Para FundaRedes la migración masiva que se ha generado en Venezuela como consecuencia de la crisis humanitaria compleja, es aprovechada por las agrupaciones ilegales que reclutan migrantes con ofertas engañosas para sumarlos a actividades delictivas, en muchos casos en condiciones de explotación, amenazas contra su vida e integridad física o la de sus familiares.
Así se desprende del boletín Nº 20 de la organización pro defensa de DDHH presentado recientemente, titulado «Migrantes venezolanos vulnerables ante ofertas de trabajo engañosas en la frontera colombo-venezolana», donde asegura que la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela, es la principal receptora de migrantes venezolanos y además actúan diversas agrupaciones terroristas como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares integrados por colombianos y venezolanos, y al menos una docena de bandas delincuenciales. «Lo que ha triplicado la criminalidad en la zona y se ha incrementado de manera inédita la presencia de ‘coyotes’ que se lucran con el tráfico de migrantes», señala el informe.
FundaRedes asevera que es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los migrantes venezolanos afectados por la presencia de grupos armados irregulares en la frontera, debido al desconocimiento de los procedimientos para reportar este tipo de situaciones, además del temor a ser deportados por las autoridades colombianas, sumado a las amenazas de los grupos armados y la poca confianza en las instituciones venezolanas, “que en ocasiones actúan en coordinación con la guerrilla, paramilitares o con bandas criminales que operan en esos territorios”.
El trabajo de investigación revela que muchos venezolanos que se movilizaron desde diversas regiones del país hasta poblaciones de la frontera en busca de mejores condiciones de vida, han sido víctimas de desplazamiento forzado, reclutamiento infantil, homicidios a mano de grupos armados e incluso algunos han desaparecido, siendo mujeres y niñas víctimas también de violencia sexual.
Desde el año 2018 – indica- la ONG ha denunciado los mecanismos utilizados por los grupos armados que operan en la frontera aprovechando la crisis económica en Venezuela, organizaciones que ofrecen cantidades atractivas de dinero a niños y adolescentes para que se involucren, de manera directa o indirecta, en actividades criminales, “ante la disparidad cambiaria cada vez mayor entre el peso colombiano y el bolívar la remuneración que ofrecen puede representar hasta un año de salario para una familia en Venezuela, suma difícil de rechazar”.
FundaRedes ha obtenido el testimonio de víctimas de reclutamiento a través del trabajo permanente de investigación, documentación y seguimiento de la incursión de la guerrilla y grupos armados irregulares en Venezuela, “esta labor ha permitido que las víctimas acudan a nuestros activistas para exponer sus casos y así poder ser presentados ante las instancias que correspondan”.
Un testigo que estuvo en un campamento de la guerrilla del ELN en la frontera colombo-venezolana, – citado por el estudio – relató que mientras estuvo en el lugar evidenció cómo migrantes, en su mayoría jóvenes procedentes de Barquisimeto, Maracay, Valencia y Caracas, eran reclutados para cumplir funciones de vigilancia, mantenimiento, mensajería y hacer mandados para los grupos armados, mientras que a las mujeres secuestradas las obligan a trabajar como prostitutas, “la mayoría de esas personas se fueron de sus estados intentando hacer dinero en la frontera, pero terminaron trabajando para la guerrilla bajo engaño”.
Para finales de 2018 FundaRedes calculaba que más de 15.000 venezolanos, muchos de ellos en edad escolar, participaban en tareas ilegales como contrabando de combustibles y mercancías, narcotráfico, extorsión, sicariato y trata de personas para estas organizaciones, por lo cual resulta imperioso que las autoridades de Colombia y Venezuela, y en general de todas las fronteras, incluso las marítimas, emprendan acciones para evitar que los migrantes sean blanco fácil para el reclutamiento, amedrentamiento y amenazas por parte de los grupos armados irregulares.
El documento hace énfasis en la necesidad de ordenar operaciones de contención efectiva a las actividades que desarrollan estas organizaciones irregulares que afectan a personas en situación de vulnerabilidad y violan el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a no ser sujeto de esclavitud y servidumbre, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todos ellos previstos en las legislaciones de ambos países, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humano.
