Desde el 8 de enero cerca de 30 familias pernoctan en las afueras del centro de detención de la PNB en Boleíta, piden fe de vida de sus allegados y la liberación plena de todos los presos políticos.
Tras 18 días de concentración a las puertas del centro reclusión, las autoridades autorizaron la visita de los familiares para que pudieron ver finalmente a sus seres queridos. Las entrevistas a las víctimas que brindaron sus testimonios para este reportaje, fueron realizadas previamente a la noticia difundida este martes sobre el ingreso de familiares a la sede de la PNB en Boleíta.
Caracas.– Casi 30 familias pernoctan frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, municipio Sucre de la Gran Caracas.
Están allí desde el 8 de enero de 2026, día en que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de “un importante número” de detenidos.
Hasta esa sede llegaron madres, abuelas, hijos, esposas, tíos, hermanos y amistades de personas que permanecen en situación de desaparición forzada, la mayoría desde noviembre de 2025.
En aquel mes se produjo una razzia en varios estados del país.
Estos mismos familiares son quienes han recorrido comisarías de Caracas durante meses, recibiendo siempre la misma respuesta: “Aquí no hay presos”.
A propósito del anuncio de Jorge Rodríguez —y tras el ataque perpetrado por fuerzas militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores—, estas familias se apostaron en la entrada de Zona 7.
Aseguran que no se retirarán hasta ver salir a sus parientes, de quienes no han tenido fe de vida ni conocen las causas procesales abiertas. “Por información de terceros sabemos que están ahí”, dicen con certeza las mujeres que llevan más de dos semanas a la intemperie y en vigilias nocturnas.
En la calle hasta que salgan
De las 30 familias, el mayor número se refugia en 14 carpas, dispuestas en dos filas, una al lado de la otra, a pocos metros del muro de metal que puso la PNB el pasado 20 de enero, para impedir que se acercaran al Centro de Control y Resguardo del Detenido.
A pesar del sufrimiento, se muestran unidas y solidarias. En estas familias, las condiciones económicas, profesionales o sociales no hacen distinción. “El dolor de una es el dolor de todas”, “cuando se tiene un hijo se tienen todos”. Son frases que se mezclan entre ellas, al igual que la religión, son cristianas y católicas, pero todas le rezan al mismo Dios.
Marina Saldivia, de 69 años, es una de esas mujeres que, pese a su condición de salud, no dudó en quedarse ahí, a la intemperie. “Sola no estoy, estoy con Cristo”, dice mientras intenta recordar el calvario que sufre desde noviembre.
Marina no come bien, no duerme bien, tiene problemas con el azúcar. “Estoy perdiendo hasta la memoria”. Su hablar pausado demuestra lo triste y cansada que está.
Sus hijos Richard Saldivia (39) y Gilberto Alcalá, su yerna Mariela Salas (45) y su nieta Madelein Alcalá (20) “están desaparecidos, eso es lo que puedo decir”.
Es una mujer que crio sola a sus hijos y cuando se enteró que se habían llevado a Gilberto el 25 de noviembre del año pasado, viajó el 26 desde San Félix, Bolívar, para Caracas, ese día empezó su viacrucis.
Lo buscó por todos lados, en La Quebradita 1 y 2, en Maripérez, en El Helicoide.
El 27 la llaman para decirle que también se llevaron a Richard y el 28 recibe la otra noticia: su yerna y su nieta eran otras de las víctimas de los cuerpos policiales. La joven tiene una condición de autismo y no sabe dónde la tienen recluida. “Enloquecí”.
Sola siguió con la búsqueda. Fue al CICPC de la avenida Urdaneta para poner la denuncia en la oficina de personas desaparecidas, pero no consiguió respuestas. “Metí la cédula para ver si salían solicitados y nada”.
Ahora, tiene certeza de que por lo menos sus hijos están en Zona 7, aunque la versión de los policías es que en esa sede no hay detenidos “porque está en remodelación”.
Cuenta que Richard es barbero, que tiene siete hijos, que el 25 de noviembre salió a comprar “el salado” y luego desapareció. Gilberto, el que vive en Caracas, es constructor. “Mis hijos no son malos padres, son buenos maridos. No sé por qué se los llevaron”.
