Por Margarita López Maya
Lo que ocurrió en 2017 en Venezuela fue un ciclo de protestas histórico. Desde el 4 de abril, cuando los partidos opositores de la Asamblea Nacional (AN) convocaron a una protesta en repudio a las sentencias dictadas en marzo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hasta el 30 de julio, cuando tuvieron lugar las elecciones para la designación de diputados que conformarían una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Nicolás Maduro, el país todo vivió en vilo. El Observatorio Venezolano del Conflicto Social registró 6.729 protestas en ese lapso, cincuenta y seis diarias; también contó 428 saqueos y un saldo de 163 muertos repartidos en catorce de los veintitrés estados del país. Los heridos, una cifra indeterminada que se mueve entre los 2.000, declarados por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y los más de 10.000 según dirigentes opositores. De acuerdo al Foro Penal Venezolano 5.326 personas fueron detenidas, de los cuales seguían para agosto en esa condición 1.068, y de los cuales 566 habían sido pasados a tribunales militares. Estas cifras sobrepasaron con creces otros relevantes ciclos habidos durante esta era chavista.
Los ciclos de protesta, de acuerdo con la literatura especializada, son fenómenos más bien escasos. La sociedad venezolana ha protagonizado varios a lo largo de las últimas décadas. Nos proponemos aquí identificar los factores que, a inicios de abril de 2017, impulsaron éste y contribuyeron a que se sostuviera por casi cuatros meses.
¿Qué es un ciclo de protesta y qué lo desencadena?
Venezuela, quién lo duda, vive desde hace ya tres largas décadas una situación generalizada de conflictividad social. Ésta no siempre ha provocado ciclos de protesta, que se definen como una secuencia intensa y sostenida en el tiempo de la acción colectiva beligerante. En un ciclo de protesta queda afectado todo el sistema social y sus características incluyen una propagación rápida de la acción colectiva de sectores más movilizados a menos; aceleración en la innovación de formas de beligerancia; marcos de acción colectiva nuevos o transformados; una combinación de participación organizada y desorganizada; y secuencias de interacción intensivas entre desafiadores y autoridades. Los ciclos llegan a distintos desenlaces. Pueden dar lugar a reformas, agotarse por cansancio o represión o, a veces, llevar a una revolución.
Para explicar qué factores concurren para abrir un ciclo de protestas especialistas han construido el concepto de estructura de oportunidades políticas. Con él aseguran que son más importantes factores políticos que socioeconómicos y tales factores son externos a los grupos retadores. Al aparecer crean incentivos para la movilización, porque modifican las expectativas de éxito o fracaso. Pueden ser aprovechados, tanto por actores sociales fuertes como débiles y desorganizados, porque bajan el costo de la acción colectiva. Se señalan como primordiales: la apertura de canales de participación como redes sociales, innovaciones participativas o nuevos medios de comunicación, la aparición de aliados externos con influencia dispuestos a apoyar las demandas, los cambios en las alineaciones dentro de grupos gobernantes y rupturas que se hacen visibles en y entre las elites. La estructura de oportunidades es una dimensión de la política no necesariamente formal y suele no ser permanente.
Sostener y controlar la acción colectiva de un ciclo requiere adicionalmente la presencia de recursos internos de organización de los grupos retadores. Vale decir, los grupos o movimientos sociales deben poder trascender ópticas individuales y utilitarias para coordinar intereses diversos y crear significados, marcos de acción, que puedan compartirse entre los que se incorporan. El poder social que irrumpe en un ciclo reside en la capacidad de los actores de movilizar gente que no controla. Este poder es una virtud, pues le permite montar acciones colectivas sin poseer los recursos necesarios para consolidar una base de apoyo. Pero esa autonomía de quienes se incorporan también dispersa el poder del movimiento, favorece el faccionalismo y lo hace vulnerable a deserción, competencia y represión. La dimensión simbólica y subjetiva, una narrativa compartida, es parte imprescindible para la sostenibilidad de la acción colectiva de un ciclo.
