Este martes recibimos en Provea una denuncia asegurando que el Diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, junto a su administración ilegítima en el Palacio Legislativo, despidieron arbitrariamente el pasado sábado a más de 650 trabajadores, a pesar de que actualmente está en vigencia el decreto de inamovilidad laboral y sin importarles las vidas de todas estas personas en momentos donde Venezuela enfrenta una crisis por la pandemia del COVID-19.
Provea pudo conversar en exclusiva con un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, quien confesó que la decisión de despedir a más de 650 funcionarios de carrera legislativa, personal obrero legislativo y contratados indeterminados fue anunciada el sábado y constituye una clara violación a los derechos humanos laborales de todas estas personas, como el derecho a un preaviso antes de terminar la relación laboral o el derecho a una indemnización por despido injustificado, establecidos en la Ley del Trabajo de Venezuela.
La Asamblea Nacional tiene cerca de 4000 trabajadores, según el denunciante, lo que significa que estos despidos son una grave violación a la La ley Orgánica del trabajo, la cual establece que los despidos que sobrepasen el 10% de la nómina general (Aprox. 400) son considerados despidos masivos, y por lo tanto deben cumplirse procedimientos especiales como notificación al Ministerio del Trabajo a través de la Inspectoría del Trabajo, o solicitar las calificaciones de despido, medidas que la Administración de Parra no realizó.
La razón de los despidos
Según la denuncia, el Director General del desarrollo humano de la Asamblea Nacional, José Gregorio Roa, difundió una circular a los directivos de la AN donde aseguraba que ya se “estaba limpiando la nómina”, lo que a las víctimas les parece inhumano y grave ya que ellos no se consideran basura, se consideran personas trabajadoras que por años lucharon por sus puestos en el Palacio Legislativo. Otro de los argumentos de la Administración de Parra para realizar estos despidos, fue alegar que “muchos trabajadores estaban fuera del país” lo que los denunciantes rechazaron, y aseguraron que se debía acudir a las instancias correspondientes para demostrar las ausencias o solicitar las calificaciones de despido.
La denuncia afirma que cientos de trabajadores están activos, y que ese estatus no les importó a Parra y su administración para tomar la decisión arbitraria de sacar de nómina y despedir a más de 650 personas.
“Aquí no se esta ni depurando ni limpiando la nómina, aquí lo que se está es cometiendo un delito de violación de Derechos Humanos laborales” aseguró la víctima, quien confesó que Roa tomó la decisión con urgencia y aprobación del diputado Luis Parra.
Sin condiciones
Además, el denunciante confirmó que las condiciones laborales actuales de la Asamblea de Parra están extremadamente deterioradas, sin beneficios, sin disfrutar del 80% de su convención colectiva vigente, sin recibir aportes de las distintas cajas administrativas, y con las becas y primas en completa ausencia. Asegura que son los trabajadores más vulnerados de la administración pública nacional.
El denunciante confesó que piden cumplir con los procedimientos en el marco de las leyes venezolanas, que sea el Ministerio de Trabajo, o el Ejecutivo Nacional quien indique sí se tiene que despedir a más de 650 compañeros de trabajo.
Desde Provea rechazamos esta clara violación a los derechos laborales de las más de 650 personas afectadas, no solamente están afectados sus derechos consagrados en las leyes venezolanas, sino que también se está violando su derecho universal del trabajo, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tipo de actos constituye una persecución contra quienes se han desempeñando por años en el Palacio Legislativo, y no considera el contexto actual de Venezuela, país que enfrenta una grave crisis por la pandemia del COVID-19.
Exigimos que las autoridades venezolanas realicen una investigación seria, y que estos trabajadores sean regresados a sus puestos de trabajo. Estado de Alarma no puede cercenar los derechos humanos de los ciudadanos.
Prensa PROVEA.