Marina ha sufrido desmayos, la han socorrido y estabilizado. El viernes 23 de enero un hermano llegó del interior para auxiliarla, se llevó su ropa para lavarla y le ofreció regresar con un jugo natural para que recobre las fuerzas.
“Hablamos, lloramos y rezamos juntos”, comentó la mujer que enseguida comenzó a orar, rezos que iban subiendo de volumen para dar cobijo y esperanzas a otras compañeras.
Durante todo 2025, hubo un patrón sistemático de persecución a la disidencia, pero durante el último trimestre hubo uno que disparó las alertas incluso de organismos internacionales y fue la detención de familias enteras, para presionar a los activistas opositores al gobierno de Nicolás Maduro, a entregarse.
De hecho, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos Sobre Venezuela de la ONU, en su último informe, advierte que esta situación no es solo sistemática, sino que es sostenida con el propósito de ejercer el control mediante el miedo y la intimidación.
El Sippenhaft, como se llama ese castigo colectivo, se lo aplicaron a la familia Castellanos en Lara, a la familia Guillén en Carabobo, por citar dos casos emblemáticos.
Despertar sin información
En Zona 7 la pernocta se vive con vigilias, cantos, con velas encendidas sobre el asfalto, entonando el Himno Nacional y elevando plegarias y mensajes a los detenidos a través del megáfono.
Todas estas actividades ocurren una vez cae la tarde, que es cuando se concentran familiares, amistades, medios de comunicación, defensores, vecinos, estudiantes para exigir la liberación plena de los presos políticos.
Mientras que en el día la logística es precaria, las familias se organizan para preparar las comidas, hacer llamadas a las organizaciones de Derechos Humanos, a los medios, a sus allegados.
Las que pueden se van a ver a sus hijos, otras a trabajar. Pero en sí es a partir de las 8:00 de la mañana cuando se les ve salir de las carpas e iniciar toda la agenda del día.
Primero buscan agua y se asean. Los galpones y empresas que hay en la calle Mara, donde está el centro de detención, prestan los baños y les permiten hacer el cambio de ropa.
Ya a las 9:00 a.m. (y puede ser antes) un grupo se ha organizado para preparar los desayunos. Les llevan donaciones y algunos de los presentes también compran alimentos, agua, jugos y aportan para el café.
“Ahorita estoy fija aquí, en Zona 7. Sé que mi hermana está recluida en este centro, aunque no tengo idea desde cuándo. La busqué por todas partes. Se llama Marilyn Gil, tiene 37 años. Somos de Güiria, estado Sucre, pero la detuvieron en el estado Monagas, Maturín, el 25 de noviembre, y solo por hablar, por expresar lo que no le gusta, pero no sé nada más”, dice Narwing Gil, quien está desde el día 8 en pernocta.
A Marilyn la detuvieron en su casa. También se llevaron a su esposo y a un amigo. “Allá en Güiria tenemos a mi mamá con un pequeño tumor en la nariz y por esto no hemos podido atenderla. Mi hermana tiene un hijo de 14 años”.
No saber de ella es una angustia perenne. Su hermana, afirma, está desaparecida. Aunque como otros en el lugar, tiene una fuente que le aseguró que está en Boleíta. “Pero estar aquí es un trastorno muy grave, físico, psicológico, emocional. Siento que he sido violentada en todos los aspectos de mi vida, porque esto no es vivir, es sobrevivir, esto es fuerte, ya no tengo una vida normal”.
Narwing, quien tiene un hijo de 13 años y a quien no ve desde que se vino para Caracas en noviembre pasado, paralizó un poco su trabajo. Comercializa productos del mar pero para mercados extranjeros. Ahora, desde su teléfono hace negocios con el mercado local porque necesita generar ingresos.
“Mi hijo ha sido mi fortaleza, me manda mensajes de aliento, me dice que no falle, que luche por mi tía, que mi primo la necesita con vida, me dice que cree en mí. Él es mi fuerza y mi mamá una esperanza”.
Aunque su corazón y sus pensamientos le dicen que su hermana y sus otros familiares están a unos pasos de su carpa, nunca le han permitido pasar medicinas ni paquetería. “No tengo fe de vida, pero una esperanza sí”. A Marilyn la detuvo la División de Inteligencia Estratégica (DIE), de la PNB.
“Uno duerme tres horas. Estamos en la calle, a la intemperie. Mientras uno duerme tres horas otros se quedan vigilando. Aquí comemos, nos bañamos, orinamos. Estamos sobreviviendo”.
Narwing se siente burlada, pues no se han cumplido las liberaciones, “y esto es inhumano, pero voy a salir de aquí con mi hermana y si no salgo de aquí con ella, Dios sabe cómo voy a salir, estoy dispuesta a la voluntad de él. Aunque nunca nos dijeron nada, desde noviembre que venimos aquí y nos decían que esto estaba en remodelación, sabemos que allá adentro hay presos”.
Ni llamadas ni causas
¿Qué tienen en común las familias que están apostadas en Zona 7? La mayoría de sus allegados están detenidos arbitrariamente y en desaparición forzada. Fueron privados de libertad por parte de agentes estatales quienes niegan o no reconocen dicha detención.
El hijo de la señora Zaida Martínez entra dentro de ese patrón. Funcionarios de la PNB los sacaron de su lugar de trabajo el 26 de noviembre de 2025 y, al 23 de enero de 2026, se desconocía su paradero de manera oficial.
“Después de tanto tiempo, de ir a varios cuerpos policiales, en donde hasta nos dijeron que no siguiéramos preguntando por él porque era delicado y político, este viernes 23 de enero recibimos una llamada y nos dijeron que él pedía sus medicamentos y algo de comida y un paquete grande pepito”.
Zaida no podía disimular su alegría, aunque trataba de hacerlo porque sabía que las otras mujeres la miraban con ese aire de angustia y de esperanza a la vez. Cuando llegó su hermana con la bolsa y los medicamentos, se abrazaron, lloraron y hablaron bajito.
Víctor José Borges Martínez (39), es su hijo mayor. Su mamá desconoce si participaba en alguna actividad política. Toma medicamentos para la tensión, la tiroides, para conciliar el sueño por las noches y toma aspirinas. Tiene cinco hijos de 14, 10, 8 5, 3.
“Es confiable la persona que me dijo que me dijo que está en Zona 7, pero nadie ha salido a decirme nada. Su moto y sus dos cascos también desaparecieron esa madrugada. Quiero que esto termine ya”.
Zaida no se queda en Boleíta. También tiene problemas de salud y por eso intenta descansar en su hogar. “Ahora si mi casa está limpia, está sucia, si tuvimos navidad, eso no importa. Mi hogar está destruido”.
Su caso, al igual que el resto, evidencia que hay una alteración de la convivencia familiar, la ruptura de vínculos sociales y la transformación forzada del modo de vida.
Y eso mismo sucede en el entorno de Leyda Briceño, hermana de Carolina Briceño (50), a quien detuvieron el 25 de noviembre de 2025.
La detención fue en Cúa, en la urbanización Lecumberry. La sacaron de su casa y una vecina llamó a la hermana que vive también en Los Valles del Tuy, pero hacia Santa Teresa.
“Ella fue pareja de un diputado y se la llevan por vínculos familiares. Lo estaban buscando, de hecho él se entregó para que la liberaran, pero eso no ocurrió. También se llevaron a su hijo. Al día siguiente nos movilizamos y buscamos por todos lados, fuimos para El Helicoide, para la Quebradita. En este último tuve un poco más de certeza porque me recibieron alimentos y medicinas, pero una semana después cuando fue mi hermano a llevar la comida le dicen que la movieron y que la buscáramos Boleíta o La Yaguara”.
En Boleíta dicen lo mismo: “no hay detenidos, esto está en remodelación”.
Por el caso del diputado hay otros detenidos “y bueno nos pusimos de acuerdo para buscar y preguntar. Fuimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, e introdujimos escritos. Este lunes (el 19 de enero) me llamaron y me dijeron que faltaban respuestas”.