Marzo revirtió la desesperanza
El 2017 inició con una atmósfera de desilusión. Habiéndose suspendido el referendo revocatorio presidencial y “congeladas” las negociaciones gobierno-oposición intentadas el año anterior, la percepción de la ciudadanía era que las fuerzas opositoras, reunidas en la MUD, no habían sabido o podido rematar la faena de abrir cauce hacia la transición democrática. Pese, por una parte, a las multitudinarias manifestaciones de apoyo con las que habían contado y, por otra, a las innumerables muestras de la debilidad gubernamental en el contexto de la crisis global, el gobierno de Maduro había sobrevivido sin hacer concesiones relevantes.
Entre enero y mediados de marzo el gobierno, envalentonado por la apatía que percibía en el bando opositor, prosiguió socavando las bases de las ya muy debilitadas instituciones democráticas del país. Continuó posponiendo las elecciones pautadas constitucionalmente haciendo uso del Consejo Nacional Electoral, quien ya sin guardar las apariencias, fue encontrando pretextos. La situación de penuria económica, escasez e inseguridad, por su parte, siguió empeorando. Estos factores socioeconómicos suelen ser necesarios pero insuficientes para incentivar por sí solos un ciclo.
En marzo aparecieron los ingredientes de una estructura de oportunidades políticas. A mediados del mes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un segundo informe sobre la crisis venezolana. Allí narró el deterioro sostenido de la situación interna del país desde su informe primero de 2016. Señaló cómo todas las gestiones realizadas, utilizando los instrumentos contemplados en el artículo 20 de la Carta Democrática, habían fracasado en persuadir a Maduro de regresar al hilo constitucional. Sugirió a los países miembros hacerle un llamado de atención más firme y evaluar la posibilidad de suspender a Venezuela de la OEA, si en 30 días no daba señales de rectificación. Para el 28 de ese mes convocó a un Consejo Permanente, iniciativa que el gobierno venezolano rechazó y trató de cancelar sin éxito.
Mientras se daba en Washington DC dicho Consejo, en Caracas fueron difundidas dos sentencias de la Sala Constitucional del TSJ, dictaminando el desmantelamiento definitivo de la AN. La sentencia 155 del 27, otorgó al Ejecutivo Nacional potestad para legislar en toda materia penal y le ordenó gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica que había declarado el año anterior, avalado por una sentencia también del TSJ. Esta sentencia iba en contravención a la Constitución (CRBV), que exige que la aprobación de un Estado de Excepción venga de la AN, la cual lo había ya rechazado. La sentencia, además, quitó la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores, basándose el TSJ en un supuesto “desacato” de ella a sus poderes, por no haber formalmente retirado a los diputados de Amazonas cuando dictaminó indicios allí de un supuesto fraude en las elecciones parlamentarias de 2015.
Al conocerse esta sentencia, el día 28 los diputados se dirigieron a la sede de la AN para sesionar sobre la materia. El oficialismo, por su parte, convocó a seguidores a un acto de apoyo a las sentencias en las afueras del Hemiciclo. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) aparecieron con armas largas y las caras cubiertas, llevando perros entrenados. Policías antimotines también se apersonaron. Al dirigirse una comisión de la AN al acto chavista para protestar y exigir las postergadas elecciones, entre empujones cayeron al suelo las diputadas Olivia Lozano y Gaby Orellano. Ese día el TSJ emitió otra sentencia, la 156, dándole a Maduro potestad para crear empresas mixtas y realizar otras actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN. Aprovechó la Sala Constitucional del TSJ para decidir en esa sentencia que ella, o quien ella dispusiera, asumiría las competencias de la AN mientras durase el supuesto desacato.
Con estas sentencias, Maduro cancelaba de hecho al Poder Legislativo, lo que suscitó la alarma de la comunidad internacional. Los miembros de la OEA reunidos en Washington acordaron que al organismo le correspondía mediar en la crisis política y social de Venezuela. El día siguiente, la jefa de Derechos Humanos de la Unión Europea escribió una carta a los europarlamentarios, manifestando su preocupación por la violación de los derechos fundamentales en Venezuela y su intención de promover iniciativas para garantizar la estabilidad política.
El día 30, el presidente de la AN Julio Borges convocó a rueda de prensa para pronunciarse. Ahí, ante cámaras de televisión y con los diputados de oposición como testigos, procedió a romper hojas con las decisiones del máximo tribunal: “Esto es simplemente basura. Basura de quiénes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos, y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia”.
El viernes 31, en la presentación del informe de gestión 2016 de la Fiscalía General de la República, informe que estaba siendo televisado, la Fiscal declaró ante las cámaras que las sentencias emitidas por el TSJ constituían una “ruptura del orden democrático constitucional”. Recordó que Chávez había sido el impulsor de la CRBV y que ese proceso había sido un “proceso abierto, popular, participativo y protagónico” . Con esta posición una autoridad de un poder público, perteneciente al Poder Ciudadano, que hasta entonces se había alineado a las directrices de Maduro, tomaba distancia, fisurándose el bloque de dominación.
Esos mismos días, los partidos políticos de la MUD convocaron a una marcha en respaldo a la AN para el día 4 de abril y para exigirle la destitución de los magistrados del TSJ. Se planificó para salir hacia el Palacio Legislativo desde la plaza Venezuela. Esta marcha, impedida de hacer su ruta por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, logró reagruparse en la Ave. Libertador a la altura de la Ave. Las Acacias y marchar hasta el final occidental de dicha arteria vial, donde piquetes represivos volvieron a impedir su continuación. Se reportó represión con perdigones, lacrimógenas y la ballena de agua y la presencia de colectivos armados en la autopista Francisco Fajardo donde marchaba un grupo. Se informó de trece detenidos. Las fuerzas opositoras volvieron a convocar para el 6. Liderada por los partidos opositores de la AN comenzó indetenible una secuencia de protestas intensa, masiva, extensiva a toda la geografía del país y predominantemente pacífica.
Comentarios finales
El ciclo, desencadenado por los eventos descritos, reveló los rasgos que definen este fenómeno social: un movimiento social incansable, novedad y creatividad en las formas de protestar, solidaridad entre quienes participaban, nuevos y viejos actores en el espacio público, nuevas narrativas. Fue notorio el protagonismo de los jóvenes, incluidos diputados salidos del movimiento estudiantil de años previos. Sin embargo, los objetivos principales no se alcanzaron: la recuperación del hilo constitucional, elecciones justas, liberación de presos políticos, autorización para la llegada de ayuda humanitaria o la caída del presidente Maduro. El gobierno pareció flaquear después de las marchas multitudinarias del 19 y 20 de abril, pero poco después arreció la represión. El 1º de mayo Maduro tomó la iniciativa de convocar una ANC con diputados que se elegirían el 30 de julio bajo bases contrarias a la CRBV. También, en las filas opositoras, y como reacción a la atroz represión, se hicieron presentes actores con modalidades violentas de protesta, lo que debilitó la participación y con ello propició el cierre del ciclo.
Todo ciclo de protestas produce cambios sociopolíticos. En éste se vio la aparición de nuevas organizaciones, solidaridades, códigos simbólicos y culturales, se acentuó internacionalmente la visibilidad de la crisis venezolana y el prestigio del gobierno se hizo añicos. Partidos y movimientos deben aprovechar estos réditos para reinvertirlos en la continuación de la acción colectiva, porque ésta es componente imprescindible en la dura lucha que protagoniza el país opositor para alcanzar una transición democrática para Venezuela.
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/
(http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/foro-penal-venezolano-5326-personas-detenidas-desde-abril_198833).
Sidney Tarrow, Power in movement. Social movements, collective action and politics, 1996.
(http://albaciudad.org/2017/03/video-canciller-delcy-rodriguez-discurso-ante-consejo-permanente-oea-sobre-almagro/).
(http://runrun.es/internacional/302743/jefa-de-ddhh-de-la-union-europea-envio-carta-a-eurodiputados-manifestando-su-preocupacion-por-venezuela.html).
(en http://runrun.es/rr-es-plus/334999/el-ano-en-fotos-lo-mas-impactante-de-un-agitado-2017.html).
(http://www.talcualdigital.com/Nota/141005/fiscal-general-sentencias-del-tsj-representan-una-ruptura-del-hilo-constitucional).
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