Jeanfreddy Gutiérrez Torres | IPYS Venezuela-Provea
Si el periodismo se había definido como la búsqueda continua, e incluso inalcanzable, de la verdad mediante la narración de relatos confiables y verificables, en contrapeso con el poder constituido, ahora también debe entenderse como el emergente esfuerzo por verificar que lo dicho públicamente por los poderosos se corresponde con los hechos y que los contenidos que comparten la multiplicidad de nuevos emisores, gracias a las tecnologías de comunicación e información, son verídicos. En ese proceso de adaptación ha quedado en evidencia la incapacidad de muchos medios de cumplir con los estándares del periodismo, en medio de la carrera de publicar primero, lo que ha llevado a una desconfianza pública de usuarios que se han volcado a otros creadores y difusores de contenidos noticiosos, lo que ha abierto espacios para la desinformación o posverdad.
En este nuevo ecosistema digital de prosumidores, quienes además de consumir también producen, alteran y reproducen contenidos en Internet, no sólo los ciudadanos han asumido una postura crítica frente a los errores de los medios. Desde el poder también se ha asumido la posibilidad de poner en entredicho la veracidad de los contenidos difundidos, siempre suponiendo intereses oscuros y arropados por la desconfianza generalizada en expertos y medios de comunicación e incluso el impulso psicológico a creer lo que coincide con nuestros valores. Esto es la base del origen de los desórdenes informativos, donde se habla también indistintamente de desinformación, posverdad, fake news o noticias falsas.
Para el investigador Miguel Del Fresno García de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, “los desórdenes informativos suponen una voluntad de autoridad sobre la realidad, en la práctica, una voluntad de supremacía ideológica, y un riesgo para las democracias liberales”. Con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el mandatario se erigió como el dedo acusador para señalar cuáles medios emitían “fake news”, pretendiendo ser crítica legítima o periodismo independiente. Pero no fue el primero en la historia reciente en acusar a los medios u otros actores sociales de mentir de forma interesada.
Esta posición populista y de desacreditación en los medios también ha existido en la izquierda latinoamericana. Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa no sólo acusaron a los medios de sus países de ser “canalla mediática”, también impulsaron medios alternativos estatales y regionales como Telesur y La Radio del Sur. Y ahora también el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha echado mano del término y de las prácticas de censura.
En época de redes sociales, Rusia también creó medios como Sputnik o Russia Today (hoy RT), los cuales se presentan como capaces de revelar informaciones que han sido acalladas, ocultadas u omitidas por las grandes cadenas mediáticas, incluso algunas que podrían ser calificadas como teorías de conspiración, como el uso de armas químicas para provocar cáncer en presidentes latinoamericanos o información falsa, como el caso del video descontextualizado de una indígena que lloraba por los incendios amazónicos de Brasil pero que había sucedido meses antes en otra parte de ese país.
Sin presentarse directamente asociados al estado ruso, ambos medios tienen secciones de presunto factchecking o verificación de hechos. Por ejemplo, RT publicó reportajes para desmentir el presunto plan del Foro de Sao Paulo de implementar el socialismo en América Latina, así señaló el error de celebridades al postear fotos viejas o erradas de los incendios en el Amazonas de 2019. Y de forma similar a su relación con el Kremlin, también tienen portales aliados como EmpireFiles o GrayZoneProject, que se presentan como independientes.
Estas estrategias han llamado la atención de Estados Unidos. En una audiencia celebrada el 29 de marzo de 2017 en el Subcomité de Amenazas Emergentes y Capacidades del Comité de Servicios Armados del Senado llamada “Influencia rusa y esquema de guerra no convencional en la “zona gris”: lecciones desde Ucrania”, expertos civiles y militares advirtieron sobre el trabajo coordinado de gobiernos, inteligencia y el uso de las redes sociales para provocar oleadas de desinformación, lo que incluyó la formación de grupos separatistas en Crimea. Los expertos sugirieron que Estados Unidos debería considerar que medios como RT y Sputnik fueran tildados como propaganda rusa para el público, recomendaron el uso de herramientas tecnológicas en redes sociales, filtros de spam y análisis de datos para contrarrestar “la bien financiada armada de bots y trolls” de Rusia, así como que estas operaciones debían ser coordinadas junto a la OTAN.
Dice el informe: “el modus operandi de estas plataformas es preguntarse sobre la calidad del reporte de otras fuentes así como las posiciones y declaraciones de otros gobiernos al negar la presencia militar rusa en Ucrania. Ellos también tienen a resaltar lo que retratan como la hipocresía de estos gobiernos, por ejemplo, los llamados daños colaterales provocados por las acciones militares de Estados Unidos y la OTAN. Estos mensajes luego son amplificados por medios sociales, incluyendo los llamados trolls”, como se les llama a los usuarios que actúan de forma deliberadamente molesta o agresiva contra otros usuarios. Este comportamiento va contra las reglas de las redes sociales más conocidas.
Sobre el funcionamiento de estos trolls el informe “The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” del proyecto de Investigación de Propaganda Computacional del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, revela su acción global. Ejércitos cibernéticos de China, India, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí y Venezuela intervienen en operaciones en el extranjero, especialmente usando Twitter y Facebook para difundir desinformación.
El estudio señala que en Venezuela que se usan las siguientes estrategias: manejo de datos, creación de desinformación o contenido manipulado, uso de trolls, amenaza de publicar contenido privado relacionado con determinados usuarios así como acoso y amplificación de contenido en medios en línea.
También se detectó el uso de grandes grupos de personas, brigadas de al menos 500 miembros, supuestamente contratadas por el Estado, las cuales modelan la opinión pública y supervisan el discurso público a través de los distintos canales en línea.
Un reportaje de Caracas Chronicles explica que la decisión de Twitter de suspender miles de cuentas de Venezuela, así como originadas en Irán y Rusia, es la relación entre agencias del gobierno y miles de cuentas trolls y bots, diminutivo de robots, porque aunque simulan ser personas reales, actúan de forma automatizada y en simultáneo.
Twitter además presentó dos bases de datos para mostrar la estrategia de confusión a dos bandas. La primera base mostraba bots con fachada “revolucionaria” que se mostraban como leales a Maduro mientras la otra era de “periodistas, ultra radicales de oposición y ciudadanos independientes” que atacaban a la oposición pero que estaban bajo el mismo mando.
¿Quién puede verificar?
Ante esta duda sobre quién tenía autoridad para señalar la información que era verdadera de la falsa surgió la necesidad de establecer una metodología que certificara la rigurosa evaluación del contenido y del discurso público de manera uniforme. Así nació la International Fact Checking Network (IFCN), que reúne a más de 200 medios y agencias que trabajan en la lucha contra la desinformación en todo el mundo. Además de organizar eventos formativos, conferencias para hablar del estado del arte y generar alianzas con universidades y ONG, esta plataforma intenta incidir en los protocolos de grandes empresas tecnológicas como Whatsapp, Facebook y Twitter para reducir la amplificación de la desinformación.
La IFCN sugiere no usar el término “fake news”, no sólo por la inexactitud semántica al señalar una noticia como falsa, sino porque es un término usado desde el poder para descalificar o atacar a los medios que no les favorecen. En Venezuela no sólo lo ha usado Nicolás Maduro sino incluso Juan Guaidó los calificó como “chismes en los que podrían caer incluso medios serios” tras la difusión con posterior rectificación de parte de Venpress y EfectoCocuyo de una declaración suya sobre acudir a próximas elecciones parlamentarias durante 2020.
First Draft, una organización que forma parte de la IFCN desde Reino Unido, y que frecuentemente publica guías, ayudas y manuales para verificación para periodistas y ciudadanos, detalla la diferencia entre el contenido falso y la información falsa.
Mientras el contenido falso o desinformación es el creado con intenciones de confundir, desviar la atención o desmovilizar por entes interesados, la información falsa es cuando de buena fe, por confusión o por sesgo de confirmación se distribuye un contenido falso o errado. La diferencia está básicamente en la intencionalidad del emisor: el quiere influir en un país o tema de conversación y quien por sus creencias, deseos y valores cree que es real por lo que lo comparte en mensajería instantánea o redes sociales.
No basta la voluntad de unirse a la IFCN para que ser certificado globalmente como verificador según sus estándares. Un medio de factchecking en funciones debe cumnplir varias etapas. Se debe realizar una solicitud a la junta directiva, conformada por directores de medios de factchecking creadores de la red, la cual asignará a un revisor. Este evaluará si cumple el Código de Principios, los cuales fueron acordados en su conferencia anual de 2016, un año después de crearse la red.
Para junio de 2019 sólo 210 medios del mundo han obtenido este sello. Entre los requisitos a cumplir se incluye publicar en su web al menos un chequeo a la semana, detallar su método de verificación, su política de corrección, su sistema de calificación, sus fuentes de financiamiento y su compromiso apolítico.
Al mismo tiempo hay que cumplir buenas prácticas como incluir enlaces a las fuentes consultadas, que nunca deben ser ocultas ni anónimas. También se debe revelar las metodologías y herramientas usadas para hacer análisis forenses o cálculos, para que cualquier usuario pueda seguir el mismo camino, alcanzando las mismas conclusiones. “Chequeando al chequeador”, como explicó Cristina Tardáguila, fundadora de la agencia de noticias Lupa de Brasil y directora adjunta de la IFCN, durante su conferencia en el evento Medios y Libertad 2019 de la ONG Espacio Público en Caracas.
