La Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui investiga casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales suscitadas en el sector Barrio Blanco de El Tigrito, municipio Guanipa, zona sur de la entidad.
El primer hecho ocurrió el 30 de agosto de este año cuando una comisión mixta integrada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Policía del Estado Anzoátegui se introdujeron en horas de la madrugada a la residencia de los ciudadanos Freddy José Morillo Castillo, de 38 años de edad, y Wilfred José Centeno Morillo, de 17 años, padre e hijo. De acuerdo a la versión ofrecida por la ciudadana Angie Centeno, esposa y madre de los occisos, los uniformados procedieron a ejecutarlos en las habitaciones de la casa.
El abogado Alcides Magallanes, director institucional de la Organización No Gubernamental (ONG), destacó que el suceso fue denunciado ante la Fiscalía 19 del Ministerio Público con competencia en derechos fundamentales y será elevado a instancias nacionales para que se investigue, ya que se evidencia una simulación de hecho punible con los resultados antes mencionados.
La otra lamentable acción se registró el 11 de octubre, luego que una comisión mixta conformada por agentes del CICPC subdelegación Anaco, de la Inteligencia del Centro de coordinación policial de El Tigrito y de la Policía Municipal de Guanipa, le dieran muerte a Gabriel de Jesús Fernández, de 29 años de edad.
Según lo denunciado por la señora Carmen Solórzano, abuela de la víctima, su nieto se encontraba sentado detrás de su residencia, ubicada en la calle Bolívar, cuando los uniformados llegaron sin mediar palabras y lo metieron a su vivienda de manera arbitraria, llevándolo a la cocina para luego dispararle un par de veces, en donde resultó herido mortalmente.
Magallanes informó que pudo corroborar una irregularidad durante la entrega del cuerpo de Fernández, pues las vísceras del cadáver se encontraban dentro de la urna, además los familiares señalaron que parecer la necropsia no fue realizada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sino que los restos fueron retirados de un galpón clandestino, situado en la vía entre El Tigre y Pariaguán.
“Solicitaremos a la Fiscalía General de la República, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensoría del Pueblo que se verifique la veracidad de los hechos”, dijo Magallanes.
Prensa Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui
