
A lo largo de su carrera profesional como abogada, Raquel Sánchez ha enfrentado varios ataques por parte de individuos anónimos y oficiales de orden público, quienes la han presionado para que abandone su trabajo legítimo, legal y pacífico por la defensa de los derechos humanos de las víctimas que representa. Dichos ataques son especialmente recurrentes en el Estado de Táchira, donde la alta militarización ha facilitado la agudización e intensificación de los patrones de represión selectiva en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
El 16 de marzo de 2020, el tribunal militar Décimo Tercero de Control Militar, de La Fría, negó el acceso a la abogada Raquel Sánchez y su colega Raiza Ramírez -también del Foro Penal– a la audiencia de presentación de cargos contra los jóvenes Robert Joan Maldonado Molina y su hermano Roztbert Daniel Maldonado Molina. Ambos fueron detenidos el 12 de marzo de 2020, mientras participaban en una protesta pacifica. El juez del Tribunal también se negó a recibir la evidencia, condicionando a los detenidos a cambiar de abogadas, porque el Tribunal no acepta abogadas o abogados del Foro Penal.
La noche del 6 de junio de 2016, Raquel Sánchez y Oscar Alfredo Ríos Santos -antiguo abogado del Foro penal- fueron agredidos por tres individuos encapuchados mientras conducían por una vía del centro de San Cristóbal, Estado Táchira. Los individuos golpearon el parabrisas delantero y el vidrio de la puerta delantera, causándole heridas cortantes en la cabeza a la defensora.
Front Line Defenders está profundamente preocupada por la seguridad e integridad de la defensora Raquel Sánchez. El 22 de septiembre, Front Line Defenders expresó su preocupación sobre la continua opresión al movimiento de derechos humanos en Venezuela y el contexto de persecución, estigmatización y criminalización sistemática en contra de personas defensoras de derechos humanos en particular abogados y abogadas. Front Line Defenders reitera su profunda preocupación por el abuso de poder de funcionarios públicos venezolanos, quienes utilizan su autoridad para intimidar deliberadamente a las defensoras y defensores de derechos humanos.