Tipos de desinformación
El profesor Rafael Díaz Arias, quien por 30 años trabajó en Televisión Española (TVE), tradujo y resumió al español un libro de Claire Wardle de First Draft sobre “mecanismos del desorden informativo”, en el cual se diferencia claramente la malinformation, misinformation y disinformation, el cual traduce como información errada, información manipulada e información falsa.
En su post explica que la misinformation (información errada) consiste en los errores sin intención en los que puede incurrir un medio o periodista, siendo estos eventualmente enmendados o no, pero que se pueden reconocer de esta forma. Entran allí errores estadísticos como aproximaciones, malas traducciones, fotoleyendas equivocadas y similares.
La malinformation (información manipualda) es la publicación deliberada de información personal o corporativa, o cambiando su contexto, con la intención de dañar y finalmente la disinformation (desinformación), una combinación entre las dos primeras, como la alteración de audio o video o la construcción intencional de rumores y teorías de conspiración, esta vez con la clara intención de confundir o manipular.
Díaz detalla que el ecosistema de generadores de este desorden informativo ya no solo se circunscribe a medios, periodistas y usuarios de redes sociales, sino incluye a gobiernos, empresas, partidos políticos, servicios de inteligencia, ONG y movimientos sociales de todo tipo, mediante el uso de propaganda y relaciones públicas.
Esto hace que las formas para distribuir la información no sean frontales. Incluye desde páginas impostoras, laboratorios o granjas de bots (que actúan de forma automática en redes sociales simulando ser usuarios reales), noticias con títulos escandalosos, uso de datos personales así como grupos que creen o fomentan verdades alternativas o post-verdad. Esta última implica una reinterpretación de hechos históricos, asegurando que nunca sucedieron o que lo hicieron de una manera absolutamente distinta.
Se puede entonces clasificar la desinformación en siete tipos, de menos a más peligrosa y según su intención o no de causar daño: sátira o parodia (humor no entendido o descontextualizado), conexión falsa (títulos sin relación al contenido), información engañosa (citas o datos parciales), contexto falso (fotos o videos reales descontextualizados), suplantación de fuentes (páginas o tuits impostores), información manipulada (fotos o vídeos alterados) e información fabricada (contenido inventado).
Advierte Díaz que creer en este tipo de contenido está impulsado por nuestro sentimiento de tribu, sentimientos como indignación o superioridad moral y porque nos identificamos mediante el sesgo de confirmación: debe ser verdadero lo que creo que lo es.
Misión ¿de Verdad?
Definiéndose a sí mismos como “un grupo de periodistas e investigadores independientes dedicados a estudiar la guerra contra Venezuela y el conflicto global” desde 2013 la web Misión Verdad publica artículos, reportajes y columnas de opinión bajo la premisa de “desmontar” (desmentir) el discurso contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Esta definición se asemeja a la de GrayzoneProject, portal aliado de medios rusos Rt y Sputnik, el cual se define en español como “Medio independiente dedicado al periodismo de investigación y al análisis sobre política e imperio”. Su editor en jefe de GrayZone, Max Blumenthal, fue arrestado por liderar junto a Code Pink la toma de la embajada de Venezuela en Washington.
Similarmente, el sitio web Misión Verdad también tiene otros medios “hermanos” como Supuesto Negado y 15yÚltimo, conformando un mismo entramado de difusión informativa oficial de la administración de Maduro. En una nota de Telesur, por ejemplo, sobre la reconversión monetaria, se usa a Misión Verdad, la estatal rusa RT, el site 15yÚltimo y la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) como fuentes, revelando la clara relación entre el Estado Venezolano y estas webs presuntamente independientes.
A pesar de presentarse como independientes, sus contenidos son parte del entramado de divulgación de propaganda oficial. No sólo son replicados por decenas de medios chavistas dentro y fuera del país, como Lechuginos (con cientos de publicaciones amarillistas, descontextualizadas y sin fuentes contra la oposición política en Venezuela) y Red Angostura, sino también por medios internacionales presentados como “alternativos a la visión de Occidente” como el iraní HispanTV, el libanés Al Mayadeen, el venezolano Telesur y CubaDebate, así como medios del Estado Venezolano como Venezolana de Televisión y YVKE Mundial, los cuales repiten el mecanismo de RT de citarse mutuamente.
También tienen respaldo institucional. Uno de sus informes fue presentado públicamente por el vicepresidente ejecutivo venezolano Jorge Arreaza mientras que la web de la Cancillería de Venezuela da cuenta de una gira de sus redactores por España. Además recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2015, 2016 y 2019 que otorga el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela.
En 2015 una nota de prensa del ministerio promocionaba el Foro “Nueva frontera de paz: perspectiva económica”, brindado por el sociólogo Franco Vielma, a quien además presentaron como columnista de Misión Verdad, artículista del semanario del Partido Socialista Unido de Venezuela y productor nacional independiente en YVKE Mundial. Este foro fue además incluido como parte de los logros del Ministerio en su Memoria 2015.
Un artículo de Simón Boccanegra en TalCual muestra como Misión Verdad acomoda su narrativa a la manejada por el gobierno de Maduro, incluso contradiciéndose. Así recuerda cuando el portal descargó contra Panamá Papers, señalando incluso una conspiración que incluía al magnate George Soros, la Fundación Rockefeller y la agencia estadounidense USAID, pero luego esta filtración fue aceptada para descalificar al excandidato presidencial Javier Bertucci o para respaldar los anuncios del fiscal Tarek William Saab sobre la detención de los exfuncionarios de la Tesorería, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez.
Protagonistas
Sobre sus métodos para “desmontaje”, su jefe de información, William Serafino le dijo al medio español Público.es durante su estadía en ese país que no cree en “en el mito del periodismo independiente” mientras que declaró que tienen dos métodos para “desmontar la guerra”: el seguimiento exhaustivo de los medios que “imponen las grandes narrativas” y su funcionamiento así como el “dato duro, irrefutable”. En la entrevista aseguró que son chavistas pero que eso no los lleva a inventar o mentir sino a ser responsables.
Según su cuenta de Twitter, @williamserafino, es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y maestrante en el estatal Centro Nacional de Historia. El politólogo es una fuente frecuente de RT. En “Elecciones presidenciales en Venezuela: el deseo de la oposición que nunca quiso ver cumplido” usan uno de sus tuits en la cual recuerda de forma descontextualizada el llamado a elecciones de parte de la oposición venezolana, mientras en “¿Pasos hacia la paz? Nicaragua vive otra jornada de marchas multitudinarias y llamadas al diálogo” lo citan para comparar las protestas en el país centroamericano con las de Venezuela “con la intención de derrocar el gobierno”. También se citan análisis de Misión Verdad en “El oro en disputa: Las claves de la batalla de Venezuela por el control de sus reservas”.
Misión Verdad le devuelve el favor varias veces a RT, usándolo como fuente. Como en la nota Washington regaña a periodistas por no tildar a Guaidó de “presidente” y otras 29 veces más.
Por su parte, Gustavo Borges Revilla, director del portal, en una entrevista con la web Resumen Latinoamericano da pistas de sus posiciones alineadas a la narrativa oficial: alimentó la tesis sobre que la muerte Chávez fue “probablemente un homicidio”, calificó a Nicolás Maduro como con una “credibilidad innegable como líder político en el fuego de la guerra no convencional” y aseguró que la decisión de la oposición de no participar en las elecciones municipales de 2018 así como no firmar el acuerdo, que llamó “de cohabitación”, tras las reuniones de diálogo en República Dominicana fue impulsada por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.
En una entrevista brindada en 2018 a Cuba Socialista, una revista digital del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, revela que estudió publicidad y mercadeo pero se involucró en movimientos populares. Visitó el país como orador del Foro de Sao Paulo, red de movimientos de izquierda revolucionaria de Latinoamérica. Ese mismo año viajó a Bruselas para la fundación de la Red de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. De acuerdo a un perfil realizado por la web Al Mayadeen, trabajó como asesor para tres ministerios y fue director de arte del Consejo Nacional Electoral entre 2008 y 2011.
Un año antes Serafino y Borges habían visitado la Casa de la Prensa en La Habana junto a la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Cuba.
Verificar la crisis humanitaria
Para analizar las publicaciones de Misión Verdad se tomaron dos artículos bajo la etiqueta “Crisis humanitaria”, con base en los criterios de los métodos de chequeo de Efecto Cocuyo de Venezuela, Colombia Check y Chequeado de Argentina, estos dos últimos certificados por la IFCN, cuya metodología permite evaluar, contrastar y dar un veredicto en una escala que va desde verdadero a falso.
La primera nota a verificar es “Desmentidas las cifras falsas de fallecidos tras el apagón” de marzo de 2019. En la misma aseguran que ninguna persona falleció durante los cuatro apagones nacionales que sucedieron durante el mes de marzo, asegurando que las denuncias sobre fallecidos son parte de una campaña para demostrar la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, lo que requeriría por tanto, una “injerencia militar”. Agregan como colofón que el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas también es parte de este entramado para invocar la llamada doctrina Responsabilidad de Proteger usada en Yugoslavia y Libia.
La nota analiza tres declaraciones. La primera del diputado por la fracción opositora Juan Manuel Olivares, quien aseguró que 17 personas fallecieron durante los apagones en hospitales del país. La segunda trata sobre las denuncias de la ONG Codevida, asociación civil sin fines de lucro que agrupa a organizaciones con trabajo en la promoción y defensa de los derechos a la salud y a la vida de personas en condiciones de salud crónicas, sobre 15 muertes por falta de diálisis. Y el dato brindado por el periodista Gustavo Ocando Alex sobre la muerte de 296 personas, incluyendo 80 neonatos, en el Hospital de Maracaibo producto de la falta de electricidad.
Misión Verdad en su análisis no sólo no establece diferencias entre una posible información errada, manipulada o falsa, usando el desaconsejado término “noticia falsa”, sino que considera, como en una teoría de conspiración, que las tres declaraciones están relacionadas. Además, sobre Olivares y Codevida no brinda un contraste sino usa una falacia ad hominem, un tipo de argumento que descalifica la declaración por la persona o ente y no por su contenido.
En el caso del diputado lo señala que no vivir en Venezuela, aunque omite que salió del país en julio de 2017 arguyendo amenazas contra él y sus familiares, incluyendo su esposa, por las protestas de empleados hospitalarios y la denuncia de falta de medicinas. Lo califica como “propagandista de noticias favorables a la supuesta existencia de una «crisis humanitaria» en Venezuela”, relacionándolo además con el fallido ingreso de camiones por la frontera con Colombia el 23 de febrero de 2019.
A Codevida la señala de “promover el canal humanitario, acorde a la estrategia de intervención de la Casa Blanca” mientras que en el caso de Ocando, sólo señala que sus cifras fueron desmentidas posteriormente por la presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, Daniela Parra. Omite los tuits en los cuales el periodista dijo “no tener la verdad absoluta” pero que eran cifras dadas por su fuente mientras al día siguiente citó otras dos fuentes que lo desmentían. Esto puede calificarse como información errada e involuntaria según la clasificación de First Draft.
Misión Verdad advierte que ningún medio ni vocero pudo presentar una lista con nombres y apellidos de los fallecidos durante el apagón, al que califica como “sabotaje al Guri” y “ataque eléctrico”, en la misma línea discursiva del gobierno de Maduro, quien aseguró que la falla masiva fue producto de una “ataque cibernético”.
Sin embargo, esto no es cierto. El medio regional La Prensa de Lara brindó tres nombres. Nelly Vásquez (65) y Gustavo Dudamel Gallardo fallecieron por falta de diálisis y Arnoldo Lara Sánchez (86) falleció por falta de insumos para oxigenarlo manualmente tras sufrir una caída que le fracturó el cráneo.
Como también hizo Telesur, sólo mostró como prueba que el ministro de salud de Venezuela, Carlos Alvarado, desmintió cualquier fallecimiento producto del apagón, y que hay plantas eléctricas en los hospitales afectados. Una información falsa que se verificó no solamente con testimonios de pacientes y médicos, sino con la llegada acordada con Miraflores de 17 plantas eléctricas para hospitales por parte de la Cruz Roja.
Por su parte, la organización Médicos Por La Salud publicó un recuento de 24 personas fallecidas entre el viernes 8 y el martes 11 de marzo en los 40 hospitales en que realizan un seguimiento diario para publicar la Encuesta Nacional de Hospitales, que determinó que para 2018 no funciona el 85% de equipos de tomografía y resonancia magnética así como 55% de los laboratorios clínicos. Esa misma encuesta difundió el 21 de febrero, antes del apagón, que entre el 19 de noviembre de 2018 y el 9 de febrero de 2019 se registraron 79 muertes relacionadas a los frecuentes apagones.
La angustia de fallecer por los apagones persistió en los pacientes, como pudo conocer Reuters en un reportaje de mayo de 2019. El Estímulo también recolectó testimonios de pacientes renales afectados durante esos días. Gracias al uso de un equipo privado de iluminación en Chacao y una planta eléctrica donada por el jefe de un paciente pudieron aplicarse diálisis, la cual debe realizarse tres veces a la semana durante cuatro horas, por lo que se requiere servicio constante de agua y luz eléctrica. El apagón impidió o dificultó que los 10 mil pacientes que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) pudieran ser atendidos, con riesgo de muerte por acumulación de toxinas en su sangre.
Misión Verdad también concluyó que la declaración del ministro de salud pidiendo a los pacientes que acudieran a sus centros de atención para ser trasladados a otros habilitados para hacer diálisis “debilitaba” el discurso de Codevida sobre el abandono del Estado a los pacientes renales.
Aunque se omitió la confesión a NTN24 del general Carlos Rotondaro, expresidente del IVSS, al asegurar que 5 mil pacientes habían muertos entre inicios de 2017 y 2019 porque no procesaban sus órdenes de compra de insumos para diálisis o se desviaban los medicamentos para ser revendidos.
Misión Verdad también concluyó que la declaración del ministro de salud pidiendo a los pacientes que acudieran a sus centros de atención para ser trasladados a otros habilitados para hacer diálisis “debilitaba” el discurso de Codevida sobre el abandono del Estado a los pacientes renales.
Así que la nota no usa “datos duros” sino sólo una declaración del ministro que se confirmó como falsa con respecto a las plantas eléctricas. También echa mano del análisis del discurso, así como la premisa de la conspiración, considerando la narrativa oficial como verdadera e infalible. Finalmente, la nota muestra un débil método de verificación, incluyendo omisión de fuentes, falta de contrastes y uso de falacias discursivas.
Migración negada
En la nota “Manipulación y lógica del espectáculo en las cifras sobre migración venezolana” del 11 de junio de 2019 Misión Verdad descarga contra las cifras y características del éxodo venezolano, de nuevo argumentando que se trata de una campaña de lo que califica ahora como “medios corporativos”. El sitio usa comillas sobre los términos éxodo venezolano y crisis migratoria.
En su artículo denuncia como falsa la información sobre cuatro millones de refugiados venezolanos, argumentando también que la migración fue “primero mediática”, aumentando considerablemente “por razones económicas” desde 2017 por las sanciones de EEUU. Para apoyar su argumento cita un documento del Banco Mundial que midió el impacto de los migrantes venezolanos en Colombia, en el cual se habla de una mayoría de “migrantes económicos” y colombianos que volvían a su país.
Mostró como verificación la cifra de 4.001.917 migrantes ofrecida en la sección de estadísticas de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, la cual fue establecida a partir de la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR y la OIM el 12 de abril de 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela.
Su desmentido, aunque sin especificar, parece referirse a un titular de “4 millones de refugiados” publicado por Telemundo, el cual no corresponde con el anuncio oficial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las cuales en junio de 2019 estimaron que ya había cuatro millones de migrantes y refugiados venezolanos. De nuevo, Misión Verdad no hizo diferencia entre la información errónea o manipulada de la falsa.
Sin intenciones políticas
En su publicación Misión Verdad considera “complaciente” la estimación de la ONU sobre una diáspora que podría superar los 5 millones de migrantes y refugiados para el 2020 con el fin de “instrumentalizar políticamente el movimiento migratorio” en la región.
Bajo esta misma premisa calificaron la visita de la embajadora de ACNUR, la actriz Angelina Jolie, a la frontera colombo-venezolana como “muestra del enfoque mediático implementado” con el fin de recibir “recursos financieros extraordinarios”. Y para reforzar la idea citan un tuit del canciller Jorge Arreaza en el que advierte a la ACNUR que buscar fondos para atender la “migración económica” en lugar de sólo refugiados “devela una clara estrategia política intervencionista”.
Argumenta Misión Verdad que las estimaciones que hicieron distintas fuentes tenían la verdadera intención de “sobredimensionar el fenómeno migratorio e influir en su ascendencia”.
Misión Verdad también toma la petición de la ONU y voceros políticos de tratar de refugiados a todos los migrantes venezolanos como parte de la “exageración con fines financieros” pero que realmente tiene base en la misma definición dada por la ACNUR.
De acuerdo a la agencia internacional, los llamado migrantes económicos son quienes “han salido de su país en busca de oportunidades laborales” y “pueden llegar a jugarse la vida para entrar en un país con el fin de trabajar”. En cambio, los refugiados “huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a cruzar la frontera de su país para buscar seguridad”.
Para ilustrar esto, vale citar que 22% de quienes han ingresado a Perú, según reportó El País de España, son adultos mayores en riesgo, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o en lactancia, pero que no han recibido el estatus de refugiado a pesar que ese país es firmante de la Declaración de Cartagena de 1984, que fue ratificada 30 años después en la Declaración de Brasilia por los gobiernos de la región, incluyendo el de Cuba.
Según esta los refugiados son “personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
Y la agresión extranjera es una de la tesis oficiales de la administración de Maduro, apoyada además por Misión Verdad, lo que haría refugiados a los que huyan de ésta.
También la Declaración de Nueva York de febrero de 2018 de la ACNUR ahonda en redefinir a los migrantes, no sólo los venezolanos, contra la presunta intención de considerarlos refugiados sólo con intenciones políticas. El texto acordó añadir la clasificación de “migrantes vulnerables”, lo que los hace similares a refugiados, mientras que el propio concepto de “migrante económico” ha sido puesto en duda al preguntarse si las razones que empujan a migrantes y refugiados no serían las mismas, como apunta Mario Ruiz-Aýucar del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria en un artículo de julio de 2018 sobre el debate europeo sobre la migración africana y de Medio Oriente, como la de los marroquíes que toman pateras para alcanzar España.
De esta forma se puede considerar tanto como migrantes vulnerables como refugiados a los venezolanos que decidieron migrar a raíz de las protestas y la represión de 2014 y 2017, tanto por la amenaza de ser apresado y torturado por protestar como por la alteración del orden público suscitado como reportó Migration Police sobre las distintas olas migratorias que ha sufrido el país durante el chavismo, iniciando con los despidos de PDVSA en 2004 para agudizarse después por la crisis humanitaria por la escasez de alimentos y medicinas.
Así mismo se puede considerar refugiados a quienes decidieron salir del país, acudiendo a las tesis del gobierno, por las consecuencias de una agresión extranjera, aún siendo esta en forma de “guerra económica”.
No hay entonces una instrumentalización de considerar a todos los migrantes venezolanos como refugiados sino es una visión legal compartida y ratificada por la región, que considera la “agresión extranjera”, uno de los argumentos principales de Misión Verdad, como una de las razones que convierten en refugiados a quienes salen de su país por esta razón.
Exageración financiera
Misión Verdad suma los 61 millones aportados por Estados Unidos a Colombia, el aporte de 31,5 millones de dólares del Banco Mundial (BM) así como la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo de crear un fondo de mil millones para las ciudades latinoamericanas que están recibiendo mayores cantidades de inmigrantes transfronterizos. Un complemento de su conocido programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles.
Sin embargo, si se suma el Plan de Respuesta Humanitaria de 1.350 millones de dólares y los 767 millones de la Plataforma Regional –del cual sólo se ha recolectado 48% para el 5 de noviembre- se obtiene un total de 2.167 millones de dólares para todos los países receptores. Esto equivale apenas a los 2.050 millones que solicitan en conjunto Colombia (1.500 millones de dólares o 0,5% de su PIB) y Ecuador (500 millones), para atender el flujo migratorio cada año.
Más específicamente, citando el informe de septiembre de 2019 de la R4V para Colombia, éste país solicitó sólo 315 millones de dólares para la atención de migrantes venezolanos. Tan sólo el 20% de los 1.500 millones de dólares que dijo que invertía en atender a los migrantes. Y a la vez, apenas un 0,1% de su PIB.
La cantidad de dinero para ayuda humanitaria que luce cuantiosa deja de parecerlo tanto al anunciarse no sólo que será dividida entre al menos 16 países receptores, sino que equivale sólo a lo solicitado por Ecuador y Colombia por año. Y que la petición formal de ésta última sea apenas una fracción de lo invertido permite clasificar la narrativa de Misión Verdad sobre la “aspiración a cuantiosos recursos” como dudosa.
Bloqueos, no facilidades
Misión Verdad apunta también hacia lo que considera dudoso para apoyar su tesis de la “exageración migratoria” con intenciones financieras: la falta de detalles de cada monto asignado para ayuda humanitaria y la disposición de inversiones como “estimulante” para adoptar facilidades legales para atraer migrantes venezolanos. Y da como ejemplo a Perú, al recordar que recibió 90 mil solicitudes de asilo, sólo en 2018, tras eliminar la exigencia de pasaporte para entrar y que aplicaran el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
La declaración fue apresurada. Un reporte de El País reveló en octubre de 2019 que once países de la región han impuesto bloqueos y dificultades para el ingreso de venezolanos a sus países, incluyendo Perú, donde además hay crecientes denuncias de deportaciones exprés y maltrato de los migrantes. O los casos de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago donde organizaciones internacionales de Derechos Humanos y la OEA han denunciado abusos, atropellos y expulsiones. Algunos funcionarios peruanos han llamado “indeseables”a los migrantes venezolanos, sobre los cuales se ha denunciado criminalizacióny trato discriminatorio.
La experticia omitida
En mayo de 2003 el sociólogo Iván de la Vega, Director del Laboratorio Internacional de Migraciones, y profesor de la Universidad Simón Bolívar, publicó el artículo científico “Emigración intelectual en Venezuela: el caso de la ciencia y la tecnología”.
El texto habla sobre el cambio de paradigma de país receptor de migrantes al de “fuga de cerebros” de capital humano muy calificado y el regreso de inmigrantes a sus países de origen, como argumentó Misión Verdad, pero desde 1983. En este caso, el descubrimiento de una expectativa exagerada de crecimiento producida por el rentismo petrolero que cambió con la crisis económica.
Con un enfoque en científicos y tecnólogos, el estudio detalla que la migración de este tipo fue impulsada por la búsqueda de apoyo financiero, institucional, de reconocimiento social y salarial a sus hallazgos, invenciones y logros. Destaca que el estallido social de 1989, conocido como El Caracazo -considerado oficialmente como la génesis del movimiento chavista- y la falta de políticas públicas para promover una nueva generación de académicos en los 90, agudizó la diáspora científica.
En sucesivas entrevistas De La Vega ha explicado que este proceso cambió. Aseguró que la migración pasó de calificada a general como le dijo a Notiminuto en enero de 2017, cuando la salida del país ya no era por elevar el nivel y la calidad de vida sino apenas para mejorar el nivel ante el deterioro generalizado del país, lo que llevó a un cambio del patrón de la migración desde Estados Unidos, Europa o Japón hacia Sudamérica.
De La Vega alertó entonces sobre la “saturación migratoria” que ya se estaba dando en Panamá, así como la salida informal en lanchas o cruzando fronteras a pie hacia Aruba, Trinidad, Colombia y Brasil como una señal de desesperación.