Pero la actual pareja del político, Dilia Castillo, fue excarcelada de Zona 7 el martes 20, “y por ella supe que mi hermana está aquí”.
Layda va y viene todos los días. Trata de cargar con el café, la comida, agua y papel higiénico para economizar los gastos durante la estadía en Boleíta. No se queda pasadas las 2:00 p.m. para que no se le dificulte irse para Los Valles del Tuy. También está agotada: “uno se acuesta y pierde el sentido del día”.
En estos días, comenta, traje medicinas para Carolina que es asmática y nos trataron mal. “Pero el sábado (17 de enero) se las pasaron en la noche. Eso conforma una vez más que está allá dentro. El caso es que nos dicen que su expediente lo pasaron a Derechos Humanos”.
A todo riesgo y alejadas de sus hijos
Las mujeres que pernoctan no solo tienen ojeras, tienen lapsus en sus mentes para recordar fechas, nombres, algunas han perdido entre dos y cinco kilos de peso, como el caso de Zaida, el abrazo de sus otros hijos, el contacto con sus parejas.
Tienen miedo y desconfían de todo el que esté merodeando los alrededores. El temor de la llegada de grupos colectivos las mantiene en alerta al igual que el rumor de que se las van a llevar presas.
“Hay mucha presión aquí, no sabemos qué nos pueda pasar. Lo que estamos viviendo no se lo deseamos a nadie. Estar con esta tensión me da ganas de orinar a cada rato”, expresa una de las mujeres que hacía guardia en la calle, señala Narwing.
Yaxzodara Lozada está en Boleíta desde el día 8 de enero de 2026 y, por tanto, conoce la dinámica del lugar. Camina de un lado a otro con la firmeza de que su esposo Joel Bravo (29) está recluido en ese lugar.
“A veces me provoca pelear para que me dejen presa, para verlo y poder agarrarle la mano. Pero luego pienso que capaz no me pone cerca”.
Yaxzodara lanza ese comentario y se ríe con timidez, pero lo hace porque siente que no tiene nada que perder, porque se siente agotada y porque ha hecho de todo para que le digan dónde y por qué tienen a su pareja presa.
A Bravo se lo llevaron el 17 de noviembre. “Dicen que por una investigación en curso, por terrorismo, por incitación al odio. La verdad no sé qué decir porque no sé nada más. Lo que me informaron es que ya tiene expediente por esos cargos. Él es funcionario de la División de Inteligencia Penal (DIP) de la PNB y ese día estaba fuera de servicio. Me llamó para decirme que había recibido una llamada de su jefe, le dijo que fuera a la sede del Centro, en la avenida Lecuna, pero él no sabía para qué”.
Ese día no fue a dormir y, por eso, Yaxzodara llama al supervisor y él le pide que vaya a la oficina. “Me dice no sé qué pasó, no sé qué hizo Bravo, sabes que lo quiero como a mi hijo, pero se me escapa de las manos y me ordenaron que pusiera la orden de Maripérez”.
Fue a ese lugar y se negaron. Buscó en Zona 7 y en La Yaguara donde le dijeron que había sido reseñado.
“No me han dado más información, estoy a diario aquí, no he ido a ver frecuentemente a mis hijos de 1 año y 13 años. La mayor extraña mucho a su papá. Él la crio desde pequeña y eso le ha pegado mucho. En estos días me enteré que tiene un diario y la forcé para que me lo enseñara y vi que escribe cosas muy dolorosas. Quiero ayudarla, su papá de sangre la abandonó y ahora pasa por esto, hasta su rendimiento académico bajó. Fui a buscar la boleta y sacó 10”.
Saber que sus hijos están sin su cariño la desestabiliza emocionalmente, le genera estrés y alergias en la piel, pero entiende que debe buscar a su pareja y lo hace construyendo esa red de apoyo con las familias de Zona 7.
Estas familias están en el fervor de la tragedia y el dolor, pero las consecuencias de lo que viven, incluso puede trascender a varias generaciones. Esas consecuencias pueden ser rabia, injusticia, sentimientos de culpa, miedo. Es un daño estructural que ahora también las convierte en víctimas directas.
Prensa Provea
