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Camino a la justicia, número 3

¿Qué es una Misión de Determinación de Hechos? ¿Qué investiga?

Como parte de una campaña para que la investigación de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela pueda ser difundida y leída en una mayor audiencia, PROVEA difunde el cómic número 3 sobre los hechos, las víctimas y su búsqueda de justicia. También, para que los testimonios de sus familiares, testigos e involucrados no sean olvidados ni ignorados por la sociedad civil. 

El derecho penal internacional reconoce como crimen de lesa humanidad el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil. El artículo 44 de la Constitución protege contra la detención arbitraria y exige que una persona privada de libertad sea llevada ante un juez en un plazo de 48 horas.

Uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independencia del poder judicial. El propio poder judicial se ha convertido en un instrumento de represión

Las detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos se han ejecutada de varias maneras entre ellas:  1) ataques físicos o amenazas; 2) campañas de difamación y estigmatización; 3) procesos penales en procedimientos judiciales que no se ajustan a las normas del debido proceso; 4) detención durante periodos en los que se desconoce su paradero; y 5) hostigamiento y amenazas a familiares o personas cercanas a las víctimas principales

Entre las principales víctimas consideradas enemigos internos figuran activistas sociales comunitarios, sindicales y estudiantiles; políticos de la oposición entre ellos diputados y alcaldes, trabajadores de ONG, periodistas y blogueros así como disidentes militares acusados de rebelión, conspiración de golpes de estado o de otro tipo.

Un patrón común que apareció en casi todos los casos investigados fue que altos funcionarios del Gobierno, incluidos el Presidente Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, así como el Fiscal General, Tarek William Saab, hicieron declaraciones públicas en referencia a las detenciones, ya sea poco antes o poco después de que se produjeran

Los que estaban retenidos en La Tumba dijeron a la Misión que los habían mantenido en celdas de aproximadamente 2 x 3 metros, situadas a 15 metros bajo tierra sin aire ni ventilación natural. Los relatos describieron celdas con lechos de cemento, en las que el aire acondicionado mantenía temperaturas muy frías. La luz artificial brillaba las 24 horas del día y todas las paredes estaban pintadas de blanco. Por la noche, los detenidos debían hacer sus necesidades dentro de la celda en un recipiente de plástico o en un periódico. Proporcionaban comidas una o dos veces al día, en pequeñas porciones, “suficientes para mantenerte vivo”

Funcionarios del SEBIN utilizaban ciertas celdas para el castigo. Una de ellas se llamaba “El Tigrito”, un cuarto oscuro de aproximadamente 4 x 4 metros sin ventanas ni luz eléctrica.

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Recordemos que el informe de la Misión se centra en los patrones de conducta en los que se produjeron las cuatro violaciones de los derechos humanos previstas en el mandato, encomendado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dentro de cada patrón, el informe analiza con más detalle incidentes como ejemplos ilustrativos de los patrones dentro de los cuales se produjeron. 

El mandato de la Misión se centra en la responsabilidad, la Misión trató de establecer y verificar los incidentes e investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos previstos en el mandato. También, trataron de identificar a los responsables de esas violaciones y delitos: “Al investigar las pruebas de la vinculación entre los delitos y los responsables, la Misión ha tratado de determinar las estructuras de mando, los patrones de conducta y los indicadores de control y disciplina”

Además,  la Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas, encabezadas por Nicolás Maduro, como los ministros de Interior y Defensa, planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos: “algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituirían crímenes de lesa humanidad

La Misión consiguió entrevistar a distancia a 274 víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. Analizaron documentos confidenciales y 223 casos. 

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