También Anitza Freitez, doctora en Demografía y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), ha documentado científicamente el proceso descrito inicialmente por De La Vega mientras que la Encovi 2018 señaló que han salido del país 1,5 millones de venezolanos, señalando que los altos precios del petróleo desde 2004 detuvieron el flujo migratorio momentáneamente debido a las transferencias directas de dinero a estudiantes y amas de casa, lo que además redujo la tasa de desempleo al incentivar una reducción de la Población Económicamente Activa.
Esto permite extrapolar que las razones de los años 80 podrían haberse reproducido a partir de 2014 con el desplome progresivo de los precios del crudo y de la producción petrolera en Venezuela, en lugar de señalar a las sanciones de Estados Unidos, iniciadas posteriormente, como la razón del aumento del flujo migratorio venezolano. El trabajo de ambos expertos además permite desmentir una migración “mediática” -lo cual fue aseverado por Diosdado Cabello, aunque no se le cita- sino fluctuante desde 1989 con períodos de ralentización por razones económicas.
Ni De La Vega ni la Encovi son fuentes desdeñadas por el ecosistema digital estatal chavista. El experto es citado por Telesur para brindar una cifra de 3,6 millones de migrantes venezolanos para febrero de 2018 mientras que Franco Vielma de Misión Verdad cita el estudio en una columna de opinión para asegurar que 52% de migrantes “son ricos” -por no estar en la categoría de pobres o pobres extremos- y el 60% proviene de Caracas y grandes ciudades. Y admite que no hay datos oficiales del gobierno de Venezuela para contrastar los dados por distintas agencias.
En una reciente entrevista con América Digital, De La Vega, quien también trabaja en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV) y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), explicó lo que Misión Verdad encontró como parte de la narrativa que acusa de “justificar la intervención”.
“Utilizo 14 fuentes de información, cada una con un método de recolección distinto, por ende, hay múltiples cifras sobre el tema”. Una diferencia metodológica distinta a una componenda global mientras recalcó la dificultad para obtener datos oficiales por parte de la administración de Maduro, generando “un problema muy serio de monitoreo de las estadísticas”. Coincidiendo con lo señalado por el columnista.
Para el profesor el venezolano está ahora mismo en “una situación de nomadismo”, lo que acuñó como un “neoconcepto” para explicar que “la gente está yendo a donde pueda, entonces es un tema dramático”.
Misión Verdad cita falsamente a Stein al señalar que “admitió que una de las razones por la que el flujo de población aumentó en el primer semestre de 2019 pudo deberse al saboteo de los servicios eléctricos del mes de marzo y a la intensificación del bloqueo financiero, que le impide el acceso a medicinas y alimentos al Estado venezolano”. Sin embargo, la frase exacta del encargado especial fue “Es muy posible que los últimos acontecimientos, sobre todo la interrupción de la energía eléctrica y la escasez de medicinas y alimentos, puedan incrementar esos flujos”.
Veredicto final
Misión Verdad falla en cumplir con su presunta metodología, usando el análisis del discurso como mecanismo de verificación en lugar de su argumentado seguimiento de hilos narrativos pues se omiten fechas, se cambian declaraciones y fallan en brindar contrastes o “datos duros”.
Sus señalamientos sobre las intenciones de agencias internacionales y actores políticos de hacer un uso instrumental del concepto de refugiados y del número de migrantes falla en contextualizarla en la cronología de las oleadas de migraciones profesionales primero y éxodo generalizado documentado por estudios estadísticos y expertos que han estudiado el fenómeno desde 1989, una década antes del chavismo.
Al establecer como premisas verdaderas lo que debe demostrar tampoco cita el debate jurídico y político, así como los acuerdos regionales, en que se considera que salir de un país por una “agresión externa” o por la precariedad de un país, como en Siria o Marruecos, convierte a los “migrantes económicos” en vulnerables o refugiados.
Se apresuró en asegurar que los países vecinos de la región daban facilidades en recibir migrantes o que las cantidades de ayuda para éstos serían beneficiosas financieramente, dando cifras sin compararlas con el tamaño de las economías o del gasto público que implicaba la recepción de migrantes. No hizo estimaciones, cálculos ni explicó metodologías para sus conclusiones.
Finalmente, citó interesada o falsamentemente conceptos migratorios, declaraciones de autoridades y cifras de estudios, no aclaró cuando hubo informaciones erradas que presentó como falsas o manipulaciones, consideró como válidas tesis políticas como “sabotaje eléctrico” sin contrastarlas con denuncias de corrupción, falta de mantenimiento o impericia. Cuando citó dos fuentes “duras”, omitió datos así como detallar sus hallazgos y métodos.
Su tratamiento informativo por tanto se puede considerar engañoso.
Jeanfreddy Gutiérrez Torres | IPYS Venezuela-Provea
