Para el 1 de mayo de 2021, todas las organizaciones de la sociedad civil venezolanas deben cumplir unas medidas abusivas de inscripción en registro o enfrentarse a procesamiento penal, según la nueva normativa sobre lucha antiterrorista y la legislación sobre delincuencia común organizada anunciadas por el gobierno el 30 de marzo. Estas medidas incluyen que las organizaciones desvelen detalles sobre sus beneficiarios y beneficiarias, como por ejemplo las víctimas de violaciones de derechos humanos y quienes reciben ayuda humanitaria, así como información sobre su financiación, personal y gobernanza.

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